El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves que el acceso a la energía debe considerarse un derecho y ha pedido a la Comisión Europea y a los Estados miembro que la transición verde debe ser justa, socialmente equitativa y tener en cuenta las desigualdades de género.
En un informe adoptado este jueves por 383 votos a favor, 99 en contra y 71 abstenciones, los eurodiputados piden a Bruselas y los gobiernos de la UE que adopten medidas urgentes para abordar la pobreza y las crecientes desigualdades que afectan a los grupos vulnerables, con especial hincapié en las mujeres.
El texto denuncia que «como resultado de la discriminación y la desigualdad en la vivienda, muchas mujeres viven en condiciones indignas e inseguras y corren un mayor riesgo de quedarse sin hogar y sufrir violencia».
En concreto, los eurodiputados destacan que los desalojos forzosos «afectan desproporcionadamente a las mujeres» e instan a la Comisión a proponer nuevas normas para mitigar el trato de la vivienda como una mercancía y evitar que los especuladores hagan de la vivienda un bien inasequible.
La Eurocámara acusa también una «falta una perspectiva de género» en las principales iniciativas de la Comisión en materia de clima, energía y medio ambiente y pide un Pacto Verde Europeo que garantice una transición justa y socialmente equitativa que funcione para todos mediante el desarrollo de una «estrategia interseccional transformadora de género» para abordar la pobreza energética.
Los eurodiputados también piden que se aumente la inversión pública en viviendas sociales, asequibles y energéticamente eficientes, «teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres», que a menudo contribuyen significativamente a la gestión energética del hogar, pero carecen de acceso equitativo a los recursos.
Según subraya el informe adoptado este jueves, el sector energético es «una de las industrias con mayor desequilibrio de género en la UE«, en el que las mujeres representan sólo el 24% de la fuerza laboral, por lo que se pide a las empresas energéticas públicas y privadas que «erradiquen cualquier forma de discriminación para luchar contra las persistentes desigualdades estructurales de género que les impiden entrar y permanecer en el sector».
