La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Algeciras, (Cádiz), acusadas de empadronar inmigrantes ilegales. Los delitos de los que se les acusa son favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental. Detectaron una vivienda de 39 metros cuadrados en la que había empadronadas nueve personas, siete inmigrantes ilegales que accedieron de manera irregular a territorio español.
Según fuentes policiales la investigación comenzó en enero de este año, cuando los agentes hallaron el inmueble, que según sus datos catastrales disponía de 39 metros cuadrados. Al comprobar a los empadronados concluyeron que la mayoría eran inmigrantes ilegales sin vínculo alguno con la ciudad.
La investigación permitió a la Policía Nacional descubrir que esos siete empadronamientos no cumplían con los requisitos exigidos para ello. Las altas en el padrón municipal se habían realizado a cambio de pagos de entre 300 y 500 euros.
Mediante este procedimiento, estos inmigrantes ilegales lograban cumplir con los requisitos establecidos en la legislación de extranjería para facilitar el cruce de fronteras exteriores. También les permitía recibir asistencia médica de la sanidad pública en España. En el futuro serviría para demostrar el tiempo mínimo de permanencia y solicitar así un permiso de residencia, regularizando por tanto su situación.
Los agentes identificaron a un total de hasta tres personas implicadas en estos empadronamientos fraudulentos. Todas ellas fueron detenidas por su participación en los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.
Uno de los detenidos es el dueño del inmueble, otro la persona que les acompañaba a realizar los trámites y el tercero el dueño de un locutorio. El último hacía de intermediario entre los solicitantes y lo anteriores, aprovechando que a su establecimiento acudían muchos inmigrantes ilegales para establecer comunicación con sus familiares.
La práctica de este tipo de actuaciones es cada vez más habitual entre inmigrantes ilegales en España, que buscan regularizar fraudulentamente su situación. Según la Policía Nacional, estas acciones dan lugar a infracciones a la Ley de Extranjería con sanciones de 501 a 10.000 euros por cada empadronado de manera ficticia. En los casos más graves, pueden llevar a su detención por delitos tipificados en el Código Penal con penas de hasta tres años de prisión.
