Un tribunal chavista de Caracas ha duplicado la indemnización que el diario opositor venezolano ‘El Nacional’ deberá pagar al ‘número dos’ del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, que demandó con éxito en agosto de 2015 al diario por difamación y «gravísimo daño moral».
Ahora, el propio medio se ha visto obligado a informar por orden judicial de que la cuantía de la indemnización ha aumentado desde los 13,3 hasta los 30 millones de dólares (unos 24,5 millones de euros), según el dictamen del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de Caracas.
La nueva cifra, que es más del doble de lo sentenciado, incluye las costas procesales, que han sido calculadas en 3,33 millones de dólares (unos 2,7 millones de euros).
En consecuencia, según la sentencia que recoge el diario, se decreta una ampliación de la «medida ejecutiva de embargo«, iniciado en un principio el 14 de mayo, sobre los bienes y propiedad de la parte demandada, esto es, ‘El Nacional’, equivalente a 533.250 petros, la criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos.
Cabello demandó en agosto de 2015 a ‘El Nacional’ por difamación debido a la publicación de un trabajo realizado por el diario español ABC, en el que Leamsy Salazar, uno de sus exescoltas, señalaba que estaba vinculado con el narcotráfico.
En el momento del embargo inicial, el gerente general del diario, Jorge Makriniotis, calificó la acción como otra «arremetida» contra el medio de comunicación y ha aseverado que se trata de un «proceso ilegal» y «contra la democracia», en medio de un aluvión de críticas tanto del sector opositor, liderado por Juan Guaidó, como de Estados Unidos.
El embajador norteamericano, James Story, describió la «toma de las instalaciones de ‘El Nacional’, no es contra un edificio o sus instalaciones sino contra la libertad de prensa«. «Y sobre este acto violatorio», ha añadido, «cae toda la responsabilidad del régimen» ya que «no pueden haber elecciones libres y justas en Venezuela sin libertad de expresión».