En medio del proceso electoral el régimen de Daniel Ortega ha cancelado la personería jurídica a tres partidos políticos y mantiene en la cárcel a siete aspirantes presidenciales con lo que ha inhabilitado a la oposición de participar en los próximos comicios del 7 de noviembre en el que Nicaragua deberá “elegir” al presidente y vicepresidente, diputados nacionales y al Parlamento Centroamericano.
Mientras, la candidata a la vicepresidencia de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Berenice Quezada, fue inhabilitada para participar en las elecciones solo 24 horas después de haberse registrado ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) -integrado por militantes del Frente Sandinista y aliados-, y enfrenta un proceso penal en “libertad” -de acuerdo con disposiciones de la dictadura- por exhortar a los nicaragüenses al voto masivo en las elecciones en contra de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El Partido Conservador (PC), el Partido Restauración Democrática (PRD), y Ciudadanos por la Libertad (CxL) son las agrupaciones opositoras eliminadas de la contienda electoral sin una justificación legal de peso.
A la presidenta y representante legal de CxL, Kitty Monterrey, el CSE le canceló su cédula de identificación ciudadana con lo que le arrebata la nacionalidad nicaragüense pese a que ha vivido gran parte de su vida en Nicaragua; sin embargo, el régimen da refugio a prófugos de la justicia como los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Céren. Ambos enfrentan procesos judiciales en El Salvador por corrupción durante la administración de gobierno.
Ortega no solo les dio refugio, les ofreció la nacionalidad nicaragüense para protegerlos de la extradición, la ley impide extraditar a nacionales.
El dictador solo permitirá participar en las elecciones a los partidos colaboracionistas como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza por la República (APRE), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Partido Liberal Independiente (PLI) y el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN)… todos aliados de Ortega.
El papel del PLC
Bastó un par de horas para que el Consejo Supremo Electoral respondiera a la diputada María Haydee Osuna, presidenta del PLC, que solicitó retirarle la nacionalidad a la presidenta del opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) Carmela María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey.
“La ciudadana Carmella María Rogers Amburn, quien tiene doble nacionalidad (estadounidense-nicaragüense), en notoria violación a lo dispuesto en el artículo 49 numeral 6 de la Ley Electoral, cuyo texto íntegro fue publicado en La Gaceta Diario Oficial número 82, del 6 de mayo del corriente, por lo tanto, se debe declarar nulo todo lo actuado por el partido CxL”, dice la carta enviada por Osuna dirigida a la presidenta del CSE, Brenda Rocha.
La Ley Electoral fue modificada en mayo con el propósito de eliminar a Monterrey y a todo nicaragüense con doble nacionalidad de las elecciones.
María Haydee Osuna, una aliada del régimen, le debe a Ortega la liberación de su hermano, el hoy exmagistrado del CSE Julio César Osuna, quien fue condenado en 2012 a 23 años de cárcel por narcotráfico vinculado con el costarricense Alejandro Jiménez, alias “El Palidejo”, identificado con cédula nicaragüense como José Fernando Treminio Díaz.
El entonces magistrado suplente del CSE vendió cédulas de identidad nicaragüense a narcotraficantes por miles de dólares, uno de los beneficiados con la “venta” de cédulas fue «El Palidejo”, según reportes periodísticos de hace una década.
«El Palidejo» es acusado de ser el autor intelectual del asesinato en Guatemala del cantante argentino Facundo Cabral el 9 de julio de 2011.
El crimen fue un ajuste de cuentas entre narcos, el objetivo del atentado era Henry Fariñas, un expromotor de espectáculos de Cabral que trasladaba al cantante al aeropuerto el día del ataque. Fariñas resultó herido, fue condenado por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.
El entonces magistrado fue acusado de tramitar cédulas de identidad para narcotraficantes internacionales, entre ellos a «El Palidejo», documentos que le facilitaba a los narcotraficantes movilizarse por Centroamérica a través de CA-4, un acuerdo que permite a centroamericanos la movilidad sin restricciones por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
El exmagistrado Osuna no cumplió la pena, en 2016 ya se movilizaba libremente por las calles de Managua. Fuentes aseguran que su libertad fue gracias a su hermana, la presidenta del PLC, la mujer que solicitó la eliminación de la política a CxL y a Kitty Monterrey. Ese supuesto favor le permitió a Ortega dar la estocada final a cualquier vestigio opositor.
Con ese escenario el dictador sandinista pretende reelegirse en medio de un proceso electoral fraudulento con el que busca consolidar su dinastía junto a su mujer, la vicepresidenta Murillo, y sus ocho hijos que son “asesores presidenciales” y los que dirigen los negocios familiares que han obtenido al amparo del poder.
De acuerdo con una fuente, durante el nuevo periodo los dictadores Ortega-Murillo prepararán las bases para la sucesión dinástica.
