'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El Gobierno refuerza la presencia policial en Cataluña

El portavoz del Gobierno reitera que «tienen previstos todos los escenarios y actuarán en consecuencia».

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el referéndum ilegal del 1 de octubre se ha convertido en la consulta de la CUP, partido al que acusa de ser responsable de adueñarse del proceso catalán y provocar una su deriva con el acoso a jueces, fuerzas de seguridad y alcaldes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno ha lamentado que el proceso haya caído «en manos de los más radicales, la CUP, a quien ha definido como un «movimiento extremista, radical, antisistema, anticapitalista y antipatriacal».

Además de reiterar que el referéndum ilegal no se va a celebrar y que el Gobierno hará cumplir la legalidad, ha enviado su apoyo a la familia del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por los carteles amenazadores que esta semana se han colocado en el comercio de su madre. «Todas las personas que respetan la ley en Cataluña tienen el apoyo de todos los demócratas de España», ha dicho.

Méndez de Vigo ha vuelto a reiterar que la consulta es ilegal y «no tiene ni una garantía democrática». «No hay voto por correo, no hay apoderados, no hay interventores…», ha dicho, antes de señalar que envían unidades de refuerzo de la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar con los Mossos en el mantenimiento del orden público ante las manifestaciones de carácter tumultuario.

El portavoz ha mencionado el término «tumultuario», un requisito para imputar un delito de sedición, que se regula en el artículo 544 del Código Penal y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes», o para “»impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. La pena típica de prisión, de cuatro a ocho años, se puede aplicar a cualquier ciudadano que cometa este tipo de delito. La pena de 10 a 15 años se reserva para las autoridades que incurran en este alzamiento público y tumultuario.

Sobre las palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que este jueves hizo un llamamiento a los catalanes separatistas para que sigan «defendiendo» el 1-O con «civismo y firmeza» frente a un presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha cruzado «muchas líneas rojas» y aseguró que hay «planes de contingencia» para poder votar, Méndez de Vigo ha manifestado que el Gobierno y todos los españoles «nos hemos acostumbrado a muchos anuncios del presidente Puigdemont, algunos de notoria falsedad». «Tenemos previstos todos los escenarios y actuaremos en consecuencia», ha aseverado.

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