La revolución conservadora de Giorgia Meloni en Italia da un paso más con la aprobación de la llamada ley Varchi, que convierte en delito universal (es decir, que puede perseguirse incluso si no se ha cometido en Italia) recurrir a la gestación subrogada —eufemismo de los vientres de alquiler—, por la que una mujer, mediando o no pago, gesta al hijo de un pareja, heterosexual u homosexual.
La gestación subrogada ya era delito en Italia desde 2004; de hecho, Grecia y Portugal son los únicos países de la Unión Europea que no tipifican esta práctica, en ciertas condiciones y sin mediar pago. Lo que ha hecho ahora Meloni ha sido modificar la ley existente para prohibir a los ciudadanos italianos viajar a otros países con el fin de realizar esta práctica.
La ley ha sido propuesta por el partido de la primer ministro, Fratelli d’Italia, y ha contado con el apoyo de 166 diputados, frente a los 109 que han votado en contra y cuatro abstenciones. Se han opuesto a la ley todos los partidos de oposición de izquierdas, salvo dos formaciones —entre ellas, las del exprimer ministro Matteo Renzi— que han dado a sus diputados libertad de voto, y cuatro de ellos han aprovechado para votar a favor de la ley.
La ley Varchi tipifica la gestación subrogada como «delito universal» y lo castiga con penas de cárcel de entre tres meses y dos años, y multas de hasta un millón de euros. Carolina Varchi, la diputada de Fratelli d’Italia que ha propuesto la ley y le ha dado su nombre, sostiene que «la maternidad es única, insustituible, no subrogable» y que con esta norma «ningún niño será discriminado, ni comprado por clientes ricos».
«La vida humana es un bien que no se puede comercializar, la maternidad no puede producirse a cambio de una compensación económica, un niño no se puede comercializar y este mercado debe terminar», dice Varchi.
