Rajoy y Sánchez han justificado este acuerdo en la situación creada ante la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat por su «discurso político frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas».
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Pedro Sánchez, han acordado ofrecer una respuesta «pactada y proporcional» en defensa de la legalidad en Cataluña frente «a cualquier eventual desafío», según un comunicado conjunto tras la reunión que han mantenido en la Moncloa.
Este acuerdo queda abierto a «todas las fuerzas políticas» tanto a las que apoyaron la aplicación del 155 como «a cualquier otra que desee mostrar su compromiso con las instituciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico».
Además, en el comunicado Rajoy y Sánchez han trasladado a la sociedad un mensaje de «serenidad y firmeza» en defensa de la «concordia civil, la legalidad vigente y la unidad de España», y se han comprometido a reforzar su acuerdo político a favor del orden constitucional en España y ante «los socios europeos».
Tanto el presidente del Gobierno como el secretario general de los socialistas han dejado claro el rechazo a cualquier intento de poner en marcha estructuras políticas «distintas a las únicas válidas, que son aquellas contempladas en la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña».
Rajoy y Sánchez se han comprometido a que se vigile el cumplimiento de la legalidad y que esa «vigilancia» se haga extensiva a los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat «para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos».
Se volverá a aplicar el 155
En la rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Sánchez ha insistido en que el debate no es si va a haber o no el 155 porque «lo habría, en condicional» en el caso de que el nuevo Govern cree infraestructuras institucionales fuera de la legalidad, y la cuestión sería determinar «cuándo».
En todo caso, ha explicado que sería un artículo 155 «de manera diferente» y con una aplicación «de otra naturaleza», sin que esto suponga volver a ir a elecciones.
No ha querido entrar a valorar si su aplicación se podría desencadenar en el caso de que Torra configure un Gobierno con consellers en prisión, porque la «legalidad» o no de esta medida la tienen que determinar los jueces.
A su juicio, las declaraciones del nuevo presidente de la Generalitat sí que son «una provocación y despropósito, desde el punto de vista político».
Los populares celebrar la unidad
En rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado que los populares reconocen y agradecen el «sentido de Estado y la defensa del interés general» mostrados por el PSOE y Sánchez.
Y ha subrayado que Rajoy pedirá a Rivera el jueves el mismo compromiso, así como el de mantener la unidad de acción ante el eventual mantenimiento de dicho desafío.
«Tú formaste parte del acuerdo y sabes lo que firmaste», ha dicho Maíllo en un mensaje dirigido a Ciudadanos, con cuyo secretario general, José Manuel Villegas, ya ha hablado.
Ha recordado así que tanto PSOE como Cs apoyaron «de la primera a la última letra» la aplicación del 155 así como el hecho de que debía finalizar cuando se constituyese un Govern.
Y ante las críticas de Ciudadanos, que ahora hablan de una aplicación «blanda» de dicho artículo, ha señalado que la respuesta, que apoyó también Cs, fue «contundente y firme».
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Además ha afirmado que ha sido elegido un «radical» y un «xenófobo» como presidente de la Generalitat, pero ha advertido de que esas son las «reglas de la democracia» y por eso a quien hay que reprochar dicha elección es a los independentistas y no al PP.
Los cinco acuerdos con el PP
Sánchez ha explicado que ha pactado con Rajoy cinco acuerdos, entre ellos que la respuesta ante cualquier desafío que se plantee desde la Generalitat tiene que ser «firme, serena, proporcional y desde la unidad», además de que «no se van a permitir estructuras paralelas» y las cuentas seguirán supervisadas por el Gobierno.
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