El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está llevando a Nicaragua al despeñadero. A pocos días de las elecciones presidenciales ha encarcelado a los dos principales líderes de la empresa privada agudizando la crisis, pero paradójicamente promueve una campaña invitando a empresarios extranjeros a “invertir” en la nación centroamericana.
Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), se encuentran encarcelados desde el jueves (con lo que suman 39 los opositores presos en la última ola de arrestos que inició a finales de mayo).
Ambos son acusados de presunto “lavado de dinero, bienes y activos y otros actos ilícitos”, así como de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo” de acuerdo con la ley 1055, aprobada por el régimen sandinista a finales de 2020 y que forma parte del paquete de leyes represivas contra la oposición.
La detención contra Healy y Vargas se produjo un día después de la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que exigen la liberación inmediata de los 160 presos políticos y elecciones libres y con observación internacional.
Healy fue detenido por la Policía tras salir del Ministerio Público donde había sido citado el jueves, mientras que Vargas fue detenido en su residencia.
La empresa privada durante 11 años apoyó y mantuvo una alianza con el régimen de Ortega, que se rompió tras las protestas de abril de 2018 y la brutal represión que desató el régimen contra los manifestantes. El sector privado rechazó una reforma unilateral al Seguro Social, respaldó las demandas de los estudiantes que exigía la salida de Ortega del poder.
Los líderes empresariales eran miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), creada en el contexto de las protestas y fue la contraparte del fallido diálogo nacional, solicitado por Ortega y que aprovechó para organizar grupos paramilitares y ejecutar la “operación limpieza” con la que desmanteló a balas y sangre las protestas.
El objetivo de Ortega y los escenarios posibles
Para el exasesor legislativo y analista político Oscar Carrión, el propósito de Ortega “es enviar una señal de que nadie (de la oposición) está a salvo aún y que quien se rebele, u oponga, [a sus políticas] puede pagar las consecuencias”.
El experto considera que también se trata de una venganza por cada pronunciamiento o acción de la comunidad internacional, eso a su juicio quiere “decir que se van a desquitar siempre con los de adentro, por lo que la comunidad internacional haga”.
Otra de las lecturas de Carrión sobre las últimas acciones del régimen es, a su juicio, otro elemento de presión para inducir a otros sectores empresariales más condescendientes para que estén ‘dispuestos’ a ser parte del diálogo que la dictadura organiza y “acordar junto a otros sectores políticos y sociales (aliados del régimen) una serie de temas de los que ya Ortega tiene definido hasta donde va a conceder”.
El fin del régimen es mantenerse en el poder, vender una imagen a nivel nacional e internacional de que tiene la ‘buena voluntad’ de dialogar; sin embargo, el objetivo de fondo es evitar el desconocimiento y la ilegitimidad de las elecciones en las que Ortega se impondrá por otros cinco años.
“La comunidad internacional debe estar clara de que señales mínimas no sirven y debe exigir democracia y libertades o que siga la quimioterapia política internacional con todo y sus consecuencias dolorosamente necesarias. Así como la comunidad internacional no le válida el circo electoral, no debe validar un remedo de diálogo amarrado y precocido para evitar el desconocimiento, la ilegitimidad y las consecuencias que conllevaría para la dictadura”.
“El diálogo es una ficción. Más que dialogar con la oposición, Ortega esta buscando un arreglo con los Estados Unidos desde una posición que cree de fuerza”, afirma otro analista que prefiere no ser identificado.
A lo anterior se suma la respuesta de la comunidad internacional limitada a resoluciones y la incapacidad de una oposición dividida para enfrentar los desmanes del dictador.
La comunidad internacional ha declarado que las elecciones en Nicaragua son falsas y que no reconocerían el “resultado” de esos comicios, lo que ocasionaría consecuencias políticas y económicas para la nación centroamericana.
Prisión preventiva
A ambos líderes empresariales el régimen les dictó 90 días de cárcel preventiva. Otros dos representantes del sector privado, José Adán Aguerri, expresidente del COSEP; y Luis Rivas, gerente general del Banco de la Producción (Banpro) son enjuiciados por Ortega a través de la Ley 1055.
El COSEP emitió un comunicado denunciando el arresto arbitrario de ambos líderes de la empresa privada. “Estas acciones que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua deben cesar a lo inmediato”, dice el comunicado.
La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica), condenó las detenciones del régimen contra los líderes del COSEP y afirmó que esas acciones “van en contra del desarrollo del país y causan inestabilidad política y social. Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica”.
El régimen busca atraer inversión
Y mientras el régimen sigue cometiendo atropellos, promueve campañas de inversión en Nicaragua. Una de sus últimas invitaciones a inversionistas extranjeros fue en España. En un evento organizado por Madrid Foro Empresarial, ofrecieron “óptimas condiciones para la inversión”, asegurando que existe “seguridad jurídica”.
El asesor presidencial del régimen, Laureano Ortega Murillo (hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo) se dedica a la tarea de invitar a empresarios extranjeros para que inviertan en el país.
Recientemente invitó a inversionistas taiwaneses a invertir en la industria textil, agroindustrial y acuicultura en Nicaragua. Mientras, Estados Unidos ha llamado a sus ciudadanos a no invertir en Nicaragua, ante la falta de condiciones.
