El 12 de enero la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una de sus medidas estrella para atraer inversión extranjera a Madrid: permitirá desgravarse del 20% del total invertido a quienes no hayan residido en España en cinco años. La deducción podrá ser aplicada en el ejercicio en el que el inversor compre o en los cinco años siguientes.
Este nuevo incentivo fiscal para extranjeros —«nuevos inversores» en el léxico de la Comunidad— pretende servir como «contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez». Según Ayuso «quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio (…) en lo que sea, va a obtener una reducción en su tramo autonómico de la renta correspondiente al 20%». La deducción fiscal, sin embargo, tiene trampa: es condición indispensable que la inversión «venga de fuera de España, concretamente establecemos un límite de al menos cinco años viviendo en el extranjero». La introducción de este requisito podrá calmar a quienes aseguran que Madrid desarrolla estrategias de dumping fiscal para generar —o acumular— riqueza a expensas de la pérdida de capital de otras comunidades autónomas; pero en nada contribuye a solventar el enorme problema que los altos precios de compra y alquiler de vivienda suponen en la región y la ciudad de Madrid, sino que, más bien, continúa agravándolo.
La bonificación fiscal anunciada produce que, en la práctica, extranjeros —y nacionales que hayan pasado «al menos cinco años viviendo en el extranjero»— puedan disfrutar de mejores condiciones para la compra de inmuebles, por ejemplo, que un madrileño o cualquier ciudadano español residente en Madrid. Atenta, por tanto, no solo contra el libre mercado —al establecer condiciones más favorables para unos compradores que otros—, sino también contra el sentido común y el bien ciudadano.
La Comunidad de Madrid asegura que el momento para esta medida es el idóneo y que para mantener el pulso al resto de destinos de inversión en un contexto de fuerte competitividad internacional son necesarias estrategias de captación de flujos para generar alicientes a los inversores. Las políticas fiscales del gobierno de Ayuso y los anteriores gabinetes del Partido Popular han situado a Madrid «como motor económico de España y destino preferente de las inversiones que llegan a nuestro país».
Según el anteproyecto de ley, «entre 2012 y 2021 se ha doblado el flujo de inversiones, con un crecimiento medio anual del 9,7%, casi dos puntos porcentuales por encima de la media de España». De esta forma, «tres de cada cuatro euros que llegan a España como inversión desde el exterior lo hacen a proyectos que se desarrollan en nuestra región». Este innegable flujo de inversiones contribuye de forma importante, según el Gobierno de Madrid, al empleo y a la riqueza de toda la Comunidad. La inversión extranjera media anual en la región es de unos 15.000 millones de euros, lo que genera más de 186.700 empleos —según la Comunidad—, más de 700 millones de recaudación por impuestos y un impacto en el PIB de más de 13.200 millones de euros.
Sin embargo, los precios de los alquileres continúan subiendo en la capital de España desde los mínimos de abril, mayo y junio de 2021 (16,20 €/m2 en el distrito Centro). Pero no es un problema que se limite al casco histórico: el precio medio del metro cuadrado para el alquiler de viviendas en el municipio de Madrid se sitúa en los 16,6 € (15,2 €/m2 en la Comunidad), y muestra una tendencia alcista que, de seguir así, pronto alcanzará el anterior máximo histórico, el registrado en mayo de 2020 (16,8 €/m2 en el municipio y 15,4 €/m2 en la región). En aquella ocasión, la tendencia de incremento gradual del precio del alquiler en Madrid fue interrumpida por la irrupción de la pandemia, que devolvió el precio medio por metro cuadrado a los valores registrados a comienzos de 2018. Y es que, de hecho, en el municipio el precio medio se mantiene por encima de los 14,5 € desde finales de 2017. Ni siquiera en los peores momentos de la pandemia se registraron caídas superiores a ese tope, muy lejano, por cierto, a los mínimos de 2013 y 2014: 11,2 €/m2 en el municipio y 9,8 €/m2 en la Comunidad.
Las cifras referentes al precio medio de venta por m2 no son más halagüeñas, ya que el pasado febrero se alcanzó el nuevo máximo histórico: 3.995 euros por metro cuadrado (3.176 €/m2 en el total de la Comunidad). El anterior pico histórico se registró en julio de 2019: 3.822 €/m2 en el municipio y 2.843 € en la región. Ni siquiera las cifras registradas durante los meses anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007 superaron estas marcas.
El problema de la ciudad Madrid con la vivienda viene de lejos: en diciembre de 2022, el precio medio por metro cuadrado en el centro de la villa era de 20,30 €, cifra muy superior al anterior máximo histórico, 18,80 €, de diciembre de 2008, año inicial de la crisis mundial.
Parte de la subida de los precios de alquileres en los barrios más céntricos está provocada por la acumulación de patrimonio inmueble por parte de grandes fortunas para su explotación como apartamentos turísticos, especialmente en el distrito Centro de Madrid, donde este problema más se agudiza. El casco histórico soporta el 52% del total de viviendas dedicadas al alquiler turístico en la ciudad, a pesar de que su superficie supone apenas el 1% de la capital (5,23 kilómetros cuadrados frente a 604,3). La acumulación de vivienda provoca que ésta se encuentre fuera del mercado para el residente, ya que el parque destinado al alquiler turístico se oferta por noches o semanas, no por meses o años: apenas está disponible para estancias de más de 30 días el 6,5%. Además, solo uno de cada tres arrendadores dedica un único piso al alquiler turístico: la gran mayoría de ellos oferta más de un piso, y no pocos de ellos, hasta más de diez.
Al final del día, los incentivos fiscales a extranjeros suponen la venta paulatina de la región de Madrid y una importante causa de gentrificación, proceso social por el cual la población residente se ve desplazada de sus barrios por el encarecimiento de la vida en ellos tras la llegada de fuertes inversiones. La recuperación de espacios en los barrios degradados es esencial, pero debe hacerse para el ciudadano, y no de espaldas a él: considerando el entorno, su historia, su identidad y sus características. De otro modo, lo nuestro terminará siendo un mero decorado sin raíces, sin historia y sin residentes en manos de un capital extranjero.
Las deducciones fiscales de Ayuso se basan en la curva de Laffer, la relación teórica entre el nivel de impuestos y la recaudación: se arguye que, a menores impuestos, mayor recaudación, ya que el ciudadano tiene —y gasta— más dinero. En Madrid, el efecto Laffer no es una teoría, sino realidad, y la Comunidad es la región de España que más ingresa, aun teniendo menos y menores impuestos que otras comunidades autónomas. Con frecuencia, el ejecutivo de Ayuso ha enfrentado críticas de otros gobiernos regionales, quienes acusan a la madrileña de desarrollar estrategias de dumping fiscal al extraer capital de sus comunidades, algo que —consideran— supone competencia desleal y sienta las bases de una guerra fiscal.
Pero la última medida anunciada por el Gobierno de Ayuso —y ahora aplazada hasta nuevo aviso tras las declaraciones de Rocío Monasterio y Santiago Abascal sobre la propuesta— da un paso en una nueva dirección, al discriminar al inversor nacional frente a la fortuna extranjera. Ambos dirigentes de Vox han manifestado que su formación no apoyará la rebaja fiscal mientras beneficie únicamente a los inversores extranjeros y aspiran a que el proyecto se modifique para que los ciudadanos madrileños puedan disfrutar de las mismas ventajas. Este mismo mes, el voto a favor de ambos partidos logró la aprobación en la Asamblea de Madrid de una nueva rebaja fiscal para favorecer la natalidad y la compra de vivienda, medida de la que se beneficiarán casi 100.000 familias madrileñas.
Afianzar la región de Madrid como nodo de actividad empresarial, motor económico y gran hub de inversiones puede ser un objetivo muy loable, pero dejará de serlo en el mismo momento en el que la estrategia pierda de vista su fin último: aumentar el bienestar de los madrileños y del resto de españoles, financiar servicios sociales, y generar y distribuir riqueza. Una mayor demanda de activos inmuebles no contribuirá a paliar el problema de Madrid con la vivienda, sino a agravarlo todavía más. La economía, como la política, debe servir al hombre; y no al contrario. Porque, si se deja de lado al ciudadano, ¿para qué atraer inversiones? ¿Para quién?
