El Congreso exigió en octubre de 2018 la dimisión de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, la próxima fiscal general del Estado, a raíz del caso Villarejo, en una moción del PP aprobada mayoritariamente por el pleno con 166 votos a favor, 91 en contra y 83 decisivas abstenciones de Podemos y ERC.
Estas abstenciones facilitaron que la iniciativa del PP saliera adelante, ya que únicamente fue rechazada por los diputados socialistas y los del PNV frente a una mayoría en la que los populares sí lograron recabar el respaldo de Ciudadanos.
Precisamente, el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien reemplaza en el cargo a Delgado en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, fue en aquella ocasión el diputado portavoz encargado de fijar la posición del grupo socialista.
Campo criticó que se pidiera el cese de Delgado sin darle la oportunidad de explicarse, actitud que comparó con la Inquisición, y criticó duramente que se utilizara a una persona como Villarejo, en prisión preventiva por delitos muy graves, para acabar con el adversario político.
Mediante la moción del PP el Congreso pedía la dimisión a la entonces ministra, y al mismo tiempo instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destituirla en caso de que ella no accediera a marcharse.
Delgado ya había sido reprobada el 25 de septiembre por el Senado, donde el PP tenía mayoría absoluta, por no haber defendido con diligencia y desde el primer momento en Bélgica al juez instructor del «procés», Pablo Llarena.
La moción de los populares presentada en el Congreso incidía en su relación con el excomisario José Manuel Villarejo, exponente de las denominadas «cloacas del Estado» y censuraba su «ausencia completa de ejemplaridad», en palabras de la diputada del PP María Jesús Moro.
El PSOE, que en este asunto no contó con el apoyo de su socio preferente, Unidas Podemos, no pudo evitar que el 9 de octubre la Cámara Baja reclamara el cese de Delgado por estos supuestos vínculos con Villarejo, que ella limitaba a haber coincidido con él en algunos eventos.
La diputada de Podemos Gloria Elizo apostó en aquel pleno por investigar todas las filtraciones relacionadas con Villarejo y dejar de mirar para otro lado ante las «mentiras de las cloacas» y la existencia de «una policía política que elaboraba dosieres falsos contra adversarios políticos», entre ellos Pablo Iglesias.
Precisamente, el líder de Podemos había exigido también la dimisión de Delgado por el caso Villarejo el mismo día en que el Senado aprobaba su reprobación; en concreto, Iglesias pidió que se alejara «de la vida política».
«Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura de las cloacas de Interior en nuestro país debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura», afirmó entonces en los pasillos del Congreso.
La situación de Delgado fue objeto más adelante de otra iniciativa de reprobación por parte del PP, votada el 22 de noviembre, y que también salió adelante, aunque en aquel pleno Unidos Podemos ya votó en contra, junto al PSOE.
Se aprobó con cinco votos de diferencia, 167 del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, 162 en contra de PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís y once abstenciones, decisivas para que se aprobara, de los diputados de ERC y EH Bildu.