La denuncia de los títulos de la URJC “a medida” para 200 cargos de la Policía Nacional y la reciente imputación de la Dirección General de la Policía asustan a la estructura policial.
Que algo está pasando en el sindicalismo policial ya no es ningún secreto. Si bien es cierto que en el último año la asociación profesional JUSAPOL ha sorprendido a propios y extraños con una serie de movilizaciones masivas exitosas de policías y guardias civiles en toda España -reclamando entre otras cosas la equiparación salarial con los Mossos de Escuadra- que han puesto en pánico tanto a las organizaciones sindicales como a la cúpula de Interior, ahora una segunda brecha se abre en el Ministerio dirigido por Marlaska. Se trata, en este caso, de las querellas admitidas a trámite y presentadas por el sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP), único sindicato representativo del Consejo de Policía que no ha firmado el acuerdo de equiparación salarial con el Gobierno.
Investigación URJC
Recordemos que ASP saltó a la escena mediática de primer orden el pasado mes de abril, cuando en medio del tsunami provocado por el escándalo del título universitario en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Cristina Cifuentes, se hizo pública una querella contra doscientos altos cargos de la Policía Nacional que podrían haber obtenido el grado universitario de forma fraudulenta en el mismo centro universitario.
Esta investigación produjo un cataclismo que sacudió planta por planta la sede del Ministerio de Interior de Zoido y que salpicó a tres altos cargos de la cúpula policial de entonces mientras que sumía en el pánico a docenas de otros altos mandos policiales que aspiraban o a ascender o a ser llamados a tareas de alta gestión, que se habían titulado en ese “grado a medida” denunciado por la central sindical, según fuentes del sindicato.
El Juez imputa a la Dirección de la Policía
Ahora a Interior se le abre una nueva brecha: el pasado martes la Audiencia Provincial de Madrid imputaba a la Dirección General de la Policía un delito de prevaricación tras excluir a ASP de las reuniones oficiales que se vienen produciendo en Interior, cuando a través del auto de 890/2018 del 22 de octubre de 2018, de la Sección número 30, se aprecia que, “con la exclusión de Alternativa Sindical de Policía de las Comisiones Técnicas para la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, creadas por Resolución de fecha del día 19 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, se produce un hecho delictivo tipificado en el artículo 404 del Código Penal, como prevaricación administrativa”.
Fuentes de Interior señalan que “estas dos querellas admitidas a trámite, (que en un principio podrían pasar desapercibidas a cualquier ciudadano), son una señal de que la “PAX sindical en la policía” podría haber concluído después de varias décadas de situación de confort”, “ya que no es nada común que un sindicato de funcionarios públicos salga de la pasividad para abrir dos brechas de este calado”, señalan las mismas fuentes.
Por otra parte, según fuentes de Alternativa Sindical de Policía (ASP), aunque manifiestan que “el nuevo titular de la Policía está mucho mejor preparado que su antecesor y la disposición parece que es otra bien distinta y positiva, no van a dejar pasar ni una, a aquellos mandos policiales que empleen el acoso laboral o la corrupción como sistema de vida” y para ello anuncian una batería de querellas y medidas que irán haciendo públicas las próximas semanas.
