Después de décadas de políticas antinucleares en Europa —lideradas en su mayoría por Alemania— cada vez son más las voces que piden una mayor explotación de esta energía en pro del abaratamiento energético en Europa y de la garantía del suministro.
Primero llegó el calificativo de «verde» de mano del Parlamento europeo en 2022, y ahora una veintena de países ha ido un paso más allá y han acordado triplicar para el año 2050 la capacidad de energía nuclear a nivel global.
Este acuerdo histórico, que supone el inicio del fin de la demonización de la nuclear, ha sido ratificado por Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Bulgaria, Canadá, República Checa, Finlandia, Polonia, Rumania, Países Bajos, Hungría, Francia, Ghana, Eslovaquia, Suiza, Eslovenia, Ucrania, Suecia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el pacto ha contado con dos grandes ausencias: España y Alemania.
En Alemania, el Gobierno de Olaf Scholz está recibiendo presiones por parte de figuras destacadas de la CDU, del CSU y del Partido Democrático Liberal (FDP), que abogan por no sólo poner en marcha los reactores recientemente parados, sino también por construir nuevos pequeños reactores modernos —conocidos como SMRs, por sus siglas en inglés—. Sin embargo, el Ejecutivo alemán continúa rechazando la posibilidad de recuperar la nuclear, a la que ha calificado como «caballo muerto».
Por su parte, en España, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se encuentra enfocado en el desmantelamiento antes de 2030 de cuatro reactores (los dos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes) de los siete que en la actualidad están operativos en el país. Y eso que los expertos llevan tiempo advirtiendo de cuáles pueden ser las consecuencias de estas políticas para la economía española.
El suministro, en niveles «inviables» a partir de 2035
El cierre nuclear anticipado tendrá un coste económico muy elevado y pondrá en riesgo el suministro energético. Es la advertencia que el think tank Oikos y la consultora internacional Afry hacen en su último informe sobre las prospectivas de la transición energética española.
El informe detalla que, como consecuencia del abandono de la generación eléctrica de origen fósil, es de esperar un «empeoramiento generalizado» del margen de reserva, pero advierte de que este margen puede llegar a niveles «inaceptables» en el caso de un cierre nuclear anticipado o de alta penetración de energías renovables sin soluciones de almacenamiento. «Puede poner en peligro la seguridad del suministro a niveles que son inviables a partir de 2035», asegura Oikos.
Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y costes
Respecto a las emisiones —uno de argumentos más utilizados por los gobiernos antinucleares— el informe de Oikos y Afry aclara que el cierre anticipado de las centrales nucleares provocaría un aumento de estas.
El abandono de la energía nuclear supondrá el aumento de la dependencia de otras fuentes de energía, no sólo de renovables sino de fuentes convencionales, y en particular de los ciclos combinados de gas natural. Al aumentar el uso de fuentes de energía fósil, también aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.
«En términos de volumen de emisiones de CO2, la cantidad acumulada de CO2 adicional es de 28 toneladas métricas de CO2. Para poner esta cifra en contexto, se trata de casi tres años de emisiones medias durante el mismo periodo. En términos de valor de mercado, el coste total de estas emisiones adicionales sería de 3.400 millones de euros teniendo en cuenta los precios previstos del CO2″, indica el informe.
Además, el cierre nuclear requerirá esfuerzos adicionales en la infraestructura de la red eléctrica para integrar y gestionar eficazmente las fuentes de energía renovables que la sustituyan, tales como inversiones en sistemas de almacenamiento de energía, mejoras en la gestión de la demanda y el desarrollo de nuevas líneas de transporte para garantizar un suministro eléctrico estable y fiable.
El cierre nuclear costará 22.600 millones de euros a empresas y consumidores
El desmantelamiento de las centrales nucleares suele traducirse en un aumento de los
precios mayoristas ya que, incluso si la capacidad nuclear se sustituye totalmente por energías renovables, parte de la demanda suministrada por la nuclear será inevitablemente cubierta por los ciclos combinados, con mayor coste, cuando las renovables no estén disponibles.
Según el análisis de Afry, los precios mayoristas en caso de prórroga nuclear hasta 2045 son, por término medio, un 6,5% inferiores a los del escenario de cierre anticipado. Así, el informe deduce que el coste directo adicional proyectado total de no prorrogar las centrales nucleares ascendería a 22.600 millones de euros, una cuantía que sería soportada por las empresas y consumidores españoles.
Por todo ello, el informe concluye que la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares resultaría en múltiples beneficios: ayudaría a garantizar la seguridad de suministro del sistema, conduciría a una reducción de las emisiones de carbono y contribuiría a reducir el coste total de la generación eléctrica.
