El periodista Álvaro Zancajo ha ganado el proceso judicial que mantenía con Radio Televisión Española (RTVE), la empresa a la que pertenece y en la que se encuentra en situación de excedencia, dado que actualmente ejerce como consejero de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). La corporación pública le reclamaba la devolución de 75.000 euros que percibió tras su destitución, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la petición.
Zancajo, antiguo presentador de Informativos de Antena 3, dio el salto a la televisión pública durante el Gobierno de Mariano Rajoy, designado directivo por José Antonio Sánchez, ex presidente de RTVE nombrado en esa época por los populares. Al llegar a Moncloa Pedro Sánchez tras la moción de censura y designar como administradora única a Rosa María Mateo, el periodista fue destituido de su puesto.
El madrileño recurrió su cese ante los tribunales al considerarlo irregular y el Juzgado de lo Social le dio la razón, por lo que la empresa le asignó un sueldo de directivo, pero sin funciones en el área de documentales.
Después RTVE ganó tras recurrir la primera decisión judicial así que le exigió en un nuevo pleito 75.000 euros que había percibido como directivo. La petición la avalaba Elena Sánchez, actual presidenta del ente público. Ahora, el juzgado ha dado la razón a Álvaro Zancajo por segunda vez tras considerar que el periodista no era responsable de la situación que había vivido en la empresa tras su cese. “Es irreprochable al trabajador el encaje en otro grupo profesional y puesto de trabajo durante la reposición en sus anteriores condiciones, que no depende de su voluntad, interés o diligencia sino de la empleadora, que no puede hacer pechar al empleado su imprevisión o incorrecto acomodo”, expresaba la sentencia.
La corporación la recurrió el pasado verano y ha vuelto a perder. El tribunal considera que el hecho de que la empresa asignara al experiodista de Antena 3 funciones que no se correspondían con su salario y que el trabajador no reclamara en ejecución, «no puede suponer ni un enriquecimiento injusto ni la infracción del principio de equidad».
