El Congreso acordó el pasado martes tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de los 500.000 inmigrantes ilegales que se encuentran en España antes del 1 de noviembre de 2021.
Sólo se opuso VOX, que indicó que iniciativas así alientan el «efecto llamada». Esta aprobación implica iniciar el trámite del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
Fuentes jurídicas alertan de que existe el riesgo de que se regularice a delincuentes multirreincidentes e incluso a individuos en proceso de alta radicalización islámica. Más de 100.000 menores (muchos de ellos menas) también se podrían beneficiar.
En su intervención en la tribuna del Congreso, la diputada de VOX Rocío de Meer reiteró el «no» rorundo de VOX y declaró que tienen «perfecto derecho» a no querer que España sea Nigeria o Senegal. «Nosotros sí creemos en España. Y queremos que siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio, ni xenofobia, ni racismo, es puro sentido común».
De Meer afirmó que la ILP es «la compañía aseguradora de las mafias de tráfico de personas», de las ONG y de gobiernos como el de Pedro Sánchez: «Es culpable el PSOE, es culpable el Partido Popular, es culpable el PNV, es culpable Podemos, es culpable Sumar… es culpable mucha gente de asociaciones de la sociedad civil, algunas incluso de la Iglesia, como ha reconocido el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal», dijo.
En Andalucía, por ejemplo, se estima que hasta 80.000 inmigrantes que se encuentran en situación ilegal podrán beneficiarse. Los partidarios de la ILP señalan que «la irregularidad supone la invisibilidad frente a las instituciones o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad».
