El Ministerio Público (MP) de Venezuela ha anunciado este jueves la designación de dos fiscales para investigar a los «traidores a la patria» que respaldaron las sanciones económicas de Estados Unidos contra este país el pasado viernes y que fueron aplaudidas por la oposición venezolana.
«Hemos designado en este caso también dos fiscales del MP que van a investigar estos hechos y sepan ustedes algo (…) qué interesante que prácticamente el primer artículo (del Código Penal) cuando usted comienza a leer te habla de estos supuestos que usted ha señalado, de traición a la patria», ha dicho el fiscal general, Tarek Saab.
Dos días después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobara iniciar un «juicio histórico» contra los «traidores a la patria» que pidieron y apoyaron las sanciones, el fiscal ha explicado que la investigación se centrará en quienes hicieron un «escandaloso llamado a intervención militar, no sólo a bloqueo económico».
Saab ha hecho este anuncio en una rueda de prensa en la sede del MP en Caracas, en la que ha resaltado la gravedad de la postura de la que el oficialismo acusa a la oposición, que sí ha respaldado las sanciones pero rechazó la «opción militar» para Venezuela que dijo contemplar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
«Sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una Justicia imparcial de Venezuela», declaró la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en un comunicado emitido el domingo.
«Se ha llamado al ahogo económico del país. Eso perjudica desde al empresario emprendedor que quiere producir puestos de trabajo, generar una riqueza sana y lícita, darle a Venezuela los bienes que necesita, hasta al más humilde campesino», ha afirmado Saab, nombrado fiscal por la ANC el 5 de agosto como relevo de Luisa Ortega Díaz.
Una orden ejecutiva de la Administración estadounidense prohibió específicamente las «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal», así como las «negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, y pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela».
Estados Unidos aplicó estas medidas contra el Gobierno de Nicolás Maduro tras instaurar este la Asamblea Nacional Constituyente un órgano plenipotenciario para refundar el Estado que está integrado únicamente por oficialistas y ha sido denunciado por sus detractores como un instrumento para consolidar una dictadura en el país.
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