El régimen de Daniel Ortega está convirtiendo a Nicaragua en una copia fiel de la dictadura cubana. La represión, destierros, confiscaciones, la instauración del unipartidismo y el encarcelamiento de opositores para silenciar sus voces evidencian la ruta a la que el tirano sandinista lleva al país, asomó el representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en el país centroamericano, el organismo más antiguo a quien la dictadura le canceló la personería jurídica y confiscó el edificio de esa institución.
Tras la liberación y posterior destierro de 222 personas en febrero, la mayoría opositores, el número de reos de conciencia en las mazmorras de la dictadura se redujo a 37, seis meses más tarde la cifra se duplicó. Hasta julio se registraron 41 nuevos casos de presos políticos, con lo que la cifra se elevó a 78.
En Nicaragua ya casi nada sorprende, el régimen sandinista cierra cada vez más los espacios y lleva al país a la instauración de un modelo que en la década de 1980 no logró consolidar durante la primera dictadura.
Ortega mantiene desde hace cinco años un estado policiaco con el apoyo de paramilitares y los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), dedicados a mantener vigilancia en los barrios. Sigue manejando el país como una hacienda personal en la que él decide quién entra y sale. Son muchos los nicaragüenses con retención de pasaportes, impedidos de dejar el territorio nacional.
Una de las últimas acciones fue impedir el retorno al país al periodista Marcos Medina que visitaba a sus familiares en Estados Unidos, y el congelamiento de las cuentas de la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de la Compañía de Jesús.
«El régimen no ha cesado con su intención de seguir intimidando, amenazando, encarcelando a personas, cancelando personerías jurídicas, interviniendo cuentas de diferentes universidades, incluso de la Iglesia católica. Sigue con la misma agenda para que no le estén cuestionando nada», dijo el representante del CPDH.
Para Carmona, el panorama no luce alentador. «Creemos que van a haber muchos más presos políticos», afirma. Su argumento se basa en el hecho que el dictador sandinista ha seguido encarcelando a nicaragüenses por pensar distinto. Eso, a su juicio, es un indicativo que la dictadura continúa con el afán de controlar a la población a través del miedo, la intimidación, la represión y el encarcelamiento.
«Lo que venimos observando es un proceso similar a la cubanización con un partido único. Hay información extraoficial de que habrá control de los movimientos bancarios. Es una copia fiel de la dictadura cubana, y pronto habrá más confiscaciones», estima Carmona, una práctica que el régimen realiza con las personas que le adversan, a quienes califica de «traidores a la patria» y «golpistas».
El sandinismo ha vuelto a revivir el fantasma de las confiscaciones, esta vez incluye a sus antiguos camaradas, muchos de los cuales vivían en bienes inmuebles expropiados en la década de los 80, y se los adjudicaron durante La Piñata en 1990 tras la derrota electoral del sandinismo. Se trató del mayor robo de propiedades a manos del sandinismo, bienes que hoy los contribuyentes siguen pagando a sus antiguos propietarios.
Casi medio siglo de historia
La CPDH trabaja en documentar los casos de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde el exilio al que han sido forzados los abogados que integran ese organismo. Buscan cómo sobrevivir en Estados Unidos y en Costa Rica y ayudar a otros al mismo tiempo. Su expulsión no los ha detenido en la labor que realizan desde hace casi medio siglo.
Es el único organismo que tiene documentado los crímenes del sandinismo en la década de 1980. Desde entonces los cabecillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) — los actuales y los que integraron el primer régimen y hoy no aparecen junto a Ortega — son acusados de crímenes de lesa humanidad, entre ellos el hermano del dictador, el general en retiro Humberto Ortega.
Carmona comparte algunos datos de esa historia. La CPDH fue fundada el 20 de abril de 1977, durante el régimen de Anastasio Somoza Debayle. Recibió de esa fecha hasta el 19 de julio 1979 un total de 1977 denuncias de violaciones a los derechos humanos. Denuncias que asegura permanecen bajo resguardo.
En la década de los 80, con la dictadura sandinista el organismo recibió alrededor de 35,000 mil denuncias en esos casi 11 años (1979-1990). La sede del organismo fue saqueada por el régimen en 1984. Se llevaron miles de expedientes que le interesaban a la dictadura. En total desaparecieron alrededor de 21 mil expedientes, y dejaron 14 mil denuncias.
De 1990 hasta 2007, el organismo recibió alrededor de 10 mil denuncias de los diferentes gobiernos de ese periodo. De 2007 a 2022 la CPDH recopiló una cantidad impresionante de denuncias y la cifra de expedientes llegaba a casi 20 mil denuncias.
El periodo que registra la mayor cantidad es de 2018 a 2022. «La CPDH tiene 12 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos, de esas hay alrededor de 600 casos constituyen graves violaciones a los derechos humanos como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, violación sexual, abuso sexual que hemos investigado y documentado y es una información tan importante que hoy en día estamos compartiendo con expertos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», relató.
Gran parte de esos casos están bien documentados con información de quién disparó, dónde y cómo. «Esos casos se presentaron en Nicaragua; sin embargo, la fiscalía no permitió abrir la investigación que correspondía porque no les interesa y el objetivo es que los crímenes queden en la impunidad», dice.
«Gran parte de esa información que los organismos internacionales de derechos humanos dan a conocer es producto de la información que como organismo hemos suministrado. Y esto requiere de esfuerzos y de recursos y gracias a Dios hasta el día de hoy hemos logrado tener apoyos puntuales de algunos organismos internacionales y esperamos seguir contando con ellos», afirma.
Han continuado realizando su labor pese a las dificultades. Si la dictadura pensó que al quitarnos la personería jurídica y robarnos el edificio la CPDH iba a desparecer, ha sido lo contrario porque hemos abierto una oficina en San José, Costa Rica, y en la ciudad de Doral, en el condado Miami-Dade, que nos ha permitido continuar con el trabajo de documentar las violaciones a los derechos humanos, estamos recibiendo denuncias a través de correo electrónico [email protected]«, precisa el vocero de la organización.
También trabajan en apoyo a nicaragüenses que han emigrado, que interpusieron denuncias y con las evidencias que poseen, el organismo «emite resoluciones que son totalmente gratuitas a las personas para que puedan ser presentadas ante las autoridades migratorias», acotó.
La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), reporta durante un periodo de 21 meses (de octubre de 2021 a junio de 2023), más de 285,000 ingresos de nicaragüenses a Estados Unidos.
