El partido liderado por Santiago Abascal ha manifestado este domingo su «preocupación» ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sea investido presidente con los apoyos del prófugo de la Justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont, Bildu, PNV y ERC, «cuya secretaria general fugada en Suiza, Marta Rovira, es la encargada de negociar con el PSOE dicho acuerdo».
VOX ha denunciado que dicho gobierno «constituiría una grave amenaza al orden constitucional y a la convivencia«, con la posibilidad de que Pedro Sánchez «incluso concediera un referéndum de autodeterminación, tal y como le reclaman los sediciosos, lo que supondría un golpe de estado promovido por el propio gobierno que probablemente conllevaría una ruptura de la convivencia y la paz social».
Ya en la pasada legislatura Sánchez indultó a los golpistas condenados por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición y malversación, y posteriormente reformó el código penal para eliminar la sedición y rebajar el de malversación, han recordado desde VOX. «Todo ello como peaje a ERC, uno de sus socios durante la legislatura. Ahora, que necesita el apoyo activo de Junts y Bildu, el simple inicio de negociaciones con esas fuerzas constituye una grave amenaza a los fundamentos del orden constitucional«, han advertido desde la formación de Abascal.
Ante la «gravedad de los hechos y el peligro» de que Pedro Sánchez sea investido presidente de la mano de todos los enemigos de España, VOX ha recordado las recientes palabras de Santiago Abascal: «No seremos un obstáculo para evitar un Gobierno de destrucción nacional».
Así, los 33 diputados de VOX apoyarían una mayoría constitucional en la cámara baja que permita formar un gobierno que evite dichas amenazas. «VOX no será la excusa de nadie ni el impedimento para evitar un gobierno de quienes pretenden destruir los fundamentos de la Constitución».
«Insistimos en esta postura, que consideramos prudente y sensata, a pesar de quienes se empeñan en demonizar y culpar VOX, demonizando y culpando a más de tres millones de españoles que tienen derecho a la representación política», han dicho desde Bambú.
