Salvini ha afirmado expresamente que «los hemos enviado hacia España».
Mientras, Presidencia del Gobierno ya lo ha hecho oficial: España acogerá al barco Aquarius por razones humanitarias. Ahora, multiplíquenlo indefinidamente.
Era cuestión de tiempo, ¿no? Quiero decir, ese ir y venir de barcos financiados por Soros, trayendo subsaharianos de las costas de Libia como si no hubiese mañana, una vez que el nuevo gobierno italiano se tomara en serio sus promesas electorales, tendrían que desembarcar su carga humana en algún sitio y, ¿dónde mejor que en las costas gobernadas por el buenista Sánchez?
Matteo Salvini ha hecho algo como ministro del Interior sobre lo que, personalmente, tenía mis dudas: ha cumplido su palabra cuando dijo que «los buenos tiempos para los ilegales han terminado». Ha escrito a Malta ordenándoles que acepten el barco con 629 emigrantes alegando que son «el puerto más seguro», y advirtiendo que su país dejará de proporcionar refugio. Un mensaje sencillo: se acabó.
Más: Salvini también ha afirmado expresamente que «los hemos enviado hacia España».
Mientras, Presidencia del Gobierno ya lo ha hecho oficial: España acogerá al barco Aquarius por razones humanitarias. Ahora, multiplíquenlo indefinidamente.
No es tan difícil de entender. En realidad, es sencillísimo; hasta un niño pequeño lo comprendería sin problemas: si les rechazan en Italia y les acogen en España, vendrán a España. Y siempre habrá «razones humanitarias» para hacerlo. Cada vez más, porque los incentivos funcionan y en África no están incomunicados.
Bien: cerrada la puerta italiana, queda la española. Con un presidente, además, propicio. Con lo que sería natural que España sucediera a Italia como objetivo prioritario de las mafias de traficantes humanos y sus cómplices humanitarios. Dicho de otra manera: que España se convierta, a partir de este verano, a partir de hoy, en lo que ha sido Italia en los dos últimos años.
Bien, echémosle un vistazo a nuestro futuro inmediato, lo que ha sido Italia hasta ayer. En 2017 llegaron por mar a las costas italianas 119.369 inmigrantes indocumentados, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 181.436 el año anterior. En los últimos cinco años, se calculan en 700.000 los inmigrantes ilegales llegados a Italia.
Italia sucedía así a Grecia, el principal punto de entrada hasta la firma del acuerdo firmado por la UE con Turquía en marzo de 2016, que cerró la ruta de oriente a través de Oriente Medio.
En febrero de 2017, una Italia desbordada firmaba un tratado con Libia para que sus guardacostas interceptaran los botes y los devolvieran a sus costas. Esto redujo las llegadas en un 75% el verano pasado, pero aun así, a principios de 2018 llegaron de libia 13.000 inmigrantes por mar.
En 2017, Italia deportó solo a una fracción de los recién llegados, 6.514, a sumar a los 5.817 del año previo. Las deportaciones son caras y difíciles. Al menos dos agentes deben escoltar a cada deportado, es necesario que se sepa fehacientemente de qué país es originario y es igualmente prescriptivo que el país en cuestión acepte. El diario La Republica analizó una operación de deportación y calculó un coste de 3.965 euros por cada deportado. A ese coste, la promesa del nuevo gobierno de deportar a medio millón costaría a los contribuyentes italianos casi 2.000 millones de euros.
Pero mantenerlos no es más barato, al contrario: el gobierno anterior dedicó cinco mil millones de euros a gastos relativos a la crisis de la inmigración en 2018, un 20% para rescates en el mar, un 15% para asistencia sanitaria y un 65% en centros de recepción, que albergan a unas 200.000 personas.
Italia es más rica que España, y la supera en población en más de diez millones. Hagan ustedes mismos los cálculos.
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