Nicaragua corre el riesgo de ser expulsada del sistema financiero internacional tras la reforma a la “Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, conocida como la Ley 842, que obliga a la banca privada a reabrir cuentas bancarias a funcionarios del régimen de Daniel Ortega, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos, lavado de dinero y corrupción.
La Ley entró en vigor el pasado 9 de febrero, una situación que mantiene en vilo a los banqueros porque, de no acatar las disposiciones de la legislación, podrían enfrentarse a sanciones como multas establecidas en la misma Ley, cuyo monto estaría a discreción del régimen a través de la Superintendencia de Bancos.
De acatar la Ley 842, la banca privada nicaragüense se enfrentaría al escenario de expulsión y aislamiento del sistema financiero internacional; además, ser objeto de las mismas penalidades designadas por el Departamento del Tesoro a funcionarios del régimen y familiares de Ortega.
De acuerdo al récord de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) 35 funcionarios, familiares y entidades del régimen fueron sancionados durante la administración del presidente Donald Trump con Leyes como la Global Magnitsky Act, Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act, conocida como Nica Act; y la Orden Ejecutiva 13851.
Las tres herramientas ubican a los sancionados en la lista negra de los corruptos y violadores de derechos humanos, congela sus activos que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos, y cancela visas.
El abogado y exasesor del Congreso de Estados Unidos Jason Poblete, afirmó que el banco que incumpla con las reglas establecidas estaría poniendo en riesgo sus corresponsalías con la banca estadounidense, el acceso al sistema financiero internacional, y podrían ser sancionados por Estados Unidos si cooperan y ayudan a personas sancionadas.
Hasta ahora ningún sancionado ha acudido a los bancos a solicitar la reapertura de sus cuentas, tampoco los familiares directos, dijo el analista político y exembajador de Nicaragua en España, Bosco Matamoros.
“La situación está en el congelador”, afirma Matamoros y agrega que la reforma a la Ley tiene una motivación psicológica.
“El gobierno quiere castigar a los banqueros y a los empresarios por lo que considera la traición a los beneficios que otorgó por más de 10 años al sector empresarial que representa más de $8.000 millones de dólares”.
Para Matamoros, el deseo de venganza del régimen es claro.
Las sanciones también afectan al entorno directo de los sancionados.
“El sancionado tiene familia y se estaría nutriendo a través de sus familiares para evadir las sanciones. Es como funciona el sistema norteamericano, está diseñado para crear ese nivel de presión”, explicó Poblete.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, durante el proceso de discusión de las reformas a la Ley dijo que las instituciones financieras no pueden, según su juicio, decidir al “margen” de la Constitución, quién vive y quién muere en materia financiera.
Y es que Gutiérrez es uno de los sancionados por Estado Unidos por cooperar con los mecanismos de información judicial y financiera para perseguir a la oposición. A su criterio los bancos pueden tener corresponsalías, pero ese arreglo con la banca internacional “no puede estar en contra de la Constitución y las leyes nicaragüenses”.
En ese sentido, el exasesor del Congreso Jason Poblete sostiene que el banco que apueste por ignorar las leyes estadounidenses prestando servicios a personas sancionadas “va a perder el acceso al mercado estadounidense. Serán sancionados y posiblemente bloqueados como ha sucedido con Irán, [donde] han sancionado una serie de bancos, entre ellos el Banco Central de Irán. Eso se hizo durante la administración Trump con éxito, la administración Biden no lo ha cambiado y no lo va a cambiar”.
¿Remesas en riesgo?
Bosco Matamoros asegura que las remesas que reciben los nicaragüenses de sus familiares en el extranjero estarían en riesgo.
“¿Qué posibilidad habría de realizar este tipo de transacciones cuando los bancos norteamericanos ante una eventualidad de ese género les cierran la corresponsalía a los bancos nicaragüenses? Prácticamente sería nula”, subrayó Matamoros.
El informe del Banco Central de Nicaragua indica que en el 2020 el país recibió más de $1.851 millones de dólares en concepto de remesas. El 60 por ciento de las remesas que recibe Nicaragua proceden de Estados Unidos, seguido de España y Costa Rica.
Pero no solo las remesas se verían afectadas, también las exportaciones e importaciones.
El problema de fondo es que el sistema internacional gira en torno al sistema bancario norteamericano, el cual para las operaciones financieras sean esas de exportación o de importación crea corresponsalías con entidades financieras de terceros países, en este caso Nicaragua para que se puedan llevar a cabo este tipo de actividades”, explicó Matamoros.
A su juicio, la situación que ha provocado el régimen nicaragüense podría crear efectos devastadores no solo para la banca privada, también para el país.
¿Restablecer pacto?
El sociólogo y economista Oscar René Vargas, explicó en su cuenta de Facebook que la medida es una jugada política de Ortega, y asegura que el propósito detrás de la “Ley del Consumidor es obligar a los banqueros a presionar al gran capital a restablecer el pacto público-privado con algunas variantes sin hacer grandes concesiones. El objetivo es someterlos y que acepten su permanencia en el poder”.
El pacto al que se refiere Vargas se mantuvo durante el periodo [2007-2018], el sector privado aceptó las concesiones de Ortega mientras el régimen desmantelaba la frágil institucionalidad del país. Hoy Ortega controla todos los poderes del estado, las fuerzas armadas y creo grupos paramilitares.
El sector privado tomó distancia de Ortega tras las protestas de abril de 2018, que dejaron como saldo más de 300 muertos, más de 2 mil heridos, centenares de presos políticos y más de 100 mil exiliados a causa de la represión gubernamental, hechos considerados crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos internacionales y nacionales.
“Si los banqueros y el gran capital se someten a la voluntad del dictador, Ortega lo interpretaría como que puede cometer cualquier tropelía, hasta llegar a la preservación del poder de cualquier manera, ya sea a la fuerza o fraudulentamente”, apuntó Vargas.
“Nicaragua es una economía pequeña, dependiente, por suerte se mantienen las corresponsalías, pero el resto está tambaleándose en el sentido de que se está caminando sobre vidrio porque se ha tocado algo fundamental, la confianza y la estabilidad del sistema con esas medidas extremas de parte del gobierno”, dijo Matamoros.
“Afortunadamente no ha habido estampida de capital, por una parte; por otro lado, el córdoba se mantiene flotando con dificultades en su tasa de cambio respecto al dólar. El fututo a largo plazo nadie lo puede predecir”.
A juicio de Matamoros, se trata de un caso que pica y se extiende para Nicaragua.
