España tiene más de 17.000 kilómetros de autovías, construidas con fondos europeos y, también, con los impuestos de los españoles. A partir de 2024, los españoles tendrán que abonar un nuevo impuesto para circular por ellas. Y como la orden proviene de Bruselas no hay discusión posible. El PSOE y Podemos se apresuraron a preparar la legislación y el PP ha anunciado que no lo quedará otra que aplicarla si llega al poder.
El portavoz económico del PP, Juan Bravo, declaró el 28 de junio que en 2024 se añadiría este nuevo impuesto (más bien una tasa) a la larga lista que ya abonamos, pero insistió en que la responsabilidad era de Sánchez, en ningún momento de Núñez Feijoo. Sobre su eliminación, no dijo nada. Porque lo manda Bruselas y para la casta política actual los mandatos de Bruselas son más severos que la Ley de Dios para los Austrias.
Uno de los compromisos del Gobierno de coalición de izquierdas, sobre todo por exigencia de ERC, era la eliminación de las autopistas de peaje. Y aquí hay que reconocer que Pedro Sánchez cumplió. Entre 2018 y 2021 puso fin a la renovación de las concesiones y liberó algo más de 1.000 kilómetros en Valencia, Aragón, Cataluña, Andalucía y Castilla.
Pero la pandemia, que tantas cosas alteró, también suprimió esta política. Y mientras Sánchez y su consejo de ministros y ministras presumían de suprimir peajes en las autopistas, el Ministerio de Transportes preparaba un plan para imponerlos en las autovías. ¿La razón? La exigencia de la Comisión Europea a Madrid de preparar un Plan de Recuperación en el que se incluyesen maneras de recaudar dinero para devolver la mitad de los 140.000 millones de euros que se nos van a transferir, porque algo más de 70.000 millones tienen la condición de créditos. Y por ello el Gobierno elabora medidas como alargar la edad de jubilación, subir las cuotas a los cotizantes a la Seguridad Social y convertir a empleados laborales de la Administración en funcionarios.
El Ministerio de Propaganda, que es el área que mejor funciona de todos los ministerios, lleva años tratando de convencer a los españoles que ese impuesto (todavía de importe y de mecanismo de cobro desconocidos) es muy conveniente por varias razones que no tienen ninguna relación con la verdadera.
Se nos dice que es un ejemplo de esa fiscalidad verde imprescindible para salvar la Tierra: impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero, certificados energéticos en las viviendas, impuestos al ganado, tasas al agua, prohibiciones de circulación de vehículos diésel, impuestos al plástico, impuestos a las bebidas azucaradas… En el transporte, la expresión movilidad sostenible es el equivalente al heteropatriarcado para asaltar la inteligencia y el patrimonio de los ciudadanos. Cuando un político o un funcionario dice «verde», échese la mano al bolsillo. Y cuando lo dice alguien que usa el avión, sea privado o público, además de esconder su dinero, puede soltar insultos.
Otra de las mentiras es que esa recaudación extraordinaria se usará para el mantenimiento de las carreteras, propuesta en la que está de acuerdo (nueva sorpresa) la patronal de las constructoras, conocida como SEOPAN. El Gobierno ha presupuestado más de 1.370 millones de euros para el mantenimiento de la red de carreteras del Estado este año, y a todos los implicados les parece una cantidad insuficiente. SEOPAN calcula que las deficiencias sólo se pueden solucionar con un desembolso de 18.000 millones.
La realidad es que el automóvil es una de las vacas lecheras más rentables para Hacienda. En 2022, el Estado recaudó 12.007 millones de euros por el Impuesto de Hidrocarburos más 649 millones por el Impuesto de Matriculación. ¿Qué se hace con esas cantidades? ¿Adónde van? ¿No sería mejor recortar gastos inútiles en las Administraciones antes que imponer más cargas a los ciudadanos? Pero la partitocracia no está dispuesta a ponerse a dieta.
Las consecuencias de esta orden de la Comisión serán más empobrecimiento para las clases bajas y medias; viajes y productos más caros; menos empresas de transporte; menos consumo y más inflación. Mejor quedarse en casa y si quiere ver mundo vaya usted al parque más cercano, siempre que no esté en Madrid, porque el alcalde Martínez-Almeida los cierra cuando hace calor.
