Nunca llueve a gusto de todos, y en la Unión Europea, menos. El pacto migratorio recién aprobado por el Parlamento Europeo ha puesto de uñas al llamado Grupo de Visegrado —Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia—, que no está dispuesto a pasar por el aro del trágala comunitario.
Así, mientras Alemania, Italia y Grecia acogían con satisfacción el pacto, Eslovaquia y Hungría, y en menor medida el nuevo Gobierno liberal polaco (de Donald Tusk), prometieron no aplicar el polémico principio de solidaridad del acuerdo.
Lo que ven desde el este —y en los crecientes partidos soberanistas del oeste— es que la Unión Europea sigue avanzando peligrosamente hacia su conversión en un megaestado totalitario que ahogue las soberanías nacionales. Los resultados de la votación del miércoles en el Parlamento Europeo resucitaron así la discusión sobre la importancia del veto de los Estados miembros de la UE en cuestiones clave de promoción de los intereses de los Estados nacionales.
En la República Checa, las opiniones sobre la adopción del paquete difieren tanto entre los políticos como entre los eurodiputados. Mientras que el ministro del Interior y líder del movimiento STAN, Vít Rakušan, celebró el resultado, el fundador del movimiento de oposición más fuerte, ANO, Andrej Babiš, criticó la decisión y quiere convocar una reunión extraordinaria de la cámara baja del Parlamento checo.
El paquete aprobado incluye varias medidas diseñadas para combatir la inmigración ilegal, incluidas verificaciones de antecedentes más efectivas de los inmigrantes —el Informe Buxadé— y un proceso de retorno más eficiente para los solicitantes que no justifiquen su condición de refugiados.
Pero lo que ha causado verdadera indignación entre algunos estados es el polémico principio de solidaridad que obligará a los estados miembros a aceptar inmigrantes de países sobrecargados o enfrentar sanciones financieras. Consideran la medida como otra toma de poder por parte de Bruselas.
Eslovaquia ha expresado su preocupación por la capacidad del pacto migratorio de ser una solución sostenible a largo plazo, y su Ministerio de Asuntos Exteriores encabezó la acusación en una declaración condenatoria tras la adopción del pacto en el Parlamento Europeo.
«Eslovaquia no está de acuerdo con el principio de solidaridad con la condición de aceptación obligatoria de inmigrantes ilegales en su territorio», escribió. «Según el jefe de la diplomacia eslovaca, los Estados deberían decidir por sí mismos qué tipo de ayuda prefieren, sin exigir una contribución obligatoria o material».
«La inmigración ilegal es un enorme desafío al que se enfrenta la UE y es nuestro deber resolverlo principalmente de acuerdo con los intereses soberanos de nuestra patria», añadió el ministro de Asuntos Exteriores, Juraj Blanár. «Hay que admitir abiertamente que la protección del espacio Schengen contra la inmigración ilegal no es suficiente y el nuevo pacto migratorio no resolverá este problema».
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue más directo y describió la adopción del pacto como «otro clavo en el ataúd europeo» e insistió en que «la unidad está muerta» dentro de la Unión.
