Polonia defiende las raíces cristianas de Europa, la soberanía de las naciones que integran la Unión, la libertad, el derecho a la vida, la familia… valores que convierten al país en un baluarte frente a los burócratas de Bruselas, que censuran su oposición al globalismo, al multiculturalismo, al aborto y a la ideología de género.
La baja tasa de desempleo (3,1%, cinco veces menos que España) ha invitado a ucranianos y bielorrusos a llegar a una nación que les acoge porque respetan su identidad. El Gobierno presidido por Mateusz Morawiecki, eso sí, rechaza abiertamente la inmigración musulmana «porque no se adapta a las normas».
Así, en los últimos años ya alertó de los problemas que podían tener algunos países europeos con el terrorismo islamista por «aceptar grandes poblaciones de países islámicos que no han logrado integrar» y recordó que «grandes poblaciones» viven sin respetar la ley ni integrarse en naciones como Alemania, Francia y el Reino Unido.
A juicio del Gobierno polaco, gobernado con mayoría absoluta por los conservadores de Ley y Justicia, en Europa ha fallado la integración de parte de los inmigrantes a causa de la corrección política y se ha dejado que se imponga el concepto de la multiculturalidad. Ante este fracaso, sus gobernantes concluyeron que no podían integrar a inmigrantes que no tuvieran una cultura similar.
Polonia, que forma parte del grupo de Visegrado junto a Hungría, República Checa y Eslovaquia, en los últimos meses ya ha advertido a la UE que no participará en ningún reparto de inmigrantes. El grupo quiere proteger su identidad y su soberanía, y no está dispuesto a cambiar la postura de la crisis migratoria de 2015. Así, ha hecho continuos llamamientos a reforzar las fronteras exteriores de la UE y luchar de manera implacable contra las mafias de tráfico de personas.
La defensa de la familia, de la vida y de la identidad cristiana
El Gobierno polaco ha venido adoptando medidas encaminadas a combatir la crisis demográfica a través de ayudas a las familias con hijos con el objetivo de alcanzar el índice de fecundidad indispensable para asegurar el reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer), aunque queda camino por recorrer y la tasa se mantiene algo por encima del 1.4.
Desde el año 2019, dichas ayudas a la natalidad se extendieron a todas las familias con hijos independientemente de sus ingresos. «Supone una nueva etapa para las familias polacas, que tienen ya la seguridad de contar con unos ingresos estables añadidos para poder tener más hijos», dijo el Primer Ministro Mateusz Morawiecki.
Así, se establecieron pagos universales que han beneficiado a todas las familias, incluso a aquellas con un solo hijo, de unos 120 euros mensuales por niño, y se eliminaron los impuestos a los menores de 26 años.
Polonia, además, está orgullosa de su identidad cristiana, de su fe católica. Su presidente –Andrzej Duda-, que al día siguiente de vencer en las presidenciales en julio del año pasado acudió al santuario de Jasna Góra, donde se encuentra la patrona de los polacos, Nuestra Señora de Czestochowa, para dar gracias y confiarle todos los asuntos de la nación, hasta propuso incluir los valores cristianos en la Constitución.
Y defiende y protege la vida. El Tribunal Constitucional ya emitió un fallo -que el Gobierno promulgó en enero- que endureció el aborto declarándolo inconstitucional en caso de «malformación fetal». Y es que, según una encuesta de CBOS, la mayoría de la sociedad polaca rechaza acabar con la vida del no nacido y el supuesto «derecho a decidir» de las madres que alegan los abortistas: un 73% rechaza el aborto cuando la madre no lo quiere tener.
La protección de la libertad de expresión
Polonia es, junto a Hungría, la nación que quiere hacer frente a la censura de las grandes plataformas tecnológicas a voces conservadoras y ya ha planteado multas millonarias a las Big Tech que lo hagan. Así, ha anunciado una ley para proteger a los usuarios, que «deben sentir que sus derechos están protegidos» porque «la libertad de expresión y la libertad de debate son la esencia de la democracia».
Con la nueva legislación se pretende otorgar a los internautas un derecho legal para apelar las prohibiciones y la eliminación de contenido en plataformas como Facebook y Twitter, un derecho que podría ser ejercido en un nuevo Tribunal para la Protección de la Libertad de Expresión, y combatir así la censura o la eliminación de publicaciones de aquellos que elogian los valores del cristianismo o del conservadurismo.
