VOX ha rechazado la ‘Ley Rider’ impulsada por la ministra comunista Yolanda Díaz y ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional «para defender la dignidad, derechos y libertades de los trabajadores».
Así, el diputado Juan José Aizcorbe ha mostrado su oposición en la Cámara Baja a la norma -que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio y que afecta a plataformas digitales como Glovo, Uber Eats, Deliveroo y Just Eat– «por la forma, las formas y el fondo» y porque «carece de sentido la utilización de la figura del Real Decreto Ley -no se justifica dicha urgencia-«.
Aizcorbe ha criticado la presencia de una única empresa y una sola asociación de riders en la mesa de diálogo -se ha orillado al resto de empresas y a la mayoría de las asociaciones», ha dicho- y ha recordado que, para los raiders, al igual que para cualquier trabajador, VOX quiere «todos sus derechos y no simple derechos formales como los que se declaran en esta norma», que ha tildado de «inocua». «Es necesario que nuestro ordenamiento tenga normas relacionadas con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y no un brindis al sol como es este pobre y propagandista RDL».
En este sentido, ha exigido que se legisle «sobre la figura del autónomo digital» y se le dote «de derechos con una legislación especial para que nadie pierda el trabajo». «Reclamamos trabajo, dignidad y derechos para los trabajadores, algo que no resuelve la norma que se pretende aprobar».
«Mediante el mantra’ del dialogo social se están aprobando leyes sin tener en cuenta a los sectores afectados, en este caso, los riders. Es algo que sucede y que denuncian la mayoría de las asociaciones de riders con las que VOX se ha entrevistado», ha afirmado el diputado de la formación liderada por Santiago Abascal.
El sindicato Solidaridad también ha rechazado la ley que obliga a las compañías a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha señalado que la ley va a traer despidos y contratos precarios, además de un sinfín de denuncias en los juzgados. «Una legislación del siglo pasado no puede legislar empleos digitales surgidos hace pocos años», ha añadido.
