Un tribunal de apelación federal ha decidido que Ohio puede prohibir el aborto provocado por razón de que el feto esté afectado por el síndrome de Down, calificando a la ley previamente aprobada por el estado “válida en todos los casos concebibles”.
Ohio se unió a un número creciente de estados que desafían el supuesto derecho constitucional al aborto aplicado a toda la unión tras la sentencia del caso Wade contra Roe por el Tribunal Supremo en los años setenta, y prohibió el procedimiento en el caso de que el feto tuviera síndrome de trisomía 21. Este mismo mes, Arizona hacía lo propio, ampliando la ‘amnistía’ a los no nacidos que sufrieran cualquier anomalía genética.
El problema de este tipo de leyes es que son muy fáciles de desafiar en los tribunales basándose en el peliagudo precedente del Supremo, y eso es exactamente lo que sucedió con la ley de Ohio, recurrida por la institución con un interés más directo en que la picadora de carne no se detenga: Planned Parenthood, la mayor multinacional mundial del aborto y generoso donante a las candidaturas proaborto.
Por eso es tan crucial la victoria judicial de Ohio, porque indica un cambio de sensibilidad y una tendencia de interpretación ética y jurídica en aumento que podría, con el tiempo, desembocar en una reversión de la fatídica sentencia de los setenta. Esto no supondría necesariamente el fin del aborto provocado, pero al menos facultaría a los estados a decidir por su cuenta si quieren o no ilegalizarlo o limitarlo.
Alice Batchelder, juez de distrito, redactó la opinión mayoritaria del veredicto afirmando que la ley promueve los intereses de Ohio de “proteger la integridad y la ética de la profesión médica al impedir que los médicos se conviertan en participantes conscientes de abortos selectivos de fetos con síndrome de Down”.
“Al implicar al médico en su decisión personal de abortar su embarazo porque el niño esperado nacería con síndrome de Down -continúa Batchelder-, la mujer coloca al médico en una posición de conflicto de deberes médicos, legales y éticos”. Además, la juez hace notar que la ley protege la comunidad de afectados por síndrome de Down, al enviar “un poderoso mensaje de condena de la práctica de abortos selectivos”.
“El Estado aportó pruebas de que, en Estados Unidos, dos tercios de los embarazos con diagnóstico fetal de síndrome de Down acaban en aborto, porcentaje que es aún mucho más alto en otros países, lo que lo convierte en uno de los rasgos más determinantes de un aborto”, escribe la juez. “El Estado alega que, cuando se condena al aborto a niños no nacidos que exhiben determinado rasgo, se está legitimando el mensaje de que las personas con ese rasgo no son tan valiosas como el resto”.
Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur que acaba de aprobar una ley similar en su estado, saludó la noticia de la sentencia desde su cuenta de Twitter con estas palabras: “¡MARAVILLOSA NOTICIA! Todo niño tiene derecho a la vida, incluyendo aquellos con un cromosoma extra. La ley de Dakota del Sur en es muy similar a esta. Sabíamos que esta era la ley de derechos que había que aprobar, tanto para proteger la vida como para hacer avanzar el movimiento provida en los tribunales”.
En última instancia, todas estas leyes encaminadas a limitar la práctica del aborto en Estados Unidos son un evidente «mentís» a quienes pretenden que el del aborto es un “debate cerrado” en Occidente, una imaginativa utilización provida de la creciente oposición popular a la discriminación contra grupos victimizados y un claro intento de forzar la reversión de una nefasta jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo en su calidad de intérprete último de la Constitución.
