El separatismo ha despertado a la llamada ‘mayoría silenciosa’, en Cataluña y en el resto de España, donde banderas rojigualdas decoran desde hace semanas los balcones. El país ha tomado conciencia del peligro fragmentador del nacionalismo y empiezan a plantearse incluso cambios en el sistema educativo. Estas son las consecuencias positivas del procés.
1. Patriotismo. España se une frente al separatismo
Los balcones de toda España lucen engalanados con banderas nacionales, se han producido manifestaciones espontáneas por todo el país clamando por la unidad, han aparecido fenómenos virales en las redes sociales de catalanes que por primera vez levantaban la voz contra el nacionalismo orgánico y, sobre todo, Barcelona ha reunido a centenares de miles de españoles resueltos a impedir la mutilación del país. En dos ocasiones y con sólo quince días de diferencia. Algo impensable hace sólo dos meses.
La intentona golpista ha desvelado una realidad durante demasiado tiempo oculta: hay Nación. Permanece el hilo invisible que une a los españoles de las cincuenta y dos provincias. Existe una comunidad política llamada España, varias veces secular y forjada a base de poderosos vínculos culturales y afectivos que no será tan fácil destruir como algunos creyeron.
2. Cambia la dinámica histórica
No es ningún secreto que la Constitución de 1978 buscó dar satisfacción a los movimientos nacionalistas vasco y catalán. El propio diseño territorial español es, en gran medida, la respuesta a la demanda de descentralización del PNV y el catalanismo. Mas no fue suficiente. Para los nacionalismos, y luego para las élites políticas regionales de resto de España, la exigencia de nuevas competencias ha sido una constante. En parte por la coyuntura política y en parte por complejos mal resueltos, el Estado lleva cuarenta años instalado en una dinámica de cesión permanente hacia las administraciones regionales, particularmente la vasca y la catalana. Impuestos, televisiones, Educación, Seguridad, Sanidad. El vaciado de atribuciones ha sido de tal magnitud que “el Estado es hoy residual en Cataluña”, al decir de Pasqual Maragall.
Con la aplicación del Artículo 155, por primera vez, y aunque sea con carácter temporal, se rompe la dinámica. El control de la Comunidad Autónoma de Cataluña hace visible al Estado, invoca su autoridad y rompe un viejo tabú según el cual cualquier oposición al nacionalismo sería contestada masivamente en las calles.
Hay un precedente: se ilegalizó a Batasuna y se frenó a Ibarretxe y hoy ETA es irrelevante y la pulsión separatista en el País Vasco está en mínimos históricos.
3. Podemos, víctima de su propia hispanofobia
“¡Esa izquierda cómplice que se dice que no es nacionalista, pero que se va detrás de los nacionalistas y les baila el agua! ¿Qué hace esta izquierda que no está aquí, como lo está la izquierda real?”. Fueron las palabras que dedicó el exsecretario general del PCE y de Izquierda Unida, Paco Frutos a Podemos, los llamados ‘comuns’ y sus organizaciones satélites durante la manifestación del pasado domingo.
En un editorial del pasado veinte de septiembre de título “Podemos, cómplice”, el diario El País acusaba directamente a Pablo Iglesias de subirse al carro del separatismo “para obtener los réditos que no logró con la moción de censura, ampliar su acción con ruido mediático y callejero y canibalizar parte de los apoyos del PSOE”.
Lo estrategia suicida de Podemos durante la crisis ha llevado incluso a su secretario de Organización, Pablo Echenique, a intentar desprestigiar las manifestaciones por la unidad en Barcelona, calificándolas como “de extrema derecha” y asegurando que eran convocadas por “los que odian a los rojos, a los gays, a los inmigrantes y a los catalanes”.
Si la manifestación la convocan los que odian a los gays, a los inmigrantes, a los rojos y a los catalanes, a lo mejor para unir cosas no es
— Pablo Echenique (@pnique) 28 de octubre de 2017
El papel de la formación de Pablo Iglesias en esta crisis está causando incomodidad incluso entre sus propias filas. El primero en denunciar la situación fue Alberto Garzón, que alertaba que «cuando el derecho de autodeterminación lo exigen las partes más ricas hay que sospechar”. La semana pasada hablaba Carolina Bescansa, que pidió al partido que hablase “más a España y no solo a los independentistas” y recordó que Podemos es un partido «español» y «estatal» pero «se ha olvidado de contarlo”. Bescansa, es menester señalarlo, ha sido la socióloga de la formación hasta su defenestración. Y es que las encuestas arrojan cada vez peores resultados a los de Iglesias. Según GAD3, Podemos perdería 16 escaños, bajando incluso hasta el cuarto puesto, superado por Ciudadanos.
Una encuesta de hoy mismo señala que «Unidos Podemos se descalabra, con una caída de casi seis puntos -una pérdida del 27,5 % de los votos, casi un tercio- respecto a lo que obtuvieron en las elecciones generales de junio de 2016″.
4. El socialismo, contra el golpe
Con el PSC ha ocurrido lo contrario que con Podemos. Los socialistas catalanes han ido modulando sus posiciones desde la defensa del derecho de autodeterminación de Pere Navarro hasta la concurrencia de Miquel Iceta a la masiva manifestación del pasado domingo junto a Inés Arrimadas y Xavier García Albiol.
El partido hermano del PSOE sigue, en realidad, la dinámica de de la izquierda moderada y que se ha venido haciendo visible en las manifestaciones de personalidades como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Isabel Coixet.
El PSOE al completo se ha conjurado para hacer frente al desafío separatista, incluido el Secretario General que pese a las enormes diferencias que le separan de Rajoy ha cerrado filas con el Ejecutivo. Además del apoyo político, Pedro Sánchez y su equipo están elaborando una narrativa de deslegitimación del nacionalismo desde la izquierda: «¿Es de izquierdas defender a los que proclaman la independencia como consecuencia de una insolidaridad con otras regiones de España por el mero hecho que pagan más recursos?”. «No atisbo la bandera de la izquierda en la causa secesionista”.
5. Se refuerza el compromiso internacional con la unidad de España
Pese a las promesas del separatismo, ningún país del mundo ha reconocido la pretendida ‘república catalana’. Ni siquiera los presuntamente afines al mensaje de la Generalitat. Por el contrario, a medida que el Govern ha ido quemando etapas, las cancillerías europeas y Bruselas han ido endureciendo su mensaje contra la Generalitat.
El presidente Consejo Europeo, Donald Tusk, recordaba que la ley «debe ser respetada por todos los actores de la vida pública», y el de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, subrayaba que la «fuerza del derecho» es la base fundamental de la UE. Quizá el más contundente de todos esté siendo el italiano Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, que ha advertido que «a nadie se le ocurre en la Unión Europea saltarse las normas que nos hemos dado entre todos. Los Tratados se pueden cambiar, pero mientras el Derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación”. Y a los pocos días insistía: “Si no hay marco jurídico y respeto a las leyes, vamos a la muerte de Europa” y lanzaba un mensaje que el paso de los días ha confirmado: «Hay que ser claro con los catalanes: nadie va a reconocer la independencia”.
Además, a medida que Puigdemont y su gobierno han ido violando leyes, desde Europa se ha ido abandonando la idea del ‘diálogo’ o la ‘mediación’. De unos días a esta parte en Bruselas parecen haber comprendido la naturaleza del movimiento separatista. Junker advertía: “No quiero que la Unión Europea mañana esté compuesta de 95 Estados” y se mostraba contrario “a todos los separatismos”.
6. Los españoles toman conciencia del peligro
Hasta hace pocas fechas eran escasos los políticos españoles los que tenían conciencia del riesgo que entrañaba el nacionalismo que se viene incubando en Cataluña desde hace décadas. Muy pocos eran los que se atrevían a denunciarlos y, por lo general, eran tachados de alarmistas o españolistas. Durante años se ha ignorado el problema y los diferentes gobiernos han preferido mirar hacia otro lado. La crisis de Estado desatada por el procés, la más grave desde la recuperación de la democrática, ha supuesto un choque abrupto con la realidad. Será difícil que a partir de ahora se minusvalore la capacidad destructiva de los nacionalismos fragmentarios. Y será difícil que el nacionalismo catalán recupere la respetabilidad que en un tiempo disfrutó. Se rompe así una narrativa de décadas que situaba al ‘nacionalismo moderado’ como un movimiento integrador e incluso con cierto sentido de Estado. El golpe al sistema constitucional, las violaciones continuadas de la legalidad, la persecución de policías y Guardias Civiles, la encerrona al Rey durante la manifestación contra el terrorismo o el supremacismo identitario aparecen ahora abruptamente, todo de golpe, para aquellos que durante cuatro décadas habían preferido mirar a otro lado. Millones de españoles toman ahora conciencia de un movimiento político que horroriza más cuanto más se conoce.
7. Educación, ¿y si abrimos la Caja de Pandora?
En coherencia con lo anterior, se ha abierto también el debate sobre el sistema educativo al que se está sometiendo a los niños catalanes. Un tabú hasta hace pocos años. Un asunto que nadie se ha atrevido a abordar y que la crisis separatista ha puesto también sobre la mesa.
Juan Arza, uno de los fundadores de Societat Civil Catalana, denunciaba en este mismo periódico que estos días “ha quedado en evidencia ante los ojos de todo el mundo lo que ocurre en la sociedad catalana en general, y concretamente en colegios y universidades. Muchos profesores se comportan como misioneros nacionalistas. El Estado debe recuperar su control sobre la educación e impedir que el adoctrinamiento continúe”.
Ciudadanos llevó hace pocos días una iniciativa al Congreso contra el adoctrinamiento político en los centros escolares que, si bien fue rechazada, puso en la agenda política y mediática un problema que no podrá ignorarse durante mucho más tiempo. Al menos no el Partido Popular, que podría verse perjudicado electoralmente si no atiende a los requerimientos de cada vez más padres que denuncian ‘adoctrinamiento político’ en las aulas catalanas.
«Creíamos que iba a ser el Gobierno quien iba a ayudar. Nosotros no vamos a permanecer paralizados”, decía Rivera tras fracasar su iniciativa en Las Cortes. El partido naranja insistirá en su propuesta de ley para crear una agencia independiente que inspeccione los centros docentes para «garantizar la neutralidad ideológica y política”.
Por vez primera algunos funcionarios se atreven a hablar públicamente de la situación. El inspector de Educación en Barcelona Jordi Cantallops denunciaba en el diario El Mundo un “adoctrinamiento identitario excluyente consustancial al sistema educativo”. Fijaba el inicio del proceso de ingeniería nacional: “desde que se transfirieron las competencias de educación”. También un grupo de profesores, el sindicato AMES, ha roto el silencio y ha lanzado un dossier con 25 denuncias de adoctrinamiento político escolar recogidos por los medios de comunicación y a las que el Gobierno de España tendrá que atender.
8. La omnipotente CIU se desmorona
El expresidente Josep Tarradellas denunciaba en 1985 la existencia de “una dictadura blanca muy peligrosa, que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte”. Se refería a su sucesor al frente de la Generalitat, Jordi Pujol.
Unos años antes, en 1981, Tarradellas enviaba una carta al director de La Vanguardia, Horacio Sáenz Guerrero, en la que le alertaba de que con Jordi Pujol “la división cada día será más profunda y se alejará más y más de nuestros propósitos de consolidar para nosotros y para España la democracia y la libertad a la vez que los equívocos que surgirán entre nosotros serán cada día más graves”.
Pasaron los años y Convergència i Unió se convirtió en una máquina de ganar elecciones. Pujol presidió la Generalitat durante 23 años y puso las bases de un proceso independentista por fases (“Avui paciència, demà independència”) que en los últimos años ha pisado definitivamente el acelerador.
El 28 de octubre de 1990 El País hizo público un documento interno de CIU en el que se proyectaba “la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales”. El responsable de la exclusiva y luego director de La Vanguardia, José Antioch, denunciaba “la obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos”. Se trataba del llamado “Programa 2000”, una obra coral de Jordi Pujol, Roca y los consellers de Economía, Educación y Sanidad de finales de los años ochenta.
Nada hacía pensar que la todopoderosa CIU acabaría estallando en mil pedazos. El 18 de junio de 2015 Unió decidió abandonar un barco que, entendían, iba directo a las rocas. Ramon Espadaler, Joana Ortega y Josep Maria Pelegrí dejaron el Govern. CIU pasaba a ser Convergència. Pocos meses después, abrasada la marca por los casos de corrupción y el divorcio con Unió, Artur Mas enterró la formación que fundara Pujol en el monasterio de Montserrat en 1974. Convergència pasaba a llamarse “Democràcia i Llibertat”. Así se presentaron a las elecciones del 20 de diciembre. El verano siguiente, en julio de 2016, se vuelve a producir un cambio de nombre: Partit Demòcrata Català.
Justo un año después, ya este verano, Puigdemont se vio obligado a relevar a los consellers Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz. Sólo una semana antes el president ya había cesado al conseller de Empresa, Jordi Baiget. Y en la víspera de la votación en la que se declaró la independencia salió el último: Santi Vila.
Hoy, como es sabido, Puigdemont y cinco consellers (dos del PDeCAT), son prófugos de la justicia y se enfrentan a penas de treinta años. Las mejores encuestas sitúan el partido en el quinto lugar del Parlament.
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