El caso del alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, entra en una nueva fase decisiva. Varias de las mujeres que denunciaron públicamente haber sido víctimas de acoso sexual por parte del dirigente socialista han iniciado los trámites para acudir a la Fiscalía y poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos que, según sostienen, llevan meses sin respuesta por parte del partido.
El movimiento se produce el mismo día en que Tomé ha sido relevado al frente de la Diputación de Lugo, presidencia que ocupó durante seis años de forma simultánea a la dirección provincial del PSOE. La sucesión ha quedado en manos de Carmela López, también socialista, mientras Tomé mantiene el bastón de mando en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos.
Según ha podido confirmar Abc, al menos seis mujeres han denunciado a través de los canales internos del partido presuntos comportamientos machistas del alcalde. Pese a abandonar sus cargos orgánicos y la presidencia de la Diputación, Tomé se ha aferrado al cargo municipal, desde el que seguirá gobernando hasta 2027 tras romper con la disciplina socialista junto a todo su equipo de gobierno.
Desde que el programa Código 10 destapó el caso a principios de diciembre, las denunciantes mantuvieron un contacto constante para presionar al partido y forzar una dimisión total. El resultado ha sido parcial. Ferraz se negó a acudir a la Fiscalía, una exigencia expresa de las víctimas, y tampoco actuó en otros casos internos, como el de Francisco Salazar.
Tras más de un mes sin movimientos por parte de la Ejecutiva Federal, las mujeres decidieron dar el paso definitivo. Preparan un escrito «bien armado» con el objetivo de obligar a la apertura de un procedimiento penal. Desde el entorno de una de las víctimas explican: «Nos hemos sentido muy solas, muy indefensas y en algunos momentos incluso señaladas y amenazadas por quienes supuestamente debían protegernos«. Esa sensación de abandono se mantiene desde que el caso salió a la luz hasta hoy.
En el escrito que llegará a la Fiscalía no solo se relatan los hechos atribuidos a Tomé, que él siempre ha negado, sino que también se pone el foco en el conocimiento previo que tuvieron dirigentes del socialismo gallego. Según las denunciantes, los principales líderes del PSdeG conocieron las denuncias semanas antes de su publicación en los medios y no actuaron.
El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, negó en un primer momento haber sabido nada hasta que estalló el escándalo. Días después rectificó, aunque trató de justificar su versión inicial.
Ya fuera del PSOE, José Tomé continuará como alcalde como independiente y como diputado no adscrito en la Diputación, cargo al que accedió por designación socialista. La formación se ha quedado sin representación en el segundo municipio más grande de la provincia de Lugo tras la salida en bloque de los concejales.
Fuentes consultadas por este periódico apuntan a un pacto tácito para no forzar su salida inmediata a cambio de facilitar una transición ordenada de cara a las elecciones municipales de 2027. En esa estrategia encaja que Tomé haya permitido que su relevo en la Diputación siga en manos del PSOE.
En ese escenario aparece el nombre de su hijo, también afiliado al partido, con pasado sindical en UGT y un perfil muy similar al de su padre. En el PSdeG se le ve como una opción para mantener el control del Ayuntamiento y prolongar una dinastía política que ahora queda bajo sospecha.
La decisión de acudir a la Fiscalía coincide con una creciente rebelión interna de las mujeres socialistas. La gestión de una decena de casos de acoso conocidos en las últimas semanas, marcada por el abandono inicial de las víctimas y la tibieza frente a los señalados, ha provocado una fractura interna. Más de medio millar de afiliadas han firmado ya un manifiesto impulsado por feministas históricas del partido para exigir al secretario general, Pedro Sánchez, una cumbre urgente.
«Esto no ha hecho nada más que empezar», asegura una de las firmantes, convencida de que las adhesiones seguirán creciendo. Denuncian que nadie en la Ejecutiva Federal ha asumido responsabilidades y señalan directamente a la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, a la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y al propio Sánchez como responsable último.
También cargan contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que reprochan meses de silencio ante las denunciantes socialistas, frente a la rapidez con la que citó a la denunciante del caso Adolfo Suárez. Para las víctimas de Monforte, la vía penal ya no es una opción, sino la única salida tras el cierre de filas del partido.
