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Y EL ASALTO POLICIAL A LA TELEVISIÓN PÚBLICA

El partido Ley y Justicia teme que Tusk siga violando el Estado de derecho en Polonia tras la purga de dos de sus diputados

Mateusz Morawiecki en una imagen de septiembre. Europa Press.
Mateusz Morawiecki. Europa Press

No se veía una purga así desde la ley Marcial de 1981, con los comunistas aún en el poder. El asalto institucional del nuevo Gobierno de coalición polaco ha dado un nuevo giro dramático cuando agentes de la Policía se presentaron en pleno palacio presidencial para detener a dos ex altos funcionarios conservadores. El partido Ley y Justicia (PiS) ha denunciado estos hechos como un avance en el intento de usurpar todas las instituciones clave del Estado.

Todo empezó el pasado 13 de diciembre, cuando el liberal Donald Tusk tomó posesión como primer ministro de Polonia entre cánticos de alegría de las instituciones de la Unión Europea, que se habían pasado los últimos ocho años intentando derrocar a los sucesivos gobiernos conservadores del PiS. La purga política empezó de inmediato, y de las promesas de «devolver a Polonia a la senda de los valores europeos», pronto se pasó a asaltar policialmente la sede de la televisión pública, suspender su señal y nombrar a comisarios políticos del Gobierno en los medios estatales.

El pasado martes fue la gota que colmó el vaso. A última hora de la tarde, agentes de la Policía irrumpían en el sacrosanto palacio presidencial y detenían a dos ex miembros del gobierno del PiS, Mariusz Kaminski y Michal Wąsik, a la sazón diputados del Sejm (cámara baja). Condenados a dos años de cárcel tan sólo seis días después de que Tusk se hiciera con el poder, ambos habían sido indultados en 2015 por el presidente de la República y máxima autoridad del Estado, Andrzej Duda, en virtud de una prerrogativa presidencial de clemencia consagrada en la Constitución polaca y convalidada en 2018 por el propio Tribunal Constitucional del país.

Desde su nombramiento el 13 de diciembre de 2023, el Gobierno de Donald Tusk en Polonia ha sido blanco de intensas críticas por parte del anterior gobierno. Las acciones del nuevo Ejecutivo polaco constituyen, según fuentes del PiS, una flagrante violación de los principios democráticos y del Estado de derecho, representando un peligroso retroceso para la democracia polaca. De hecho, un asalto policial al canal de televisión pública como el perpetrado el pasado 19 de diciembre no se veía desde el anterior régimen comunista.

Por todos estos hechos, el PiS acusa al Gobierno de Tusk de implementar un régimen totalitario, usurpando el control de todas las instituciones clave del Estado, incluyendo los medios de comunicación, el sistema judicial y las empresas estatales. Unas acciones que han sido denunciadas por violar flagrantemente el marco legal y basarse únicamente en resoluciones de la mayoría parlamentaria. Según fuentes del partido conservador, esta forma de gobernar equivale a que una mera resolución del Parlamento Europeo pudiera invalidar una directiva aprobada. Ignorar la ley sin siquiera derogarla. Y contrastan esta conducta con la del anterior Gobierno, que, pese a recibir innumerables críticas de la UE por supuestos quebrantamientos del Estado de derecho, nunca fue señalado por saltarse directamente la ley.

El ataque a los medios de comunicación públicos ha sido particularmente polémico. Bajo una resolución del Sejm fechada el 19 de diciembre de 2023, el nuevo ministro de Cultura destituyó a los presidentes de las cúpulas directivas de los medios estatales, incluyendo TVP, Radio Polaca y PAP, para nombrar a comisarios políticos afines a la nueva mayoría parlamentaria. Estas medidas, tomadas en abierta violación de las disposiciones estatutarias de los entes públicos, han sido impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, también aquí una orden provisional de dicho tribunal ha sido desafiada abiertamente por el nuevo Gobierno, según denuncia el PiS en un comunicado.

En cuanto a la detención de los dos diputados conservadores, el Tribunal Supremo revocó la orden del nuevo presidente de la cámara baja que declaraba la caducidad de sus mandatos, pero el mismo presidente, perteneciente al ala liberal de la nueva coalición gubernamental, exigió que su caso fuera decidido por una cámara específica del Tribunal Supremo y por jueces específicos «no controvertidos». Esto, a juicio del PiS constituye «un abuso flagrante de poder», ya que los ciudadanos polacos comunes no pueden elegir por sí mismos qué tribunal y qué jueces van a atender sus casos. O dicho de otro modo, el hecho de que un político de alto rango intente influir en el proceso judicial eligiendo jueces concretos para un caso en particular implica una violación del principio de imparcialidad e independencia judicial.

Estas primeras acciones del Gobierno de Tusk han generado una profunda crisis institucional en Polonia, con acusaciones de que está socavando las bases de la democracia y estableciendo un régimen autoritario que desprecia los principios del Estado de derecho. Y aunque los sectores conservadores del Parlamento Europeo no han tardado en reaccionar condenando las purgas, el oficialismo de la Unión Europea aún no ha dicho una palabra. El temor expresado por las fuentes del PiS, que a pesar de no lograr formar gobierno es el partido mayoritario en Polonia, es que estos hechos sean sólo el principio de una serie de maniobras destinadas a desmantelar las estructuras democráticas del país, incluyendo un posible intento de derrocar al presidente de la República. Un «periodo de transición» por la puerta de atrás.

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