Bolivia empezó el año con la expectativa sobre las medidas que Arce y Choquehuanca aplicarían luego de su victoria con el 55% de los votos a finales de octubre, sobre todo en el ámbito sanitario y de la economía, pero ésta ha quedado en el aire, sin haberse cumplido.
La primera polémica sobre la gestión de la crisis sanitaria surgió en abril con los retrasos de la vacuna rusa Sputnik, sobre todo con la llegada de la segunda dosis para mayores de 65 años. El paso de tiempo entre la primera y segunda inoculación se fue ampliando incluso hasta los tres meses, e incluso se improvisó aplicando primeras dosis como segundas y segundas como primeras.
El primer escarmiento contra la oposición luego de las elecciones departamentales, regionales y municipales, celebradas en primera vuelta el 7 de marzo, fue la detención ilegal de la ex presidente Jeanine Áñez, quien también se presentó como candidata a la gobernación del Beni. Fue detenida el 12 de marzo por el supuesto golpe de Estado que habría sufrido Morales en 2019. Hoy Áñez todavía guarda prisión preventiva en la cárcel de Miraflores, La Paz.
Durante el tiempo que guarda prisión, Jeanine Áñez, sus abogados y familiares, han denunciado falta de atención médica ante un acelerado deterioro de su salud, hostigamiento permanente, depresión profunda, e incluso habría tratado de cometer suicidio.
Otra polémica en el mismo ámbito ocurrió cuando Arce Catacora condicionó las vacunas en abril en el marco del cierre de campaña de segunda vuelta en favor del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en Tarija, Álvaro Ruiz. Concretamente, en ese entonces Arce afirmó que las vacunas no eran para la oligarquía tarijeña, sino para el pueblo.
Probablemente entre la nota de reprobación en la gestión de la crisis sanitaria, la económica y el inicio de la persecución política del régimen, además de las temerarias declaraciones de Arce sobre quiénes serían privilegiados con las vacunas, el MAS sufrió una derrota muy importante tanto en la primera vuelta del 7 de marzo como en la segunda del 11 de abril: recibió aproximadamente la mitad de votos que consiguió en octubre de 2020.
Semanas más tarde, vencido el primer trimestre, el fracaso de la emisión de deuda soberana por $3.000 millones que tenían planeada en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021, fue evidente, pero además la campaña que el régimen de Arce realizó ante todo foro internacional como el de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) fuera posible, para que al menos se considere la condonación de la deuda externa de Bolivia, también constituyó un fracaso, pues no hubo financiamiento externo de ningún tipo.
El 28 de abril, en medio de dudas cada vez mayores sobre el rol que jugó desde que asumió la presidencia del Tribunal Electoral durante el gobierno de Añez hasta las elecciones de marzo y abril, Salvador Romero renunció sorpresivamente, y con una pregunta fundamental sin responder: ¿por qué Romero no ha permitido que realice una auditoría al padrón electoral con el que Morales cometió fraude en 2019? Luego, con el pasar de los meses, se aclararían algunas dudas al respecto.
Además, junto con la detención ilegal de Áñez, durante el resto del año también se realizaron detenciones ilegales y destituciones de militares, policías y civiles por el supuesto golpe de Estado de 2019, que se extendieron al resto del año.
Igualmente, y ya en el segundo semestre, a la preocupante declinación de la producción, la ineptitud de la empresa pública más importante del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se sumó a los problemas que arrastra desde hace varios años. Debido a una denuncia interna, se supo que YPFB tenía una ejecución presupuestaria que no supera el 15% al mes de octubre.
El proyecto del litio en el país, que tendría que sustituir el fracaso de la nacionalización del gas en 2006, tampoco registra éxito alguno. Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) lanzó una convocatoria a la que se habrían presentado alrededor de 19 empresas. Sin embargo, luego de que durante todo el tiempo que Evo Morales ejerció como presidente se invirtieron $500 millones, todavía no existen señales de proyecto a largo plazo.
Siguiendo la misma línea, la ex vocal del Tribunal Electoral, presentó su renuncia manifestando no necesariamente que hubo fraude en elección alguna, sino que al día de hoy no hoy no existe mecanismo alguno para saber qué tan limpios han sido todos los procesos que se han llevado adelante con el actual padrón.
Así como ha sucedido en muchos países alrededor del globo, donde la línea general de la política económica ha sido el incremento del gasto, la acumulación del déficit fiscal y la deuda, el régimen de Arce decidió experimentar con un nuevo Impuesto alrededor de mediados de año: el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF).
Este impuesto apenas recaudó $35 millones, pero constituyó un experimento respecto del cuál sería el comportamiento del público con medidas similares hacia futuro si acaso fueran necesarias. Sin embargo, lo único que causó fue que la huida de capitales que se registró desde meses previos al fraude de Morales en octubre de 2019, fuera más intensa y profunda; socavando la posibilidad de conseguir financiamiento interno de corto plazo, tanto para el Estado como para la ciudadanía en general.
Otro elemento importante de coyuntura fue la aprobación del retiro anticipado de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), en la misma línea seguida por Chile: inicialmente los argumentos en favor de un primer y único retiro fue la necesidad de la gente ante la pandemia y las consecuencias de las cuarentenas masivas, pero más tarde el argumento fue volcándose ya no sólo en contra de las AFP, sino del propio sistema de capitalización individual. Por el momento, en Bolivia los retiros anticipados han sido relativamente limitados, pero ya se verá qué tanto podrían extenderse en el futuro.
Avanzando en el año, Arce decidió intensificar el proceso de aplicación de un sistema de socialismo clásico mediante la promulgación de una serie de leyes denominadas por la ciudadanía como “malditas”; porque, entre otros aspectos, terminaba con la presunción de inocencia o la defensa decidida y explícita de la propiedad privada en el país. Tal fue el caso de, por ejemplo, la frustrada Ley de Ganancias Ilícitas por las que el país abordó un paro nacional relativamente similar al previo de la caída de Morales, liderado por gremialistas y dirigentes cívicos, fundamentalmente de las ciudades de la Paz y Santa Cruz, respectivamente.
Ya con pocas semanas de distancia de la clausura del año, tanto Morales, como Arce, Choquehuanca y el MAS fracasaron en su intento de internacionalizar su causa en cuanto foro internacional amigo pudieron, así como la Cumbre por la Democracia organizada por EEUU a principios de diciembre y de donde fue excluida junto a países similares como Nicaragua, Cuba y Venezuela; la última reunión del Alba, donde excluyeron las propuestas de Arce; y finalmente, luego de haber estado peleando los últimos lugares junto con Paraguay y Venezuela en el avance de la vacunación, Bolivia se ubica finalmente en el fondo de la tabla.
A estas alturas del año -nobleza obliga-, había que reconocer un solo acierto del régimen: no haber cedido a la tentación de imponer las vacunas, pero finalmente Bolivia cierra el 2021 con esta medida siniestra a implementarse a partir del primer día de 2022.
