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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El separatismo se mofa de la ‘firmeza’ de Rajoy frente al referéndum

El Partido Popular sigue apelando al diálogo para frenar al separatismo mientras Oriol Junqueras eleva el tono consciente de que el Gobierno no evitará que se coloquen las urnas.

En un principio no iba a haber referéndum, ni urnas, ni declaración unilateral de independencia por parte de la Generalitat, o al menos eso aseguraba el Gobierno. Rajoy anunció contundencia y firmeza frente al desafío secesionista. Ahora, según el delegado del Ejecutivo en la región, Enric Millo, puede que haya urnas pero que los votos depositados en ellas no tendrán ‘’garantías’’ ni serán ‘’vinculantes’’. ¿Estamos ante otro 9N?

A pesar del constatado fracaso de la Operación Diálogo encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, el Partido Popular insiste en agotar la vía del diálogo. Mientras tanto, la Generalitat se niega a sentarse a negociar si el Ejecutivo impide la celebración de la consulta ilegal. Y no sólo, eso, sino que el separatismo se mofa del inmovilismo de Rajoy.

Así lo ha dejado claro este miércoles el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, cuando en una entrevista en El Punt Avui-TV ha asegurado que el líder del Gobierno central habla de responder con ‘’proporcionalidad’’ al desafío rupturista porque «sabe que la desproporcionalidad no le ayudaría». Ha pedido a sus correligionarios que sigan con una actitud educada y respetuosa, pero ‘’fuertes’’.

En su intervención en la cadena regional, Junqueras ha respondido así a la pregunta de cómo cree que responderá el Estado al referéndum convocado para el 1 de octubre: «El presidente del Gobierno habla de proporcionalidad porque sabe que la desproporcionalidad no le ayuda. Por lo tanto -ha añadido- cuanto más educados, respetuosos, claros, firmes y fuertes seamos, mejor».

El separatismo es consciente de que el Gobierno no está por la labor de emplear sus armas para frenar el desafío. Rajoy ha preferido escudarse en la justicia y ha hecho de la inacción su forma para intentar solventar la que posiblemente es la crisis más grave que atraviesa España en los últimos años.

Ante otro 9N

Enric Millo ha dejado clara la hoja de ruta del PP para frenar a los secesionistas: diálogo, diálogo y después acudir a los tribunales si se saltan la ley.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el delegado del Gobierno ha garantizado que no se impedirá por la fuerza la colocación de urnas en la región y se ha escudado en que “lo que no habrá seguro es lo que vienen anunciando, un referéndum efectivo, con garantías jurídicas y vinculante”. Urnas sí, referéndum no. Exactamente lo que ocurrió el pasado 9 de noviembre y que el Gobierno, en repetidas ocasiones, ha prometido que no se volvería a repetir.

Preguntado sobre si el Ejecutivo central podría activar una retirada de competencias de Cataluña, ha rehusado responder directamente, pero ha afirmado: «Lo que se tiene que hacer es que no pongan en peligro la autonomía los que se han pensado que pueden imponer de manera absolutista y dictatorial sus ideas, saltándose el marco legal vigente».

En cualquier caso, ha defendido reiteradamente que la «única solución es la vía del diálogo», pero ha acusado a Puigdemont de haber «roto el diálogo y dado la espalda al diálogo» cuando anunció fecha y pregunta para un referéndum que, ha dicho, el Govern «sabe que no se puede hacer», por lo que «engaña» a los catalanes.

En todo caso actuará la justicia

En lugar de hacer uso de las facultades que le otorga la Constitución, el Gobierno vuelve a escudarse en la Justicia y así intentar escurrir el bulto. Según Millo «se anuncia que se desobedecerá, pero no he visto aún a nadie desobedeciendo». Ha argumentado que en caso de que se siga adelante con la convocatoria de un referéndum «fuera del ámbito democrático», entonces «obviamente tendrá consecuencias, pero no dependerá del Gobierno, sino de la justicia».

Pero los tribunales no están por la labor de hacerle el trabajo sucio al Gobierno, tal y como publicaba este miércoles La Razón. Parece ser que, pese a los cambios en el funcionamiento del Tribunal Constitucional que ha aprobado el Gobierno, éste “no aplicará su potestad para suspender a Puigdemont”.

Incluso el PSOE apoya retirar las urnas

Mientras el Gobierno no contempla retirar las urnas por la fuerza el próximo 1 de octubre, los socialistas han remarcado que estarán de su lado si finalmente deciden hacerlo.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha comentado esta semana que el 1-O si «se está teniendo conocimiento de la comisión de un hecho delictivo», como la celebración del referéndum secesionista, «habría que retirar las urnas» en Cataluña.

En declaraciones a Onda Cero, Robles ha recalcado que los separatistas «pueden sacar las urnas» aunque «desde el punto de vista jurídico» no tenga «ningún valor» y ha hecho un llamamiento al «sentido común» para evitar «actos de desobediencia».

Ha considerado que si el 1-O se tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo «habría que retirar las urnas», aunque ha recalcado que hay que ver «si se ponen, cómo se ponen y si se llaman urnas o no».

Robles ha criticado la ley de Transitoriedad registrada por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament, a la que se ha referido como «un bodrio», y ha dicho que la situación en Cataluña es «esperpéntica», aunque lo que está ocurriendo sea «serio y grave».

Ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la partida de los presupuestos catalanes destinada a los gastos del referéndum fue «muy contundente» y ha subrayado que utilizar dinero público para la consulta secesionista constituiría «evidentemente, un delito de malversación de fondos públicos».

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