El sindicato Solidaridad ha interpuesto una denuncia ante Inspección de Trabajo por las condiciones laborales de los traductores contratados por el Congreso para traducir las intervenciones que los diputados hagan en euskera, catalán o gallego. En concreto, la organización sospecha que estos traductores o intérpretes son «falsos autónomos».
En consecuencia, el sindicato ha acudido al organismo dependiente de Trabajo para que «se resuelvan las dudas y se garanticen los derechos de los trabajadores».
El secretario general del sindicato, Rodrigo Alonso, ha indicado que no sería sorprendente que «progresistas e independentistas hayan puesto sus intereses políticos por delante de los derechos de los trabajadores». «Hemos visto muchas veces, como en el caso de los sindicatos UGT y CCOO o de Podemos, que a la hora de despedir a los suyos indemnizan con el mínimo posible por ley», ha apostillado Alonso.
La contratación de estos traductores se hará mediante contratos menores de servicios, con un límite de 15.000 euros hasta final de año para cada traductor. De este modo, superada esa cantidad, la Cámara Baja no podrá volver a contratar los servicios del trabajador. «Todo apunta a que la contratación ha sido una chapuza», ha señalado Rodrigo Alonso.
