Durante el mes de octubre más de 4.000 inmigrantes ilegales han llegado a las Islas Canarias en lo que parece una oleada imparable de desembarco de cayucos en el archipiélago.
Mientras el Gobierno del presidente en funciones, Pedro Sánchez, mira hacia otro lado, el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha insistido este lunes en las propuestas de su formación para combatir la inmigración ilegal.
Garriga ha denunciado que, una semana más, la crisis migratoria en Canarias se ha recrudecido «sin respuesta del Gobierno», que es «responsable de agravar la situación en torno a la inmigración y en torno a la seguridad». «Son los responsables de haber contribuido a rendir nuestras fronteras y alentar la inmigración con ayudas públicas que en muchos casos niegan a las familias españolas», ha añadido.
En este punto ha considerado imprescindible que se refuercen los controles fronterizos para restringir la entrada de ilegales en el país, que se deporte a quienes permanezcan en España de forma ilegal, que se persiga a las mafias de tráfico de inmigrantes y «no se destine ni un euro a todas las asociaciones o entidades que contribuyen a que este drama azote de manera más grave la nación».
En la Agenda España, que recoge las principales medidas del partido de Santiago Abascal y que es contraria a la Agenda 2030 apoyada por socialistas, comunistas y populares, VOX insiste en que «las políticas de fronteras abiertas y las sociedades multiculturales han fracasado en Occidente» y que «el avance del globalismo amenaza la preservación de la identidad cultural de las naciones, socava su soberanía y pone en jaque el Estado social». «Toda nación tiene derecho a regular las condiciones de entrada de quienes aspiran a vivir en ella. La inmigración debe ser legal, controlada», añade.
En este contexto, VOX propone la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España; la eliminación de las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y de las subvenciones a ONG, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal; el cierre de los centros de menas que crean «inseguridad» en los barrios; y el cierre de las mezquitas fundamentalistas y la prohibición de su financiación por parte de Estados u organizaciones extranjeras.
