La amnistía de Sumar abarcaría a los dirigentes del golpe separatista, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los encausados por los disturbios promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas en el otoño de 2019.
Así se recoge en el ‘Dictamen sobre una propuesta de ley de amnistía’ que la formación ha presentado este martes. El documento sí perdonaría las «actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminadas a impedir la celebración del proceso participativo y el referéndum». El dictamen criminaliza a la Policía porque recoge que quedarían «fuera del ámbito de aplicación de la amnistía las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado susceptibles de ser calificadas como delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral o de delito de detenciones ilegales».
Tal y como estaba previsto, la amnistía beneficiaría a los líderes del golpe, tanto a los que ya están condenados como los que permanecen procesados en rebeldía y huidos de la Justicia. El texto no hace mención expresa a sus nombres, pero la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación.
También afectaría a los dirigentes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart —condenados por desórdenes públicos tras la reforma—, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsejeros Josep Rull y Joaquín Forn —condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal—, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.
Y a los prófugos de la Justicia Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, sobre los que pesa una orden nacional de detención por delitos de desobediencia y malversación.
Según la propuesta de Sumar, se amnistiaría además a aquellas personas procesadas por las protestas que surgieron al conocerse la sentencia del golpe separatista, dictada el 14 de octubre de 2019. Asimismo, se menciona a los «50 cargos de la Generalidad (que) siguen sometidos todavía a procedimientos penales por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre» de 2017 y los «más de 700 alcaldes (que) fueron investigados por apoyarlo».
La propuesta también contempla el procedimiento que se sigue contra ex altos cargos catalanes —incluido el expresidente Artur Mas— encausados en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable de las consultas separatistas del 9-N y el 1-O. Y acota su amnistía a un contexto temporal que comprende desde el 1 de enero de 2013, como el «inicio del proceso reivindicativo del derecho a decidir en Cataluña», y el 17 de agosto de 2023, «como fecha de conclusión de esa situación especial».
