El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto para regular las subvenciones y ayudas en el ámbito de la llamada «cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global». Este decreto establece el marco jurídico para las ayudas otorgadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (MAUC) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el objetivo de «simplificar trámites» y adaptar la normativa al «contexto actual».
Entre los propósitos destacados de esta medida está la ampliación del alcance de las subvenciones en materias que formen parte de la política exterior del Gobierno, así como la incorporación de las novedades introducidas por la Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
La ampliación de estas subvenciones llega semanas después de que la Administración estadounidense haya decidido desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). «El Gobierno probablemente va a compensar con AECID lo que no da USAID«, asegura a LA GACETA el exdiputado Pablo Cambronero, quien a través de su cuenta en X revela a diario el destino de las diferentes subvenciones aprobadas por el Ejecutivo socialista.
Las sospechas de que la AECID pueda estar siendo utilizada por el Ejecutivo socialista como una herramienta de influencia internacional cobran fuerza en un contexto en el que las subvenciones y ayudas en el ámbito de la «cooperación» han servido para financiar redes afines y ONGs ideológicamente cercanas al Gobierno.
En los últimos años, la AECID ha concedido subvenciones millonarias a entidades que plantean interrogantes sobre el uso de los recursos públicos. Se han destinado fondos a ONGs con escasa transparencia en el destino final del dinero, algunas de las cuales han sido denunciadas por desviar fondos hacia actividades políticas en lugar de proyectos humanitarios. También se han financiado organizaciones en el extranjero cuya actividad real poco tiene que ver con el desarrollo sostenible, pero que encajan dentro del discurso ideológico del Gobierno.
Un ejemplo son los más de dos millones de euros en subvenciones que el Ejecutivo ha otorgado a República Dominicana a través de la AECID. Según el seguimiento realizado por Cambronero, se han registrado más de 30 ayudas públicas otorgadas a diversas entidades de este país.
Entre las partidas más destacadas figura una subvención de 610.000 euros entregada a la Fundación Inicia Educación, supuestamente destinada a mejorar el sistema educativo en el país caribeño. También aparecen ayudas como los 170.000 euros a la Fundación Dominicana de Ciegos, 187.753 euros a la Fundación Solidaridad y 155.500 euros para la Asociación de Municipios de la región de Enriquillo.
