La Generalitat de Cataluña de Salvador Illa ha aprobado la concesión de un crédito de 25 millones de euros a la empresa OpenChip, una compañía centrada en el desarrollo de microprocesadores con el objetivo de reforzar la llamada soberanía tecnológica europea.
La decisión, adoptada por el Consejo Ejecutivo esta semana y avanzada por The Objective, no llega sin condiciones. El Govern ha supeditado esta financiación a la introducción de cambios en la gestión interna de la empresa, así como a la puesta en marcha de un plan de ajuste orientado a contener el gasto. El préstamo contempla además un periodo de carencia de ocho meses y un interés fijado en euríbor más un 3%, superior al habitual en otras operaciones públicas vinculadas al ámbito tecnológico.
OpenChip, fundada en 2021 y con previsión de iniciar la fabricación de chips en 2028, ya había estado en el foco de la polémica en sus primeros pasos por recibir importantes cantidades de dinero público pese a contar con escasa actividad y una estructura reducida. En sus inicios, la compañía apenas disponía de empleados, aunque sí mantenía un equipo directivo relevante.
Uno de los elementos que ha generado mayor controversia es la presencia en la cúpula de la empresa de Therese Jamaa, actual vicepresidenta de Alianzas Estratégicas y pareja del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.
La firma cuenta con participación pública y privada: cerca del 46% está en manos del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, dependiente tanto del Ministerio de Universidades como de la Generalitat, mientras que el resto pertenece a la tecnológica catalana GTD. Con sede en Barcelona y presencia en varias ciudades europeas, la compañía afirma que sus desarrollos permiten avanzar en campos como la genómica, la investigación climática, la energía o la exploración espacial.
El respaldo institucional a OpenChip no es nuevo. La empresa ha recibido al menos 133 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, situándose entre las compañías privadas más beneficiadas por estas ayudas. Solo en octubre se le concedieron 22 millones adicionales, distribuidos en dos anualidades, con la obligación de destinar esos recursos exclusivamente a los fines para los que fueron otorgados y cumpliendo las exigencias marcadas por la normativa europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Ya en 2023, la sociedad obtuvo otra subvención de 111 millones de euros, apenas unos meses antes de la incorporación de Jamaa. Un año antes, en 2022, la empresa declaraba contar con un único trabajador, registraba pérdidas de 67.500 euros y no había generado ingresos financieros. Su constitución en noviembre de 2021 se realizó con un capital social ligeramente superior a los 3.200 euros.
