La experiencia médica en Noruega, Finlandia, Suecia y Reino Unido lleva a sus sistemas de salud pública a restringir el acceso a los tratamientos de «afirmación de género».
Tras un avance sin precedentes de los llamados «derechos trans» en el continente europeo, son varias las naciones cuyos sistemas de salud han comenzado a adoptar posturas más prudentes respecto a este tipo de tratamientos en menores de edad, irreversibles en muchas ocasiones, debido a la falta de evidencias científicas y a la falta de seguridad sobre las repercusiones a largo plazo en las vidas y la felicidad de los pacientes.
En marzo de 2023, la Junta de Investigación de Noruega anunció que reevaluaría sus pautas respecto a los «tratamientos de afirmación de género» en menores. Tras un análisis de las investigaciones, los médicos aseguraron que la «atención de afirmación de género» no está fundamentado en evidencias y se decidió que el uso de hormonas cruzadas, bloqueadores de la pubertad y cirugías de reasignación de género son experimentales. La actualización de las recomendaciones clínicas significó la restricción a entornos de investigación del empleo de hormonas del sexo contrario y bloqueadores de la pubertad, así como de las cirugías «de transición». De esta forma, el país escandinavo se unió a sus vecinos Suecia y Finlandia y al Reino Unido, naciones europeas que anteriormente ya habían adoptado límites a los «tratamientos de afirmación de género» en menores. Se trata de los únicos países en todo el mundo que han restringido o prohibido estos tratamientos a nivel nacional.
Por su parte, durante los últimos meses los diferentes estados de Estados Unidos han tomado uno u otro lado: los estados republicanos aprueban leyes para restringir o prohibir los tratamientos —el último, Texas—, mientras que las administraciones demócratas promulgan medidas para defender y blindar la «atención a la afirmación de género» como parte del derecho a la salud. La división partidista —negativa o afirmación total— provoca que el asunto se haya convertido en una guerra abierta y altamente politizada, lo que supone un obstáculo para la investigación clínica de los casos, algo muy necesario debido a la falta de estudios longitudinales.
Los defensores de este tipo de intervenciones aseguran que, a corto plazo, los «tratamientos de afirmación de género» producen mejoras en los menores con respecto a su salud mental, disminuyendo los casos de ansiedad, depresión y conductas suicidas. Algunas organizaciones de Estados Unidos afirman que esta clase de atención «salva vidas» y permite a los menores «vivir como el género que son». Tras los tratamientos, los menores «tienen menos ansiedad, menos depresión» y, lo que es más importante, «piensan con menos frecuencia en el suicidio, y actúan sobre esos pensamientos con menos frecuencia».
En Estados Unidos, la imposición de barreras a los «tratamientos de afirmación de género» suele denunciarse como un atentado contra los llamados «derechos trans», algo «transfóbico» y sin fundamento científico, puramente «negacionista».
Sin embargo, en Europa la experiencia recogida en países de larga trayectoria en el reconocimiento de los llamados «derechos trans» señala otra realidad. Las revisiones y actualizaciones de las medidas clínicas en los sistemas de salud de varias naciones han reafirmado que los beneficios de estas intervenciones, invasivas en muchas ocasiones y de difícil reversibilidad, muestran una certeza baja. De hecho, los datos recogidos por investigaciones lideradas por las autoridades de la sanidad pública en Reino Unido, Finlandia, Suecia y Países Bajos señalan que la relación riesgo-beneficio de los «tratamientos de afirmación de género» en menores suele ser desfavorable. Cabe destacar que estas tres revisiones se llevaron de forma independiente, no coordinada.
Es decir: la cautela puesta en práctica ahora por varios sistemas de salud europeos está justificada por estudios e investigaciones basadas en las experiencias recogidas. Estas conclusiones han provocado que las sanidades públicas redirijan el enfoque actual de los tratamientos que se estaba dando a las personas trans. Ante la medicalización y la intervención quirúrgica como respuesta más inmediata, se está fraguando una práctica menos invasiva y que trata de acudir a la raíz de la situación, empleando la psicología y la psiquiatría para tratar posibles trastornos asociados, o comorbilidades, que afectan especialmente a las personas con identidad cruzada.
Esta nueva forma de aproximarse en Europa a la situación implica mayor calma y un uso más restrictivo de las hormonas y los bloqueadores de la pubertad. En el pasado, los médicos de Reino Unido ya alertaron de que observan que muchos casos eran remitidos a tratamientos farmacológicos, o incluso a una intervención irreversible, de forma precipitada. Esta llamada de atención condujo al cierre del Centro Tavistock en Londres —la primera y única clínica dedicada al Servicio de Desarrollo de Identidad y Género, que, entre 2009 y 2018, vio aumentado en un 3.360% el número de pacientes remitidos— y a una conciencia del problema más ligada a la investigación y menos a la actuación: los casos de menores ahora se inscriben en protocolos formales de investigación.
También en Finlandia los médicos mostraron su preocupación después de que pacientes recibieran tratamientos farmacológicos sin cumplir con los criterios de elegibilidad desarrolladas en el Protocolo holandés, el primer documento especializado en la atención médica de «afirmación de género» para menores, realizado entre 1990 y 2012. Este documento contempló una serie de condiciones indispensables para poder iniciar el tratamiento, como la constatación documentada durante la primera infancia de una disforia de género, su aumento tras el comienzo de la pubertad, inexistencia de trastornos psicológicos asociados y, finalmente, demostración de conocer y comprender las consecuencias de un cambio de sexo quirúrgico. Además, el protocolo establece unos hitos temporales: los tratamientos con bloqueadores de pubertad no deben iniciarse hasta los 12 años; el uso de las hormonas cruzadas, hasta los 16; y las intervenciones quirúrgicas, hasta los 18. Estas dos últimas formas de tratamiento, además, son claramente irreversibles, por lo que es esencial asegurarse de que el paciente conoce y comprende el camino que está tomando. En todo momento, el menor debe tener acompañamiento psicológico.
Ya en 2015, en Finlandia algunos especialistas advirtieron que la mayor parte de sus pacientes no cumplía con los requisitos expresados en el protocolo. Esta observación fue rápidamente contrastada por los médicos de otros países europeos. El Protocolo holandés, un documento científico desarrollado para el tratamiento médico de unos casos muy específicos, estaba siendo obviado para llevar a cabo tratamientos fuera de los requisitos esenciales en un número de personas mucho mayor al de los afectados reales. De hecho, en Finlandia, la mayor parte de los pacientes remitidos a tratamientos se trataba de chicas adolescentes sin episodios documentados de disforia de género durante la niñez pero que, en un 70% de los casos, sí habían sufrido patologías psicológicas graves antes de la aparición de la angustia ligada al género. En el Centro Tavistock de Londres, entre 2009 y 2018 la mayor parte de los nuevos casos era de mujeres: un aumento del 4.400%.
En 2019, la doctora Riittakerttu Kaltiala, principal experta de género en Finlandia, aseguró que las causas tras el aumento repentido de los tratamientos eran desconocidas. Un año antes, la doctora e investigadora estadounidense Lisa Littman sugirió que gran parte de los casos se dieron en grupos de amigos por parte de adolescentes con problemas psicológicos preexistentes y tras la exposición prolongada a redes sociales. En lo que Kaltiala y otros colegas coinciden es que la investigación sobre las razones de la aparición de la disforia es escasa. La doctora Kaltiala fue una de las responsables del cambio de rumbo de Finlandia respecto a los «tratamientos de afirmación de género» y en 2002 testificó en Florida defendiendo la restricción del uso de bloqueadores, hormonas del sexo cruzado e intervenciones quirúrgicas en menores.
En febrero de 2023, la doctora Kaltiala aseguró que no se debe presionar a los menores para que se ajusten a comportamientos identificados con su sexo biológico, pero tampoco «negar el cuerpo» en los casos en los que se confirme la disforia de género. Una u otra actitud, afirma, dan al niño «el mensaje de que algo anda mal». De hecho, la doctora Kaltiala señala que la mayor parte de los escasos estudios sobre el tema demuestra que, cuando se deja que el menor con comportamientos de género cruzado continúe su desarrollo, en «cuatro de cada cinco casos», el niño termina aceptando su cuerpo y su sexo. Por el contrario, si el menor se inicia en un proceso de transición, sea ésta médica o social —primeros cambios en el comportamiento, la relación con otros, la apariencia física o incluso el nombre y la documentación—, ninguno lo hace: la práctica totalidad de los iniciados se ve condenada a continuar los «tratamientos de afirmación de género» a nivel médico, un camino de drogas y cirugías.
Pero que cuatro de cada cinco menores terminen aceptando su cuerpo no significa que sus problemas de salud mental desaparezcan, si no que éstos no les impedirán desarrollar su proyecto vital y vivir una buena vida. De hecho, la industria de la transición de género se basa en la promesa utópica de que ninguna persona debería tener que experimentar incomodidades relacionadas con su cuerpo, su género, o lo que de ella se espera por ser hombre o mujer. Si evitar estas situaciones es imposible en la adultez, más lo es todavía durante el turbulento periodo de la pubertad y la adolescencia, o en casos de primeras niñeces conflictivas.
Kaltiala advierte de que, frente a la tendencia estadounidense, bajo cuya óptica la afirmación de género del menor es una demostración de bondad y entendimiento, una transición —sea social o clínica— es una poderosa alteración intrusiva con el desarrollo psicosocial del niño y, lo que es más determinante, capaz de provocar daños iatrogénicos —es decir, originados por el propio tratamiento—. De hecho, los defensores de las intervenciones en menores suelen agitar el mantra de «transición o suicidio», aduciendo que los menores que no se someten a los «tratamientos de afirmación de género» terminan poniendo fin a su vida, que tienen mayor riesgo de suicidio. La doctora Kaltiala asegura que esta afirmación es «desinformación intencionada» y que «difundirla es irresponsable». Para ella, afirmar que la alta prevalencia del suicidio y las tendencias de suicido —incluso sin tener en cuenta que, la mayor parte de las veces, éstas no llegan a materializarse; es decir, son llamadas de atención o conductas de autolesión no fatales— en adolescentes identificados como transgénero viene dada por el género «no afirmado» es una simple falacia de correlación-causalidad y señala que el 68% de los pacientes adolescentes acuden al tratamiento con trastornos de salud mental preexistentes, los cuales son, en sí mismos, factores de riesgo de tendencias suicidas. De hecho, frente a la afirmación de que los adolescentes identificados como transgénero presentan más probabilidades de desarrollar tendencias suicidas, sería más correcto asegurar que son los adolescentes con tendencias suicidas quienes presentan más posibilidades de desarrollar identidades transgénero.
En cualquier caso, la cifra del 41% agitada por los defensores de las intervenciones a demanda estadounidenses se da de bruces con la realidad de los datos: en Reino Unido, entre 2010 y 2020, la tasa de suicidio de los menores que buscaban un tratamiento médico de transición fue del 0,03%. De hecho, en Suecia sí que se observó un aumento del suicidio entre los adultos que habían transicionado. Para Katiala, el discurso del suicidio dirigido a los padres y a los jóvenes «no está justificado» y puede provocar más daños que la falta de los tratamientos que defienden quienes lo esgrimen, al provocar un efecto nocebo dañino: una profecía autocumplida.
Frente a estas posturas, en España —caso contrario a la tendencia europea, más cercano, en este sentido, a las posturas de Estados Unidos—, en enero de 2023 la Revista Española de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, publicaba un extenso reportaje sobre los «beneficios de la transición social temprana en menores transgénero». En el artículo, se asegura que «la transición social temprana tuvo beneficios positivos e inmediatos en el desarrollo del menor, además de en la disminución de la ansiedad». El propio texto no deja lugar a dudas y reconoce, sin tratar de ocultarlo, que la transición se inicia a pesar de la presencia de psicopatologías preexistentes: no se analiza la causa de los problemas de salud mental, sino que se actúa sobre el grito de ayuda del menor sin aclarar si presenta o no disforia de género real antes de iniciar un camino que podrá marcarle de por vida. Junto a esto, el estudio peca además de cortoplacista, puesto que se limita a un estudio puntual, sin seguimiento de los pacientes y sin observar las repercusiones de la transición social —y la farmacológica y quirúrgica que la seguirán— en su vida futura.
En Finlandia, la Sociedad de Pediatría se situó en contra del apoyo del Gobierno a los programas de autoidentificación de género en menores en un escrito dirigido al Parlamento. La Asociación Médica aseguró que es bueno «limitar el reconocimiento legal de género a los adultos». En Estados Unidos, nación donde la teoría defensora de la «medicina afirmativa» tiene más fuerza, la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda la «afirmación» del género de forma «inmediata», casi de manera preventiva, sin entrar a valorar si la disforia es o no real. En algunas escuelas, incluso se llevan a cabo transiciones sociales de menores sin conocimiento ni consentimiento de sus padres.
Por el contrario, la doctora Kaltiala concuerda con el sistema de salud pública de Reino Unido, que, en diciembre de 2022, comenzó a advertir de los riesgos de la transición social en menores y a recomendarla únicamente en los casos de disforia de género diagnosticada en adolescentes que comprendan y acepten los posibles riesgos del camino que comienzan. También en Países Bajos se halló que la transición social se veía vinculada a las disforias persistentes y la negativa recalcitrante a la aceptación del propio cuerpo.
Kaltiala asegura que los casos de disforia surgidos tras la niñez, ya durante la adolescencia, son en su mayoría casos de chicas con comorbilidades psicológicas. Por el contrario, cuando la disforia de género ya se documentó durante la infancia —de acuerdo con los requisitos del Protocolo holandés—, su presencia durante la adolescencia pone de manifiesto que la posible disforia es estable y, por tanto, es más posible que sea diagnosticada como real. Sin embargo, debido a la falta de estudios, la especialista advierte de que la medicalización de adolescentes en estas circunstancias, incluso aun cumpliendo los criterios del Protocolo, puede provocar profecías autocumplidas, pues tras iniciar el camino —y en esto concuerdan todas las fuentes—, casi ningún paciente detransiciona completamente hacia su primera identidad.
Actualmente, muchos de los estados europeos no permiten el uso de hormonas del sexo cruzado hasta los 16 años e introducen como requisito haber superado un número de sesiones psicológicas. Igualmente, la mayoría de los países impiden el acceso a las intervenciones quirúrgicas hasta esa edad. En la mayoría de las naciones de Europa, el acceso de los menores de edad a estos tratamientos viene supeditado a su cumplimiento de una serie de criterios, que varía entre los distintos países. La tendencia europea, sin embargo, es que estos requisitos de elegibilidad se apeguen cada vez más a los entornos de investigación y ensayos clínicos, con mayores controles.
Tras décadas de tratamientos llevados a cabo —de manera indiscriminada y contra los criterios médicos, en no pocos casos—, los datos recabados por los sistemas de salud pública de varios países europeos han mostrado que los estudios empleados para apoyar el uso de estos tratamientos tienen una certeza «muy baja». Junto a la imposición de mayores controles de acceso a estas intervenciones, más acordes con el espíritu inicial del Protocolo holandés, en Europa crece la constancia de que estos tratamientos continúan, hoy en día, en fase «experimental», por lo que, antes de continuar avanzando, es necesario profundizar en la investigación de los casos y en un seguimiento de los pacientes a largo plazo. De hecho, si bien en Países Bajos el protocolo siguió con mayor apego los rigurosos controles del Protocolo, a finales de 2022 se publicó un informe realizado por especialistas en el que se afirmaba que, pese a ello, pacientes que realizaron la transición de acuerdo con el Protocolo mostraron disfunciones sexuales, vergüenza corporal y arrepentimiento al llegar a la edad adulta. Es más, las revisiones y actualizaciones llevadas a cabo por los sistemas de salud de Reino Unido, Finlandia y Suecia dictaminaron que el estudio holandés sobre el que se asienta el Protocolo holandés proporciona también una certeza «muy baja».
En este sentido, la experiencia europea —dramática, en muchas ocasiones— con los «tratamientos de afirmación de género» en menores otorga a este continente una visión distinta —y más avanzada— que la que Estados Unidos continúa desarrollando. Aquí, prima ahora la noción de «experimental» y un mayor deseo de investigar. Allí, el uso de hormonas y bloqueadores y las cirugías de cambio de género atienden a unas condiciones de elegibilidad mucho menos estrictas que en Europa.
En cualquier caso, los defensores de las intervenciones en Estados Unidos aseguran que, dado que en Europa no se habla de prohibición de los «tratamientos de afirmación de género» en menores, sino de un mayor control de los requisitos clínicos, los movimientos estadounidenses que buscan restringir o prohibir los tratamientos lo hacen, simplemente, porque son «transfóbicos». De hecho, los defensores del buffet libre de tratamientos trans no se arrugan y llegan a citar a expertos europeos, como a la Dr. Kaltiala, pero lo hacen de forma parcial y sin tener en cuenta el contexto médico en el que el Protocolo holandés se desarrolló: poner solución a los pacientes que sufren casos reales de disforia de género y darles una salida.
Pero tampoco quienes buscan la prohibición de «tratamientos de afirmación de género» en Estados Unidos están de acuerdo con la postura europea, pues en ocasiones buscan la restricción total. Sin embargo, el conflicto radica en las diferencias entre Europa y Estados Unidos, donde la «medicina afirmativa», que proporciona mayor autonomía al paciente —aunque éste sea menor de edad—, provoca que el médico y su criterio queden relegados a un papel de mero reconocimiento de la afirmación del menor de que es trans. Es decir: el médico actúa como notario y su función sólo es reconocer la afirmación del menor, sin tener posibilidad de ejercer como profesional de la salud y seguir un protocolo clínico. Lo «afirmativo» construye una realidad absolutista en la que la realidad no lo es si yo no la afirmo, ya que yo tengo el «derecho» a elegir ser o sentir.
Frente a la actual —tras constatar las repercusiones de décadas de excesos— tendencia europea, que busca identificar los casos reales de disforia de género y limitar las actuaciones e intervenciones directas a dichos pacientes y en entornos de investigación y ensayos clínicos sujetos a estrictos controles médicos, en Estados Unidos —y en España— el mensaje contrario avanza a pasos agigantados. Allí, de la mano de la «medicina afirmativa» y la cultura woke, la simple palabra del menor es ley y el criterio médico queda relegado.
Para Kaltiala, es preocupante que los defensores del enfoque «afirmativo», desarrollado principalmente —pero no sólo— en Estados Unidos, ignoren las causas profundas de los crecientes problemas mentales de los niños y jóvenes de nuestros días, que, de acuerdo con los datos expuestos, afectan sobremanera a las niñas y jóvenes. La investigadora, al igual que muchos de sus colegas, insiste en que el uso de las redes sociales tiene un carácter definitorio en este aumento de trastornos mentales, pero se lamenta de que es imposible conocer su alcance ni sus causas sin mayores investigaciones. Para los defensores de las intervenciones, la solución al aumento de psicopatologías es claro y sencillo: ansiedad, depresión, autismo, trastornos alimentarios, TDAH y tendencias suicidas se deben a la represión de la sexualidad o del género «no afirmado», por lo que su solución pasa por correr al futuro, sin analizar el pasado o presente.
La solución debe atender a la causa de los trastornos preexistentes y potenciar el respeto a uno mismo y la afirmación de la identidad propia sin que ésta dependa de la afirmación de otros. En definitiva, es necesario tratar la raíz del problema y potenciar la autenticidad de los menores. Lo contrario sólo los conducirá a un terror existencial crónico.
El enorme aumento de jóvenes que se identifican como transexuales o no binarios, en el fondo, no es más que una consecuencia lógica de lo que se ha desarrollado durante las últimas décadas: la promesa utópica de que cualquier malestar o problema psicológico se debe únicamente a un conflicto de identidad sexual o de género. Pero, para la doctora Kaltiala, no se trata de una solución, sino de un parche que, además, puede provocar graves daños a largo plazo.
