«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Si los cinco se retiraran, Conde-Pumpido no podría manejar el tribunal

La maniobra para desactivar el «golpe» de Conde-Pumpido desde el TC que los cinco magistrados afines al PP se niegan a ejercer

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Europa Press

El Tribunal Constitucional es la bomba atómica de que dispone el PSOE para controlar el Estado y a los tribunales de verdad. Cuando el Supremo o algún otro tribunal dicta una sentencia que perjudica al partido que controla el régimen español, el TC acaba anulándola o haciendo un apaño, se trate de la legalización del aborto y la eutanasia o del encarcelamiento de la mesa del partido proetarra HB.

Desde que el PSOE dispone de mayoría absoluta en el TC, los hechos que demuestran la condición de satélite de éste se suceden. Negativa de los magistrados progres a apartarse de las causas decisivas para Moncloa; reconocimiento de personalidad jurídica para el Mar Menor; destrucción de la presunción de inocencia de los varones en casos de ‘violencia de género’; anulación de la sentencia de la trama corrupta de los ERE montada por el PSOE andaluz; reforma de los estados de alarma en contra de su doctrina anterior; etc.

Respecto a esta última sentencia, el presidente del organismo (que no es un verdadero tribunal de justicia, tal como lo define la Constitución), Cándido Conde-Pumpido, ha estado maniobrando y hasta amenazando para impedir que la Audiencia Provincial de Sevilla recurriera la sentencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estos días, el fiscal Conde-Pumpido llegó a decir que «cuestionar al TC es cuestionar a la Constitución, cuestionar la legitimidad para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático». Es decir, criticar al bloque socialista que se ha repartido el TC es conspirar contra la democracia.

La última prueba de la condición de tentáculo del PSOE al que ha sido reducido el TC es su conducta respecto a los 16 recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley de Amnistía de los golpistas catalanistas.

A fin de seguir pagando el voto de los siete diputados de Junts en el Congreso para el Gobierno de Pedro Sánchez, el PSOE ha comunicado varias veces al huido Carles Puigdemont que el Tribunal Constitucional se pronunciará antes del verano sobre la Ley de Amnistía y lo hará de tal manera que el delincuente separatista pueda regresar a España.

Confirmando su supeditación a los intereses del Gobierno socialista, Conde-Pumpido ha dicho que el TC dictará sentencia antes del verano. ¡Otra humillación más para los españoles y otro clavo en el Régimen del 78!

Sin embargo, en la Ley Orgánica del TC hay una vía para frenar esta degradación. Se halla en el artículo 14, que reza así: «El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las Salas requerirán asimismo la presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan. En las Secciones se requerirá la presencia de dos miembros, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus tres miembros».

El TC lo componen doce magistrados, por lo que dos tercios suponen ocho de ellos. Según el reparto que han hecho el PSOE y el PP de los miembros del TC, siete son del bando socialista, que votan como soldados adoctrinados, y cinco del bando conservador.

Los magistrados no obedientes a Moncloa son Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías. Si todos ellos se ausentasen de los plenos y las salas, bloquearían el funcionamiento del TC y así rescatarían a esta institución del desprestigio mayúsculo en el que la han hundido Conde-Pumpido.

La disciplina de éste a las conveniencias del presidente del Gobierno es anterior a su elección como presidente del organismo político. En junio de 2021, se decantó, junto a otros cuatro magistrados progubernamentales en contra de la sentencia mayoritaria que consideró que, para enfrentarse a la pandemia, el Gobierno debía haber declarado el estado de excepción en lugar del estado de alarma.

Los cinco magistrados tienen en sus manos la solución para desactivar este atentado permanente contra la justicia y la Constitución. ¿Mantendrán la misma actitud que los diputados y senadores del PP que les nombraron, los cuales se derriten cuando los socialistas invocan la institucionalidad?

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