Francisco Oya, profesor de Historia de Bachillerato en el instituto Joan Boscà de Barcelona, fue suspendido en 2018 de empleo y sueldo durante diez meses por plantar cara a las imposiciones ideológicas de los nacionalistas catalanes en las aulas de la región.
Este docente, que actualmente está jubilado, acudió entonces a la Justicia y ganó en 2022 el primer pulso contra la Generalidad tras un largo litigio. Entonces el juez reconoció «irregularidades» en la forma de tramitación del expediente sancionador que llevó a su prejubilación y condenó al Gobierno catalán a asumir los costes del proceso, pero «no entró a valorar las cuestiones de fondo».
Ahora Oya vuelve a acudir a los tribunales por este caso, pero esta vez por la vía penal, «para denunciar a todas las personas que están detrás del expediente disciplinario que precipitó su salida del mundo educativo», detalla Abc.
La denuncia, interpuesta el pasado 20 de abril en el Juzgado de Guardia de Barcelona, apunta contra Ignacio G. B., director del centro; los inspectores educativos, Nieves L. G. y Antoni D. B.; los tutores de las clases en las que impartió docencia Oya, Estefanía S. R., y Josep Maria D. B., y la coordinadora pedagógica del instituto y miembro del equipo directivo, Maite C. S.
Les acusa de la posible comisión de «delitos continuados de acoso laboral, coacciones para impedir el ejercicio de derechos fundamentales, delitos contra el honor, prevaricación, falsedad en documento público (sin perjuicio de otros delitos y concretarlos a resultas de la investigación que se practique)».
Oya confía en que «finalmente un juez obligue a quienes le acusaron a presentar pruebas y que se restituya mi honor«. «No es una cuestión de venganza personal sino de que se haga justicia y de que sea más difícil este acoso sistemático a los funcionarios que no son de la cuerda del nacionalismo. Que nadie más sufra esta pesadilla«, concluye el docente.
