Donald Tusk fue nombrado esta semana primer ministro de Polonia después de que Mateusz Morawiecki no lograra reunir los apoyos suficientes. Para Tusk, cuya coalición resultó segunda (30,7%) en las elecciones parlamentarias de octubre —siguiendo a Ley y Justicia (PiS, 35,38%), formación de Morawiecki—, el cargo no es nuevo. Entre 2007 y 2014 se desempeñó como primer ministro durante dos legislaturas —fue el primero en ganar la reelección desde la caída del comunismo—. En 2014, dejando el Gobierno, fue nombrado presidente del Consejo Europeo, cargo que retuvo hasta 2019, cuando pasó a presidir el Partido Popular Europeo (PPE).
Donald Tusk era, por tanto, el candidato preferido por las instituciones europeas y el favorito del consenso político dominante en Bruselas y en Europa. Su candidatura, apoyada por una amalgama de partidos de corrientes diferentes y hasta incompatibles, anuncia un Gobierno complicado y con un rango de actuación limitado. Si bien el liderazgo de Tusk es respaldado de momento por 241 diputados de los 460 que se sientan en el Sejm, su reparto es clave y muestra la realidad subyacente.
Y es que Tusk deberá mantener unidos a integrantes muy dispares: ya su propia formación, la Coalición Cívica (157 escaños), está conformada por hasta seis partidos políticos que fluctúan entre el centroderecha y la izquierda dura. Pero es que su Gobierno también depende de los votos de Polonia 2050, un partido de centro socioliberal y miembro de Renew —mismo grupo al que la formación de Macron pertenece—; de la plataforma agraria Coalición Polaca (KP) y de la alianza política La Izquierda (Lewica), formada a su vez por una plétora de partidos de centroizquierda, izquierda e izquierda radical. Como en Hungría, parece que lo que une a la hasta hace unos días oposición es, precisamente, su oposición al anterior partido gobernante. Una oposición cuya unión se había visto imposible hasta el anuncio del retorno de Tusk, rival jurado de Jarosław Kaczyński.
Sí resulta fácil adivinar que, sin el PiS en el Gobierno, las relaciones entre Polonia y Bruselas —y Berlín— se suavizarán. No sólo por el pragmatismo de Tusk y su pasado en la Unión Europea, o porque muchas de las formaciones del nuevo Gobierno se consideren a sí mismas «pro-europeas» y lleven años condenando las actuaciones de Morawiecki en Europa, sino porque la propia Bruselas así lo desea: Tusk es la promesa de los «moderados», el que marcará el camino de Europa frente a la «ultraderecha» crecida en todo el continente y, por ello, su triunfo es esencial. Más todavía con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina.
Además, la marcha de Morawiecki supone también un golpe para el frente común conservador en Europa, y Viktor Orbán se sentirá ahora más solo en el Consejo Europeo. Si bien la guerra en Ucrania había templado las conversaciones entre Polonia y Hungría, la alianza del PiS y Fidesz era profunda y ambos Gobiernos nacionales compartían valores y agenda en Europa. El ascenso de Tusk deja a Orbán como el único opositor firme a Bruselas.
Es de suponer que el nuevo Ejecutivo tome la iniciativa en las reformas que, desde Bruselas, la Comisión exigía a Polonia —sobre la independencia del poder judicial, sobre la situación de los derechos humanos en la frontera, o sobre los asuntos LGTB o el aborto— y que con tanta resistencia Morawiecki había evitado. También es de suponer que, desde Bruselas, la presidenta de la Comisión —compañera del PPE— responda moderando su pulso sobre Polonia y sacando del congelador los millones de fondos europeos para Polonia hasta ahora bloqueados.
La Unión Europea, bien a través de la Comisión bien a través del Parlamento Europeo, entorpeció durante años la labor del PiS en el Gobierno. Las diferencias políticas motivaron una auténtica caza de brujas desplegada desde Bruselas en la que incluso se llegó a condenar al Tribunal Constitucional de Polonia tras la sentencia que estableció que el aborto era contrario a la Constitución del país.
Sin embargo, el nombramiento de Donald Tusk como el nuevo líder del Gobierno polaco ha generado una gran expectación y después de un período de intensa polarización política y de una campaña embarrada, se espera que el regreso de Tusk marque un cambio significativo en la dirección política del país, tanto a nivel interno como en Europa.
Atendiendo al pasado de Tusk es posible prever algunas de sus posibles futuras decisiones, si bien la sociedad de entonces no es la de ahora y el que entonces se oponía con cierta firmeza a cuestiones de la agenda ideológica es probable que ahora, movida la ventana de Overton y dependiente del apoyo de formaciones extremas, puede que deje de hacerlo o, incluso, que abrace esas causas como nuevo paladín.
Durante sus mandatos entre 2007 y 2014, el desarrollo de políticas calificadas como «urbanitas» motivó un desplazamiento político en el entorno rural, lo que de hecho provocó la victoria del PiS en 2015. No sería muy aventurado suponer que, con Tusk en el Gobierno, Polonia abandonará las políticas natalistas y abrazará la causa de la inmigración masiva, siendo, además, un país fronterizo. Después de condenar la oposición del Gobierno liderado por Mateusz Morawiecki a las políticas de reubicación de inmigrantes ilegales, de rechazar el reforzamiento de la valla fronteriza y de clamar por los derechos humanos de quienes asaltaban las fronteras polacas, sería natural que el nuevo Ejecutivo rompiera con esas líneas.
Y todo mientras las aguas siguen agitadas a nivel interno, con un Gobierno recién estrenado y multipartidista, y también a nivel internacional. No en vano, durante la campaña electoral hubo acusaciones serias sobre el papel de Alemania en Polonia y en si Tusk era un caballo de Troya.
Los medios internacionales se han felicitado del esperado «regreso al centro» de Polonia bajo el nuevo Gobierno de Donald Tusk y han augurado una vuelta al «consenso», aunque los más radicales han lamentado que su agenda política no sea lo suficientemente «progresista». También apuntan a que Tusk, si bien «ha evolucionado» en sus posiciones sociales —¿qué «demócrata» que se precie de serlo querría oponerse hoy en día a la agenda ideológica imperante?—, en cuestiones económicas sigue siendo el mismo liberal que dividió al país entre 2007 y 2014. De hecho, es posible que el nuevo Ejecutivo desarrolle una línea liberal y recorte el gasto social que el PiS ha incrementado en los últimos años, que legisle para liberalizar el despido o que, tras la marcha de Morawiecki, veamos un ascenso en la edad de jubilación —un recuerdo de su último Gobierno—.
Pero dividir al país es algo que parece que ya ha logrado, pues una encuesta de Rzeczpospolita asegura que el 41,8% de los polacos tiene una opinión negativa del nuevo primer ministro, y sólo el 31,2% lo valora de forma positiva. Es posible que los ciudadanos no hayan olvidado los recortes durante sus mandatos o la subida de la edad de jubilación y que las promesas de que defenderá las políticas de bienestar social del PiS —los beneficios del PiS, sin el PiS— hayan caído en oídos sordos. Aunque, atendiendo a su discurso de la campaña electoral, es probable es que el viejo liberal se vista con las telas progresistas del centroizquierda.
De hecho, Tusk también ha expresado sus cambios de postura respecto al aborto y a su legalización —así como la de las uniones civiles entre personas del mismo sexo— y respecto al papel de la Iglesia en la vida nacional, una muestra más de la secularización que Polonia está experimentando. Incluso, durante la campaña, el popular dirigió su atención a las zonas rurales, una piedra en su zapato.
Si entre 2007 y 2014 la otra piedra en su zapato fue el propio PiS, cuyos leales en la administración entorpecieron sus Gobiernos, Tusk ya ha aprendido la lección y esta vez es muy probable que purgue a fondo las instituciones para evitar cualquier atisbo de resistencia —la «despisificación» de Polonia—. Con toda seguridad, Tusk desarrollará una política de dos caminos: por un lado, el desmantelamiento de los sistemas reforzados por el PiS en el aparato estatal; por otro, introducir en el país la agenda ideológica de Bruselas sin descuidar la situación económica, que, en los últimos meses, en Polonia ya comienza a mostrar signos de resentimiento. Tusk no cuenta con los apoyos necesarios para reformar la Constitución, por lo que es de esperar que los jueces nombrados durante los gobiernos del PiS impidan cualquier atropello a la carta magna.
Siendo un Gobierno de coalición, con ministerios repartidos hasta entre seis partidos, su voluntad de durar dejando a un lado las enormes diferencias políticas y de evitar un repunte del PiS será clave. Pero también siendo un Gobierno de coalición, es previsible que los socios minoritarios se vean forzados a ofrecer cierta oposición interna, pues de no hacerlo podría ocurrir lo que suele: que estos desaparecen en favor del socio mayoritario, el partido que el propio Tusk preside.
Junto a estos equilibrios internos, el papel que juegue el presidente Andrzej Duda —independiente, pero más cercano ideológicamente al PiS— será determinante en el futuro de Tusk —en los dos años en los que convivirán, por lo menos— y en si este será más largo o más corto. Una resistencia institucional firme por su parte podría hacer muy cuesta arriba la marcha de Tusk, quien ya carga a sus espaldas con la jaula de grillos que le aupó al Gobierno. De hacerlo, Duda contaría con el respaldo del PiS, que podría bloquear en las cámaras las iniciativas legislativas del nuevo Ejecutivo —siempre que el partido se mantenga unido—.
Junto a las elecciones europeas de junio, las próximas elecciones locales, que tendrán lugar en los primeros meses de 2024, proporcionarán indicaciones de la opinión que para entonces tendrá la nación polaca sobre Donald Tusk, sobre sus promesas de cambio social y sobre las políticas que el Gobierno que lidera sea capaz de implementar.
