Quito fue la primera ciudad de Hispanoamérica que gritó por su independencia un 10 de agosto de 1809. La capital de los ecuatorianos eligió ese mismo día, pero en 2021, para tomar las calles y exigir la salida del alcalde Jorge Yunda.
Junto con otros funcionarios del municipio capitalino, Yunda enfrenta un llamado a juicio por presunta corrupción en la compra de 100.000 pruebas para detectar el covid-19. Según la Fiscalía, el supuesto peculado habría dejado un perjuicio al Estado de 4,2 millones de dólares.
Pese a haber sido removido de su cargo, Yunda volvió a asumir funciones, causando conmoción en la capital del Ecuador, que por semanas ha tenido dos alcaldes activos.
Con 14 votos a favor, la madrugada del 3 de junio, el Concejo Metropolitano dio por terminada la alcaldía de Jorge Yunda por el incumplimiento de sus funciones y disposiciones legales, como la asignación de cuotas de participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Por voto unánime, los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificaron su remoción el 1 de julio del año vigente, tras haberse revisado la legitimidad del proceso realizado por el Concejo Metropolitano.
Paulina Izurieta, concejal suplente de Mario Granda -que falleció por coronavirus este 30 de junio- denunció violencia política e intimidación por parte del equipo de Yunda, pues afirma haber sido amenazada por un sujeto que se identificó como abogado del alcalde –pese a que éste lo niega–.
Durante una sesión de junio, Izurieta le dijo Yunda: “Ante eso debo decir, doctor Yunda, que la ciudad de Quito no necesita un personaje de televisión, necesita un alcalde; por tal motivo, yo no puedo legitimar este tipo de sesiones donde usted las preside”.
Aunque la izquierda política ha intentado victimizar a Yunda, alegando que los motivos detrás de la protesta son raciales y clasistas, el alcalde destituido no es ningún pobre. Se transporte en un automóvil de alta gama, un Masserati.
La izquierda ha querido destacar la procedencia de Yunda –del sur de la ciudad de Quito– creando todo un discurso que es impulsado desde el rubro artístico y audiovisual. Afirman que la Virgen del Panecillo –la estatua más alta del mundo dedicada a la madre de Cristo– da la espalda a los pobres.
Pero la realidad es que hay pobres en el norte y ricos en el sur, entre ellos la familia Yunda.
El hijo de Yunda también está involucrado en el mismo escándalo que su padre, solo que con pruebas aún más incriminatorias en su contra (reveladas tras incautar su teléfono).
Jorge Yunda acumuló su fortuna en el sector privado en la radio y producción del género musical “tecnocumbia”. Desde allí fue contratado por el Gobierno de Rafael Correa y puesto a cargo del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conatel).
El socialismo del siglo XXI se alimentó de la propaganda estatal, donde Conatel cumplía un rol vital como la máxima autoridad de Telecomunicaciones, en vista de que estaba encargada de la concesión de frecuencias a medios de comunicación.
Ahí se inició como servidor público. Pero como oficial electo, el ahora alcalde de Quito empezó su carrera política como candidato legislativo en el año 2013 con el partido de gobierno, Alianza País, pero no ganó. En el 2018 recién logró ser elegido un cargo como parlamentario del mismo partido.
Tras la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa, Yunda dijo sentirse como un niño cuando sus padres se separan, “no sabía si irse con la mamá o el papá”. Pero finalmente eligió formar parte del Centro Democrático, la lista 1 con la cual Andrés Arauz, el candidato de Correa, se lanzó a la presidencia y perdió ante Guillermo Lasso. Es decir, se mantuvo leal a la corriente correísta.
Así como Ecuador eligió abandonar el socialismo del siglo XXI en las urnas, la capital de los ecuatorianos decidió expulsar a sus remanentes del municipio. La cita fue a las 4:30 de la tarde frente a la Contraloría, lugar que fue quemado por las turbas que tomaron la capital en octubre del 2019, durante los disturbios que el propio Nicolás Maduro anunció como las “brisas bolivarianas”.
Todo sucedió bajo el amparo de Jorge Yunda, quien, como alcalde, permitió el avance de agrupaciones campesinas sobre la ciudad que causaron USD 821,68 millones de dólares en pérdidas. Según el Banco Central del Ecuador, USD 120,07 millones corresponden a daños (deterioro a bienes muebles e inmuebles) y USD 701,62 millones a las pérdidas económicas (ingresos no percibidos por falta de ventas).
En teoría, “el paro” que paralizó al país por 13 días, exigiendo llevar comida en aviones militares por el cierre de carreteras, defendía a los trabajadores del país. En la práctica, el comercio resultó el más afectado con pérdidas por USD 196,66 millones (23,9% del monto total), seguido de: energía e hidrocarburos, USD 186,97 millones (22,8%) entre daños y pérdidas; turismo, USD 82,26 millones en pérdidas (10,0%); industria, USD 78,24 millones (9,5%) entre daños y pérdidas; y, transporte, USD 76,74 millones (9,3%), entre los más relevantes.
Pese a que el rubro transportista fue uno de los afectados, hoy parte de los sindicalizados apoyan al alcalde en disputa. La Unión de Taxistas de Pichincha convocó a una manifestación motorizada a favor de Jorge Yunda.
“Nosotros vamos a pedir que se respete la democracia, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos”, declaró Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha y gerente de la Unión de Taxistas de dicha localidad.
Sin embargo, señaló que no se trata de un respaldo hacia él como persona sino de la elección democrática. “Lo que vamos a hacer es pedir que se respete el voto que fue depositado en las urnas. Que se respete la democracia, porque esto puede sentar mal precedente ¿qué pasaría si en nuestras organizaciones un grupo de personas se reunieran y trataran de remover al presidente, al gerente del cargo?”, aseguró.
“Somos casi 30.000 compañeros del taxismo y sería irresponsable convocar a todos, por eso vamos a salir, como símbolo de protesta, un representante por cada operadora, estamos hablando de unos 300 a 400 compañeros”, aclaró. De esa manera buscaban manifestarse sin generar caos en la ciudad y sin intención de confrontar a organizaciones ciudadanas.
Sin embargo, estuvieron relativamente cerca de la marcha organizada por la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi). Mediante un comunicado, la Cámara informó que su acción se daba frente a la grave crisis política e institucional que enfrenta la ciudad. “Hacemos un llamado a que prime el respeto”. Aclamó que “imperen el orden jurídico, los valores y la ética”.
“Rechazamos todo acto de corrupción, ninguna ciudad merece enfrentar, ni vivir en la incertidumbre institucional, se necesita trabajar, prosperar y tener estabilidad. Exigimos que se respeten los derechos ciudadanos y se generen acciones por el bien de todos”, exclamaron.
Contexto histórico
Este 10 de agosto podría definirse el rumbo de la ciudad y el país respecto al resultado que producirá en cuanto a la permanencia o retiro definitivo de su gobernante. Y la fecha es precisa respecto a cómo se recuerda este día.
Un rasgo común de las llamadas independencias de Hispanoamérica es que en esencia no pretendían separarse de la corona sino que eran leales a esta. Sus protestas eran justamente contra la usurpación del poder por parte de fuerzas ajenas a la Hispanidad. España peninsular estaba sufriendo la invasión de Napoleón Bonaparte y sus naciones de ultramar manifestaron su lealtad a Fernando VI. Quito fue una de esas ciudades, pero los hechos se tergiversaron y el resultado final fue otro.
La Luz de América en verdad respondía en rechazo a la abdicación forzosa del rey Carlos IV por parte de Napoleón, quien tomó prisionero al heredero don Fernando VII e instaló en el trono a su hermano José Bonaparte.
Pero cómo se transmitió la historia fue distinta. La corriente de Simón Bolívar, quien fue inspirado por Napoleón, a formar su propio imperio (fallido), la Gran Colombia, terminó siendo la que triunfó y logró la separación de la Madre Patria.
Ahora Quito tiene la oportunidad de reivindicar a su ciudad y se definirá de qué lado irá: una presunta democracia que eterniza en el poder a un candidato acusado de cometer delitos o un orden institucional que recuerda a los servidores políticos que no están por encima de la ley sino sometidos a esta.
