Incluso los Gobiernos más liberales y socialistas de Europa —salvo el español— ya se han dado cuenta de que la inmigración es un enorme problema social y, más importante aún, de que puede hacerles perder las elecciones.
Por esto estamos asistiendo a medidas antes impensables, que hasta hace un par de años sólo proponía la llamada «extrema derecha», como la demolición de los barrios de los ciudades con más de un 30% de población inmigrante en Dinamarca y la retirada de la nacionalidad a los extranjeros que delincan en Suecia. Ahora le toca a la Francia de Macron.
El primer ministro francés, el moderado François Bayrou, ha amenazado al gerontocrático régimen argelino, donde se suceden los presidentes octogenarios que combatieron en la guerra de la independencia, con romper el acuerdo de inmigración, que data de 1968.
El motivo de semejante dureza ha sido el último atentado yihadista cometido en el país europeo con más población norteafricana. El 22 de febrero, un argelino de 37 años llamdo Brahim A., acuchilló y mató a una persona en Mulhouse, cerca de Estrasburgo. Según explicó el ministro de Interior, Bruno Retailleau, este terrorista había sido condenado por apología del terrorismo, «tenía problemas psiquiátricos» y sobre él pesaba una orden de expulsión de Francia incumplida.
«El drama en Mulhouse fue posible porque este ciudadano argelino tenía una orden de expulsión y fue presentado para su repatriación en 14 ocasiones y en cada una de ellas fue rechazado», dijo Bayrou el 26 de febrero en una rueda de prensa. Por tanto, añadió el primer ministro, las autoridades argelinas han sido colaboradoras necesarias en el asesinato cometido por su ciudadano.
A continuación, Bayrou dio un ultimátum al régimen argelino: o aceptaba la deportación de sus ciudadanos «especialmente sensibles» incluidos en una lista que Francia quiere deportar a Argelia con carácter prioritario de en un plazo de seis semanas o se revisará completamente el acuerdo de 1968 que regula la inmigración y el estatuto de argelinos en Francia.
Según publicó Le Figaro, contiene una treintena de nombres y la presentó al Gobierno argelino por dos veces el anterior ministro de Interior, Gérald Darmanin, que ahora lo es de Justicia.
El acuerdo de inmigración, redactado por presión de la industria francesa, concedía un trato especial a los inmigrantes argelinos. Lo firmó Maurice Couve de Murville, primer ministro del general De Gaulle (uno de los políticos más admirado por la derecha española), con la dictadura argelina, militar y de partido único socialista, sólo seis años después de concluir la guerra de independencia de Argelia, en la que murieron miles de franceses y nativos adictos y en la que también los terroristas del Frente de Liberación Nacional cometieron atentados en París y otras ciudades.
Entre el estatuto privilegiado se encuentran los «certificados de residencia para argelinos» (CRA), de los que se expidieron 615.000 en 2023. En el marco de la reagrupación familiar, los miembros de la familia también reciben un certificado de residencia de 10 años a su llegada si la persona con la que se reúnen tiene este título. Desde entonces, la poligamia se reconoce por la vía de los hechos, tanto para obtener la reagrupación familiar como el cobro de pensiones. Aunque parte de su contenido se ha suprimido o modificado en los últimos años, todavía se mantiene su carácter favorecedor.
El número real de residentes argelinos en Francia se desconoce, como el de marroquíes en España, porque, transcurridos unos pocos años, pueden adquirir la nacionalidad del país de acogida.
La ineficacia de las deportaciones sólo se entiende si se sabe que los gobernantes de los países africanos, desde Marruecos y Argelia a Senegal y Nigeria, están contentos con permitir la emigración, legal o ilegal, de cientos de miles de sus súbditos, sean menores de edad, sean delincuentes, a Europa, donde se les acoge y mantiene. Así tienen menos problemas y más remesas de dinero. Lo que les ocurra a los europeos no les importa.
