Después del escándalo que se desató por las declaraciones de Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba, exsenadora y hoy candidata para regresar a esa corporación en representación del movimiento izquierdista «Pacto Histórico» son muchas las voces que piden a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que revise el caso y permita la validación de las presuntas pruebas que en su momento se encontraron en el computador del abatido jefe guerrillero alias «Raúl Reyes». En un primer momento, Córdoba publicó un comunicado en el que alega que todo se desprende de una persecución política y que, además, incluye la orquestación de todo un esquema para dañar la imagen del movimiento del que ahora hace parte, cuyo triunfo considera inatajable.
El pasado 22 de febrero, fue más allá e informó a la opinión pública sobre una presunta acción extorsiva donde se le exige una remuneración económica para poder acceder a un video en el que, según la persona que la contactó vía correo electrónico, aparecerían los embajadores de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón (ante el gobierno de los EEUU) y Alejandro Ordoñez (ante la OEA), junto con el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Michael Kozak, «conspirando para mi extradición y la siembra de nuevos montajes judiciales en medio de la actual campaña electoral contra la posibilidad de la victoria de Gustavo Petro«. Córdoba pide a la Fiscalía General de la nación abrir una investigación al respecto y “con la misma celeridad de sus casos propagandísticos muestre resultados prontos sobre estas acciones ilegales”.
Córdoba, además, presentó el miércoles 23 de febrero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una petición para que se le reconozca como víctima de secuestro perpetrado por agentes de la fuerza pública en asocio con paramilitares, proceso que se abrirá próximamente en dicha jurisdicción. No se trata de comparecer para ser interrogada o ayudar en el esclarecimiento de asuntos clave del conflicto por su cercanía con las FARC, pues Córdoba es consciente que esto podría abrir una ventana amplia para que se revise todo tipo de evidencias, incluyendo aquellas que en algún momento fueron descartadas por asuntos procedimentales, como los correos que presuntamente la incriminan, encontrados en el computador de alias “Raúl Reyes”.
Se trata de lograr ser tenida en cuenta como víctima por el secuestro que sufrió por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar comandado en su momento por Carlos Castaño, pero en un macroproceso que investigará la relación entre agentes del Estado y estos grupos ilegales. Esto, sin duda, podría soportar la tesis de Córdoba según la cual todas las acusaciones contra su persona o su círculo más cercano, que incluyen a un hermano solicitado en extradición por los EEUU, se desprenden de una estrategia de desprestigio para sacarla de la arena política en la que ha estado toda su vida.
Córdoba, en efecto, fue secuestrada en 1999, cuando el Gobierno de Andrés Pastrana avanzaba en un proceso de diálogo con las FARC y a su vez buscaba atajar el avance de dicho grupo terrorista, que logró fortalecerse hasta el punto de haber tomado la capital del departamento del Vaupés en 1994 y tener cercada a la ciudad de Bogotá. En su libro «Mi confesión», Castaño reconoce el hecho y comparte su versión de los hechos. Sin embargo, llama mucho la atención que la petición de Córdoba llegue justo en este momento, cuando parecen acumularse evidencias documentales y testimonios que podrían dar lugar a investigaciones y a reabrir casos cerrados.
En dos semanas Colombia acudirá a las urnas para elegir un nuevo Congreso y definir candidatos únicos por las tres coaliciones (derecha, centro, izquierda) que se someterán a consultas interpartidistas. Piedad Córdoba está en los primeros lugares de la lista sin voto preferente que presentó el «Pacto Histórico», por lo cual es muy probable que sea elegida. Tiene que buscar la manera de sostener el discurso de persecución hasta ser elegida y evitar toda acción de la justicia en su contra hasta el próximo 20 de julio para poder tomar posesión como senadora, momento en el cual seguro buscará resguardarse en el fuero parlamentario y esperará tener un claro aliado como Jefe de Estado.
No es improbable que, de ser Gustavo Petro presidente, busque la forma de evitar toda investigación en contra de una de sus senadoras y compañeras de lucha. A fin de cuentas, si algo muestra la historia en América Latina es que la izquierda radical en el poder asume como propias las prácticas que siempre criticaron, pero las enfilan para defender a los suyos y atacar a los contrarios.
