Los días 8 y 9 de febrero una delegación de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, popularmente conocida como Comisión de Venecia, llegó a España a petición del PP (vía el Senado) para mantener reuniones con diferentes instituciones. La delegación comenzó por mantener reuniones con las fuerzas parlamentarias representadas en el Congreso y el Senado, y posteriormente tuvo un encuentro con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Fija criterio antes del TJUE
La visita era relevante en la medida en que este organismo europeo acepta el encargo de la Mesa del Senado para elaborar un informe que, si bien no es vinculante, es muy reconocido por las instituciones comunitarias y suele fijar criterio jurídico para los pronunciamientos de los tribunales europeos. Por ello, sus dictámenes podrían servir de referencia para el pronunciamiento de la Comisión Europea, que ya anunció su intención de fijar posición sobre la ley de amnistía de España en el pleno del 15 y 16 de marzo.
¿Qué dice el borrador de la Comisión de Venecia sobre la amnistía?
El borrador filtrado y reinterpretado por Moncloa no es nada claro al respecto de si avala o no la ley de amnistía de Pedro Sánchez y los separatistas. En resumidas cuentas: se lavan las manos y ni entran ni salen al respecto de si la ley de amnistía lo que supone que no tiene un respaldo, pero tampoco una desaprobación.
Esta situación ha permitido tanto al Gobierno como al PP hacer una interpretación en beneficio propio, aunque los primeros se adelantaron y los populares tuvieron que salir a desmentir y decir lo contrario. La realidad es que hay argumentos que benefician a ambos, pero supone un golpe para los populares porque no han logrado el objetivo que pretendían que era precisamente que la Comisión de Venecia no avalase la ley de amnistía.
Argumentos contra la Amnistía
En primer lugar, la Comisión es crítica con la decisión de haber recurrido a una proposición —y no a un proyecto— de ley, y de haberlo tramitado por el procedimiento de urgencia, por lo que ello supone de reducción a mínimos del debate dentro y fuera de la sede parlamentaria, antes y durante el proceso legslativo: «El procedimiento de adopción de medidas de amnistía debe inspirarse en la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos […] Los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes».
Además, la Comisión repudia categóricamente la idea de una amnistía a la carta, diseñada al objeto de beneficiar a personas concretas: «Como las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o a ciertas clases de personas, los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos específicos».
En tercer lugar, la Comisión es crítica con el propósito final de la amnistía: «Las amnistías deben perseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad; cuanto más radicales sean las amnistías, más legítimo debería ser el objetivo». Algo que tampoco se cumple en este caso.
Otro argumento es que la Comisión se muestra crítica con la aprobación de una amnistía por una mayoría ajustada y declara la conveniencia de que decisiones con repercusiones jurídicas, políticas y sociales tan profundas como las de una amnistía, «debería[n] tomarse por [una] mayoría cualificada adecuada».
Por último, la Comisión previene de que sea cual sea el modo en que se regulen los efectos del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el procedimiento pertinente, el proyecto de amnistía debe interpretarse de tal manera que no prive que la revisión judicial del proyecto de ley de amnistía tenga algún efecto práctico.
Precisamente por eso la Comisión lamenta que la proposición de ley de amnistía se presentase mediante «un procedimiento con consulta limitada al público, a las partes interesadas y a otras instituciones estatales, y siguió un procedimiento de urgencia».
Puntos en los que la Comisión se alinea con las tesis del Gobierno y los separatistas
En primer lugar, el borrador de la Comisión de Venecia no entra a valorar la inclusión del terrorismo en la ley, dejando así la puerta abierta a que pudiese estar presente. El texto avala la existencia de leyes de amnistía en Europa, permitiendo de este modo que pueda existir en España y por tanto que esto no sea objeto de debate llegado el caso de que terminase en un más que probable litigio en el TJUE.
Además, la Comisión de Venecia señala que no es competente para comentar sobre la constitucionalidad de la norma, tirando de este modo balones fuera y dejando la decisión en manos del Tribunal Constitucional que controla el PSOE. El texto, de hecho, sentencia que en ningún caso la amnistía afecta a la separación de poderes, lo que supone aceptar las tesis del Gobierno y los separatistas en la materia.
Con todo los datos encima de la mesa queda claro que la Comisión de Venecia no ha tomado partido en este asunto, algo que ha sido aprovechado por el Gobierno para mentir y retorcer el borrador con el objetivo de demostrar que la ley de amnistía cuenta con el apoyo de Europa.
Por el contrario, el PP ha denunciado la manipulación del Gobierno y se ha agarrado a la parte negativa del borrador sobre la ley de amnistía, pero esta situación supone un varapalo para los populares porque el objetivo con el que llamaron a la Comisión de Venecia era que no avalase la ley de amnistía algo que no han conseguido al ponerse de perfil dicha comisión. Buena prueba de que no están satisfechos es que ya han anunciado enmiendas y matizaciones al borrador.
Finalmente, no se puede olvidar que el dictamen de la Comisión de Venecia carece de valor alguno, salvo el de servir como consejo al TJUE, pero aclara el desdén de las instituciones de Europa por el ataque al Estado de Derecho, la separación de poderes y la democracia que sufre España a manos del Gobierno y sus socios.
