Con su histórica irrupción en el Parlamento de Cataluña, en 2021 VOX se convirtió en la voz de miles de catalanes silenciados durante décadas, y en una pesada losa para muchos de los que ocupaban los escaños en la Cámara. Durante los últimos años, el grupo parlamentario ha servido de altavoz para denunciar los grandes problemas reales que sufren los catalanes, abandonados por las dos grandes formaciones «constitucionalistas» —Partido Socialista y Partido Popular—, plegadas ante un Ejecutivo entregado por entero al secesionismo y al rechazo a España.
Y es que VOX se ha convertido durante la última legislatura en la única oposición real en Cataluña. Nada extraño, atendiendo a las últimas alianzas políticas. Si ya hace tiempo que el Partido Socialista de Cataluña (PSC) dejó de ser constitucionalista, su matriz, el PSOE, ya tampoco lo es, y se reúne con fugados de la Justicia siempre que puedan asegurar su Gobierno. Pero también ha dejado de serlo el Partido Popular en Cataluña, que lleva a cabo una oposición que resulta simétrica a la que ejecuta en Madrid frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez: nula.
Ya en junio, Joan Garriga, portavoz del grupo parlamentario de VOX en el Parlamento de Cataluña, denunció que la situación en la región era insostenible, pues el Gobierno no mostraba ningún interés «por los problemas reales de los catalanes» y continuaba ahondando en «políticas liberticidas» frente al pasotismo del PSC y el PP de Cataluña. Entonces, Garriga aseguró que la única preocupación del Gobierno regional presidido por Pere Aragonès era «mantenerse en el poder hasta 2025», a pesar de la sonada pérdida de apoyo popular por parte de ERC en las elecciones de mayo.
Pero la acción de VOX en defensa de la igualdad y la prosperidad de los catalanes no ha caído en saco roto en la región: en las elecciones generales del 23 de julio, el partido logró en Cataluña su mujer resultado histórico, con más de 270.000 votos —29.000 votos más que en los anteriores comicios—. La defensa de la lengua común, de la libertad política y lingüística, de unos mejores servicios públicos para la ciudadanía, de mayor seguridad y de más prosperidad que la formación protagoniza en Cataluña se ha convertido en la última barrera ante el rodillo del secesionismo.
Educación
En junio de 2023, Joan Garriga denunció el nombramiento de Anna Simó como nueva consejera de Educación, y aseguró que su elección supondría una mayor pérdida en la calidad educativa. En las pasadas semanas, tras la publicación del informe PISA, VOX Cataluña lamentó que «la inmersión lingüística, la falta de exigencia y un currículo que prioriza ideología sobre el contenido educativo» lastren el rendimiento escolar de los alumnos catalanes, y que las advertencias que desde el grupo parlamentario se han venido haciendo desde su entrada en el Parlamento no hayan sido escuchadas. Para VOX Cataluña, «el modelo educativo catalán está agotado por culpa de la imposición ideológica».
Los datos que el informe PISA arroja sobre Cataluña son demoledores, y demuestran la despreocupación del Gobierno regional respecto a la educación:
- El rendimiento medio en Matemáticas entre 2012 y 2022 ha decrecido en Cataluña en 24 puntos: junto con Navarra, Cataluña es la región que ha sufrido un mayor descenso significativo, por encima del descenso promedio de los países de la OCDE (-22). También en la comparativa del rendimiento medio estimado en Matemáticas entre 2018 y 2022 Cataluña se cuela en el podio de los perdedores, con una bajada de 21 puntos sólo superada por Melilla (-28).
- También en lectura Cataluña se sitúa a la cola. Tras Ceuta, Melilla y Andalucía, es la cuarta región española con menor puntaje: 12 puntos por debajo del promedio de España, la UE y los países de la OCDE. El rendimiento medio estimado en lectura ha caído entre 2012 y 2022 en Cataluña 38 puntos, la bajada más acusada de España, y más del doble de la media nacional. Además, Cataluña presenta uno de los porcentajes de estudiantes en niveles bajos de rendimiento de lectura más elevados: el 29% de los alumnos, al igual que Andalucía y sólo superado por Ceuta y Melilla.
- El patrón se repite también en el rendimiento medio estimado en Ciencias. Cataluña se sitúa entre las cuatro regiones con mayor bajada del promedio entre 2012 y 2022, pero sólo es superada por Melilla en la comparativa del descenso del rendimiento entre 2018 y 2022 (-11 puntos).
- El informe PISA señala que la diferencia en el rendimiento medio esperado entre los alumnos españoles y los inmigrantes es de 43 puntos en Matemáticas y lectura y 46 en Ciencias. El propio informe recuerda que Cataluña presenta uno de los mayores porcentajes de inmigrantes de España, el 24%, sólo superado por el 26% de Melilla.
- Además, Cataluña es la única región española en la que la diferencia de rendimiento estimado entre alumnos favorecidos y desfavorecidos socioeconómicamente es inferior al promedio de la OCDE. La región es además la cuarta con mayor porcentaje de alumnos frecuentemente acosados (8,6%), sólo por detrás de Melilla, Ceuta y Canarias. Los alumnos catalanes, además, son lo que menor pertenencia sienten respecto a su colegio o instituto.
Destacan, frente a estos reveladores datos, las repetidas propuestas de VOX en Cataluña en favor de mayor libertad lingüística y mayor calidad educativa: la diputada María García aseguró que «el modelo de escuela catalana supone un auténtico fracaso con consecuencias nefastas para nuestros hijos (…) porque fulmina la cultura del esfuerzo y la meritocracia». Su compañero de bancada Manuel Acosta ya denunció en julio la «irresponsabilidad» del Gobierno regional por la reforma educativa promovida por la Generalitat por la cual los profesores deben acreditar el C2 de catalán: «Sólo este curso, 22.800 plazas se han dejado de cubrir por falta de docentes (…) y este cambio normativo dificultará el acceso a plazas por profesores de fuera de Cataluña».
Fue gracias a la acción de VOX que se organizó la visita de una misión europea para investigar la persecución del español en los colegios catalanes. El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, remarcó que, en Europa, «ha quedado masivamente reconocido que, como consecuencia del modelo de inmersión lingüística, los alumnos y las familias en Cataluña, además de haber privado sus derechos, están perdiendo facultades y competencias para su incorporación al mundo laboral y para el desarrollo de sus vidas».
Democracia, unidad y libertad
VOX ha sido, además, el mayor defensor —y el único, en no pocas ocasiones—de la lengua común, denunciando que las políticas lingüísticas del Gobierno regional afectan negativamente a los catalanes y al resto de españoles, al limitar la libertad lingüística, el acceso a la información y el intercambio entre regiones. Son políticas que, como ya hemos indicado, afectan también al rendimiento educativo de Cataluña, que se ve lastrada por una máquina ideológica que trata la lengua española como una lengua extranjera, o incluso peor, «por encima de los tribunales, de la Constitución y del deseo de millones de familias catalanas».
De hecho, el presidente del grupo parlamentario de VOX en Cataluña, Ignacio Garriga, denunció el acuerdo entre el Gobierno regional y la Liga Árabe anunciado por Meritxell Serret para promover la enseñanza y el uso del árabe entre los jóvenes mientras «se arrincona la lengua común de todos los españoles».
Y el estilo totalitario del Gobierno regional se traslada también a la calle. En abril de este año, VOX denunció nuevas agresiones a mesas informativas y ataques a simpatizantes y dirigentes en Sabadell, Lloret de Mar, Moncada y Reixach. Ya en 2021, Ignacio Garriga presentó un manifiesto «por unas elecciones democráticas, libres y pacíficas» que ninguna otra formación firmó. El presidente del grupo parlamentario denunció en julio que el Gobierno había «eliminado la libertad política al permitir ataques constantes contra actos electorales y mesas informativas».
Joan Garriga, portavoz del grupo parlamentario, señaló recientemente la grave falta de libertad política y denunció que «el 98% de las agresiones son por parte de los separatistas». Y es que VOX es la formación política más perseguida de Cataluña. Más allá de agresiones sonadas y con cobertura mediática como la que los integrantes y simpatizantes del partido sufrieron en Vic en febrero de 2021, Garriga denunció que a diario sufren «agresiones, insultos, manipulaciones y discriminaciones».
El portavoz también lamentó la «discriminación» que sufren en los medios de comunicación, como TV3 o RAC1, que activamente desinforman sobre las propuestas del grupo parlamentario o, por el contrario, las ignoran por entero. Pero las manipulaciones mediáticas no se fraguan sólo en los medios controlados por el Gobierno regional, sino también en las cabeceras «vinculadas al Partido Popular», como denunciaba Garriga: durante la campaña «potencian el supuesto voto útil, que no sólo no suma, sino que, al final, acaba truncando la alternativa».
Tras el éxito de las propuestas en Valencia y Baleares, donde la participación de VOX ha logrado acabar con la imposición lingüística y las barreras artificiales, también el grupo parlamentario de VOX en Cataluña ha reivindicado terminar en la región con «el atropello a los derechos y libertades de los catalanes» y terminar con «la imposición de la lengua catalana» para «defender la libertad lingüística».
Además, VOX es el mayor defensor de la unidad de España en Cataluña. Como formación política ha convocado numerosas concentraciones en defensa de la unidad nacional y de la igualdad entre todos los españoles, pero también se ha unido a todas las convocatorias de manifestaciones que persiguieran ese objetivo, con independencia de quién fuera su organizador. En la defensa de la unidad de España, VOX ha demostrado en Cataluña tener una altura de Estado muy superior a la de otras formaciones. Como en 2017, en octubre de 2023 salió a las calles de toda Cataluña para defender la unidad de España. Como dijo Ignacio Garriga, «pese a las traiciones del Partido Socialista, siempre quedará el pueblo español para defender nuestra integridad como nación».
En noviembre, el grupo parlamentario se quedó solo en su propuesta de resolución sobre la simbología y la propaganda política que presentó para que la bandera nacional ondee en todos los ayuntamientos de la región. Ningún otro partido apoyó la propuesta, que llamaba al cumplimiento de la «ley de banderas» para que la bandera de España ondee «por respeto a nuestros símbolos, por respeto a nuestra identidad y por respeto a nuestra convivencia» en todos los ayuntamientos, ya que actualmente «en el 82% de los municipios (777) no lo hace».
Seguridad
Ignacio Garriga también denunció en junio que el único propósito de Aragonès era el de mantener «sus sillones y sus salarios» y le recordó al presidente de Cataluña que en la región se registran «dos violaciones al día». Apuntó, además, que el incremento en la violencia sexual viene acompañado de nuevos tipos de crímenes sexuales, como violaciones repetidas o agresiones en manada.
Garriga ha empleado gran parte de esta legislatura denunciando la impasividad con la que el Gobierno regional asiste a un incremento histórico de la inseguridad en las calles y ha llamado a «acabar con todas las políticas que condenan a la inseguridad a miles de familias». El presidente del grupo parlamentario también ha deplorado que la Generalitat no sólo no se ocupe del problema, sino que lo agrava con sus políticas, que «amparan al delincuente y promueven la inmigración ilegal».
En Cataluña la okupación se ha convertido en un mal endémico y en un fenómeno delictivo muy grave, pues además suele traer aparejados problemas de inseguridad y tráfico de drogas. La región se ha convertido en el epicentro del problema en España, pues concentra el 45% de todas las ocupaciones ilegales del total nacional. Frente a este hecho, VOX ha defendido en Cataluña la puesta en marcha de políticas para evitar la ocupación ilegal y los problemas que la acompañan en el marco de la campaña «Barrios Seguros». Además, recientemente el grupo parlamentario anunció que defenderá «una propuesta de resolución para exigir que los ayuntamientos devuelvan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios víctimas de una ocupación ilegal».
Cataluña es actualmente una de las cinco regiones con mayor número de homicidios y en las que más ha aumentado la violencia. Como denuncia Garriga, «donde los jóvenes podían disfrutar del ocio sin miedo a ser asaltados, sin miedo a sufrir un apuñalamiento o sin miedo a encontrarse peleas entre bandas urbanas», hoy Cataluña es la quinta región española donde más personas se sienten inseguras por la calle.
En octubre, el Periódico de Cataluña señalaba que las agresiones sexuales con penetración en 2023 han aumentado en casi un 30% respecto al año anterior. La cifra de agresiones en el primer semestre fue de 761 violaciones; más de cuatro agresiones sexuales cada día. Además, también aumentan los delitos contra la libertad sexual, un 14,8%. El problema afecta especialmente a la provincia de Barcelona, donde el número de agresiones sexuales con penetración se ha disparado un 55%.
Por su parte, como en el resto de España, VOX ha instado al Gobierno a combatir los crímenes sexuales estableciendo condenas más severas para los agresores y poniendo fin a la inmigración ilegal proveniente de países en los que no se respeta la dignidad de la mujer. Garriga ha llamado a «recuperar esos barrios seguros que (los catalanes) conocían hace años y que unos y otros políticos les han arrebatado, condenándoles a vivir entre okupación, apuñalamientos, asesinatos y tráfico de drogas». El presidente del grupo parlamentario denunciaba en el Parlamento que las políticas migratorias de Aragonès «han hecho crecer los asesinatos un 50% y las violaciones, un 30%».
En septiembre, Joan Garriga denunció que Ciudadanos (Cs) impidió la celebración del pleno sobre seguridad en el Parlamento de Cataluña: «Teníamos la esperanza que Cs se sumara (a la lucha contra la inseguridad), pero parece que están de retirada y consideran que no es el momento y vuelven a abandonar a los catalanes».
Inmigración
Actualmente, Cataluña es la segunda región española con mayor porcentaje de población extranjera y la primera con mayor número de musulmanes, unos 650.000. Durante esta legislatura, VOX ha sido la única fuerza política que ha denunciado en las calles y en las instituciones de Cataluña el peligro que este hecho entraña, pues en la región, la inmigración ilegal va de la mano de la islamización. En agosto, Ignacio Garriga recordó durante la conmemoración de las víctimas del atentado islamista del 17 de agosto en Barcelona que «los políticos condenan a la gente de bien a vivir en inseguridad entre células que cada día se radicalizan más» después de «décadas de políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal y que silencian la verdad sobre los movimientos de radicalización islamista».
Ya en 2021, durante su primera visita oficial a Manresa, Pere Aragonès visitó una mezquita ilegal que llevaba operando 14 años sin licencia. Se trataba, además, de una mezquita que, a pesar de ejercer sin licencia, cobraba ayudas económicas tanto del Ayuntamiento como del Gobierno regional. En aquella ocasión, Garriga denunció el gesto de Aragonès y le acusó de «buscar la imposición de las mismas sociedades multiculturales que han fracasado en otros lugares de Europa».
De hecho, recientemente el presidente del grupo parlamentario volvió a denunciar esta situación tras el anuncio del acuerdo entre el Gobierno regional y la Liga Árabe, anunciado por Meritxell Serret, para promover el árabe entre las nuevas generaciones. Garriga afirma que «la islamización no sólo afecta al sistema educativo» sino que «según cifras de la Generalitat, en los últimos años el número de mezquitas en Cataluña se ha duplicado, algunas de las cuales promueven el salafismo, esa corriente que hizo que desde Ripoll algunos protagonizaran los atentados en Cambrils y Barcelona». De hecho, el secretario general de VOX denunció que los secesionistas no pueden asegurar que su proyecto es «un proyecto de amor a Cataluña», sino que es un proyecto «de odio a todos nuestros lazos, tradiciones y cultura».
Acusó también a Aragonès de estar «saqueando y despojando a Cataluña de su propia cultura» con sus políticas migratorias y recordó que en Cataluña hay «más de 130 escuelas en las que se imparte el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí financiado por el gobierno de Marruecos» mientras que el español es arrinconado.
En septiembre, el grupo parlamentario de VOX denunció que, de acuerdo con los datos de la Generalitat, «el 52% de asesinos de mujeres en el ámbito doméstico son extranjeros» y que éstos también representan «el 51% de los agresores sexuales, el 64% de los presos por hurto, el 53% por robo y el 68% por tráfico de drogas», a pesar de suponer el 16% del total de la población. Un cálculo básico muestra que los extranjeros están sobrerrepresentados en los crímenes, un problema que VOX denuncia y ante lo que sigue proponiendo la misma receta que hace dos años: un mayor control de fronteras, especialmente en el sur, y «deportación inmediata de los inmigrantes ilegales y de los inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan de los delitos leves su forma de vida».
Ignacio Garriga ha denunciado en múltiples ocasiones la inseguridad que la inmigración ilegal trae aparejada y ha señalado que los casos de Bruselas, Londres o París deberían ser ejemplo de lo que pasará en España si no se interviene. «Urge tomar medidas para garantizar la seguridad en todas las calles».
Economía, impuestos, Sanidad y Energía
Tal y como denuncia el portavoz del grupo parlamentario, Joan Garriga, el desinterés del Gobierno regional por los problemas reales de los catalanes ha provocado una cronificación de la pobreza en Cataluña. Hoy, «el 24% de la población catalana está en riesgo de exclusión social». Además, «el 34% no puede asumir gastos extraordinarios y el 30% no se puede permitir unas vacaciones de una semana; el 19% no puede permitirse mantener la vivienda a la temperatura adecuada y el 12% retrasa el pago de gastos relaciones con la vivienda».
Recientemente el portavoz también criticó que la actitud de la Generalitat amenaza la prosperidad de la región, y que «la inversión de empresas en Cataluña se ha desplomado a mínimos desde el golpe (de 2017)». Además, Garriga señaló «de llevarse un 30% de la inversión extranjera», Cataluña ha pasado a lograr «sólo un 6%». El portavoz achaca estas malas cifras a «la inestabilidad política, que ahuyenta la inversión, la falta de infraestructuras, la hipocresía climática, el talibanismo lingüístico y el infierno fiscal». A lo largo de la legislatura, VOX ha denunciado que Aragonès ha convertido Cataluña en un «infierno fiscal» que «castiga a familias y trabajadores» con el IRPF con los tramos más altos de toda España y uno de los impuestos de sucesiones y donaciones y de adquisición de vivienda más alto.
VOX lamenta, además, que en Cataluña la alta presión fiscal no se acompañe de un Estado del bienestar desarrollado. La diputada Marcía García denunció la gestión del consejero de Salud por ofrecer «privación de salud y muerte» debido al mal funcionamiento general de la Sanidad, a las largas listas de espera o a las trabas que se imponen a personal sanitario de otras regiones. García también señaló que mientras que para los diagnósticos de enfermedades cardíacas o algunos tipos de cáncer los pacientes esperan hasta 540 días, «el 90% de las solicitudes» de suicidio asistido fueron respondidos, resueltos y ejecutados en 42 días, y exigió al Gobierno regional establecer un presupuesto específico para los cuidados paliativos, ya que «en 2019 el 40% de los pacientes que necesitaban ese servicio murió esperándolo».
Junto a esto, Ignacio Garriga recordó hace unos días que Aragonès «no ha puesto en marcha ni un solo proyecto importante para Cataluña este 2023», lo que demuestra su «falta de interés por los problemas reales de la gente» y «su falta de capacidad para resolverlos». Además, denunció que el Gobierno regional, con el apoyo del PSC, «despilfarre» los recursos públicos mientras los servicios están abandonados y los catalanes ven empeorar el Estado del bienestar. Joan Garriga, portavoz del grupo parlamentario, instó al Gobierno regional a «podar la administración pública»: «10.000 cargos públicos, 18.000 asesores y consejeros y 439 empresas públicas», apuntaló.
En cuanto a la Energía, el diputado de VOX Sergio Macián señaló en el Parlamento que «cerca de un millón y medio de catalanes, 2 de cada 10, se encuentran en situación de pobreza energética» y que Cataluña «sigue en la cola de España en la producción de energías renovables, sin plan para hacer frente a su apagón nuclear, a la cabeza de España en impuestos climáticos y con una factura eléctrica disparada para los catalanes». Macián instó al Gobierno regional a preocuparse por el problema y a retirar las imposiciones de «su religión climática» para reducir la pobreza energética de Cataluña y comenzar a producir energía «para que los hogares, los autónomos y las empresas catalanas puedan disponer de energía barata que les permita subsistir y ser competitivos».
