El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó cargas indiscriminadas este miércoles en Ferraz y en sus inmediaciones (calle Princesa, calle Juan Álvarez Mendizábal, etc) para reprimir las manifestaciones contra el golpe del PSOE de la mano de los separatistas vascos y catalanes, y que conlleva la aprobación de una ley de amnistía a los golpistas separatistas relacionados con el «procés» desde el año 2012 hasta la actualidad.
El balance de la intervención es de 15 detenidos y ocho manifestantes heridos. Los agentes llegaron a entrar en la parada de Metro de Arguelles y detuvieron a un manifestante por no hacer nada.
Desde el departamento de Marlaska se ordena cargar contra los que protestan —jóvenes y adultos…—, mientras en el seno de la institución se mantiene la división y la tensión por las intervenciones violentas sin justificación, según ha denunciado el eurodiputado Hermann Tertsch y ha podido confirmar LA GACETA.
«Es evidente que la policía ya no tiene una agenda de limitarse a mantener orden público y seguridad sino otra política de crear violencia, tensión y represión contra manifestantes pacíficos. En esto también somos ya Caracas», ha manifestado Hermann Tertsch en la red social X.
VOX presentó la pasada semana una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las órdenes de carga a la Policía el lunes 6 de noviembre contra los manifestantes que protestaban de forma pacífica frente a la sede del PSOE en Madrid. Les atribuyó delitos de prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos contra derechos individuales.
La formación liderada por Santiago Abascal denunció que el PSOE ordenó a los agentes cargar —sin aviso— contra los manifestantes y que las órdenes no obedecían a criterios policiales ni al principio de proporcionalidad, tal y como recordaron los sindicatos, que criticaron abiertamente las «órdenes políticas».
«Se está utilizando a la Policía Nacional de una forma partidista por parte del Gobierno para reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente», subrayó el sindicato Unión Federal de Policía (UFP). JUPOL, por su parte, pidió el cese o la «dimisión inmediata» del delegado del Gobierno en Madrid, y exigió que se depuraran las responsabilidades existentes tras los disturbios.
