El Gobierno ha concedido un nuevo salvavidas económico a Plus Ultra y Air Europa, dos aerolíneas envueltas en polémica por los rescates otorgados por la SEPI durante la pandemia y las posteriores investigaciones policiales. Según publica The Objective, en vísperas de Navidad, el Boletín Oficial del Estado publicó una prórroga in extremis del denominado decreto antiquiebras, ampliando hasta finales de 2026 la posibilidad de excluir las pérdidas de 2020 y 2021 del cómputo patrimonial. Esta decisión evita, por sexto año consecutivo, que ambas compañías entren en causa legal de disolución.
La medida se incluyó dentro del Real Decreto-ley 16/2025, aprobado el 23 de diciembre por el Consejo de Ministros, bajo el paraguas de medidas sociales urgentes. Sin embargo, junto a la moratoria antidesahucios, el texto volvió a incorporar la extensión de una norma excepcional que blinda a empresas con severos desequilibrios financieros. Desde 2020, el Gobierno ha ido prorrogando esta moratoria contable alegando sucesivas crisis: primero la covid-19, después la guerra de Ucrania y, más recientemente, los efectos de la dana.
El argumento oficial sostiene que la exclusión de pérdidas extraordinarias permite proteger empresas viables que atraviesan dificultades coyunturales. No obstante, la reiteración de prórrogas ha generado críticas por crear un blindaje económico artificial, especialmente en casos como Plus Ultra, que cerró 2024 con un patrimonio neto negativo de 40,5 millones de euros. Su auditor advierte de riesgos significativos sobre la continuidad de la compañía, que solo evita el concurso gracias al decreto antiquiebras y a los préstamos participativos de la SEPI.
La aerolínea deberá afrontar en 2026 el pago de 19 millones del préstamo covid y en 2028 otros 34 millones del crédito participativo, mientras su rescate sigue bajo investigación judicial para esclarecer el destino de los 53 millones recibidos.
La situación de Air Europa no es muy distinta. En 2024 presentó un patrimonio negativo de 349,7 millones de euros. Aunque ha devuelto íntegramente los 475 millones del rescate de la SEPI, la prórroga del decreto antiquiebras le concede al menos dos años adicionales para ajustar sus cuentas sin afrontar la disolución.
