«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
prioriza las ayudas a los afectados por la riada

VOX logra que la Comunidad Valenciana elimine las subvenciones a la Agenda 2030, la memoria histórica y las ONG que alientan la inmigración ilegal

José María Llanos. Europa Press

El pleno de las Cortes valencianas aprobaron esta semana los presupuestos con los votos del PP y de VOX y el rechazo de PSPV y Compromís.

Los presupuestos para 2025 ascienden a un total de 32.291 millones de euros, 2.559 millones más que en 2024 (+8,6%), e incluyen una parte específica para paliar las consecuencias de la riada que arrasó buena parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre (asciende a 2.364 millones).

Así, las cuentas incluyen una rebaja de impuestos y defienden los intereses del campo con cero subvenciones a la Agenda 2030, el plan globalista que arruina al sector primario español. También cierran la Agencia Valenciana del Cambio Climático y suprime las tasas por el Pacto Verde.

También aboga por la defensa de la vida y de la familia con dos millones de euros para mujeres embarazadas y recién nacidos; y más deducciones fiscales para el tramo el autonómico del IRPF por nacimiento: de 300 a 600 euros en el primer hijo; 750 en el segundo y 900 en el tercero y sucesivos.

Combaten la inmigración ilegal con pruebas fiables de edad para menas y el fin de las ayudas para ONG que dan apoyo a la inmigración ilegal. En este sentido, el acuerdo incluye un plan para el retorno de inmigrantes ilegales a sus países de origen.

Las cuentas apuestan por la libertad lingüística, el fin de los chiringuitos catalanistas y recorta un 47% el presupuestos de la Academia Valenciana de la Lengua para destinarlo a alumnos con necesidades especiales y AMPAS. También defiende el fin del valenciano como requisito para la función pública.

Recorta un 30% las ayudas a sindicatos y patronal, da cero euros a memoria histórica, y se compromete a restaurar elementos de concordia como cruces y al reconocimiento de «todas las víctimas» de la Guerra Civil.

El recorte del gasto superfluo se amplía al 52% (35 millones) en cooperación al desarrollo. El pacto pone fin a las subvenciones a entidades propalestinas (dice adiós al convenio con UNRWA, ACNUR y UNICEF).

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