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El Gobierno da otros 5.400 millones a las autonomías, la mitad a Cataluña

Cataluña es la comunidad que más fondos recibirá, 2.415,43 millones, seguida de la Comunidad Valenciana, con 825,75 millones.


La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha acordado asignar a las comunidades 5.428,55 millones para el segundo trimestre del año con cargo a los fondos extraordinarios de financiación a las autonomías, de los cuales 2.415 están destinados a Cataluña.
El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha dado a conocer la cantidad total en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Del global que recibirán las comunidades adheridas a estos mecanismos extraordinarios de financiación, 3.934,66 millones corresponden al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y 1.493,89 al compartimento de Facilidad Financiera (FF).
Cataluña es la comunidad que más fondos recibirá, 2.415,43 millones, seguida de la Comunidad Valenciana, con 825,75 millones, en los dos casos procedentes del FLA, así como Andalucía, con 517,38 millones, de Facilidad Financiera.
La cifra global asignada para los dos primeros trimestres del año asciende a 17.580,38 millones de euros, de los cuales 11.364,52 millones corresponden al FLA y los restantes 6.215,86 millones, al otro mecanismo. También en el conjunto del año ha sido Cataluña la que más dinero extraordinario ha recibido, con 5.892,99 millones, por delante de la Comunidad Valenciana (3.132,90).

‘Hay que escuchar a la calle’

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerado que los grupos políticos que apoyan la iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable, entre ellos PSOE y Unidos Podemos, deberían «reconsiderar su postura» y «escuchar a la calle» para no seguir adelante.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha asegurado que la posible derogación «no es una buena noticia», por lo que ha reclamado a los partidos reflexionar con «la tranquilidad y serenidad» que considera que faltó en el debate de ayer sobre esta cuestión, en el que se rechazaron las enmiendas de PP y Ciudadanos.
«Espero que las posiciones puedan reconducirse porque hay que escuchar la voz de la calle y es muy clara al respecto», ha afirmado, tras lo que ha insistido en que el Gobierno no va a cambiar de postura y estará donde estuvo siempre desde la aprobación de la prisión permanente revisable en 2015.
Ha indicado que debe ser cada persona quien extraiga las consecuencias del debate de ayer en el Congreso, pero ha querido aclarar que no fue por una enmienda del PP planteada «en caliente», sino que la propuesta del Gobierno para ampliar la prisión permanente fue aprobada el pasado 9 de febrero, por lo que es «muy anterior» a la muerte del niño Gabriel Cruz en Almería.
«Está hecha con antelación para evitarlo», ha asegurado Méndez de Vigo, porque el objetivo del Gobierno es «tanto garantizar la seguridad de la sociedad como de las personas».
En todo caso, ha valorado que es «bueno» que un debate como este se haya llevado al Congreso para «exponer las razones de uno y otro y que la gente juzgue» y que la ciudadanía pueda «ver y calibrar quien tiene mejores razones y quien responde mejor a las exigencias de la sociedad española».
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