Los dos encargados de un club de alterne ubicado en la recta de Heras, en Cantabria, han sido condenados a nueve años y medio de prisión tras un acuerdo entre la defensa, la acusación particular y la Fiscalía. La condena, sin embargo, no ha sido por regentar un puticlub o por explotar a decenas de mujeres. La Justicia cuestiona de su actuación que las 22 trabajadoras no estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social.
Se trata del administrador único de la mercantil que gestiona el club y el encargado del local, ambos responsables de la contratación de las mujeres que trabajaban en el local. Las penas acordadas ascienden a nueve años de prisión y inhabilitación como administradores en el sector durante el tiempo de la pena. Pero la Justicia no se ha pronunciado sobre su papel como proxenetas.
Tal y como recoge el acuerdo entre las partes implicadas, los dos acusados han cometido un delito contra los derechos de los trabajadores. Pero no los derechos humanos sino los laborales, al no dar de alta a las mujeres que trabajaban en el club. Así, el acuerdo llega a incluir atenuantes por la reparación del daño con el pago de una indemnización de 547 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Precisamente la Tesorería General ha actuado como acusación particular, tras constatar «graves irregularidades laborales» de los encargados del club. De nuevo, unas irregularidades que han hecho reclamar una indemnización para las arcas públicas y no así para las mujeres. La misma acusación pedía el cierre del local durante tres años, no por su actividad proxeneta sino por su estatus irregular.
Según el escrito de la Fiscalía, la Inspección de Trabajo realizó una visita al club en julio de 2019 y comprobó que 22 personas que realizaban servicios como camareras de alterne no se encontraban dadas de alta en la Seguridad Social. De ellas, 17 eran de la Unión Europea, por lo que no requerían autorización de trabajo, y otras cinco «carecían de permiso de trabajo en España».
