El anuncio a principios de septiembre de Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el que manifestó su disposición a flexibilizar la política de protección del lobo porque su expansión se está convirtiendo en un verdadero peligro para el ganado en algunas zonas, ha hecho reaccionar a la Consejería de Medio Rural de Asturias, que ya ha puesto cifras de los daños que causa el lobo en el Principado.
En un informe enviado a la Unión Europea detalla los daños causados por el lobo en la ganadería asturiana el año pasado: 3.115 ataques en 2022 frente a los 2.721 registrados en 2021, es decir, un 12% más. De esos ataques, 1.046 fueron al ganado equino, 962 al bovino, 837 al ovino, 271 al caprino y 4 a perros.
El informe ratifica así lo que es un clamor en el sector ganadero asturiano, muy crítico con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de incluir el lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Estos ataques del año pasado, que van camino de superarse en el presente curso, supusieron en pagos por indemnizaciones de daños casi un millón de euros en 2022, en concreto 927.211 euros frente a los 784.192 de 2021. Aun así, los ganaderos se quejan amargamente de que estas indemnizaciones no cubren ni de lejos las pérdidas ocasionadas por los lobos.
Los datos del informe enviado por la Consejería de Medio Rural a la Comisión Europea reflejan la existencia de 40 manadas de lobos en el Principado, lo que significa el doble de las contabilizadas desde el año 2000; y 35 de ellas estaban consideradas «grupos reproductores». Por lo tanto, muy lejos de ser una especie en peligro de extinción.
El Gobierno del Principado mantiene su criterio de que el lobo sea retirado del LESPRE y reitera que «el rigor científico y profesional de los estudios justifica esta medida para el control poblacional de la especie», según expone en el informe enviado a la UE.
