Hace solamente unos pocos años atrás, cuando Evo Morales todavía ejercía el poder, su Gobierno presumía de hechos como que Bolivia ocupaba el primer o segundo lugar en ritmo de crecimiento económico de la región, o de contar con una de las constituciones más ‘garantistas’ de derechos del mundo, pero las cosas han cambiado.
Este país está en plena crisis y no tiene de qué presumir o ya no sabe cómo seguir sosteniendo sus mentiras. En todo caso, si hay espacio en algún podio para el Estado Plurinacional, es el del deterioro de la institucionalidad democrática, el de la proliferación del narcotráfico y, de manera más reciente, el de la corrupción.
Uno de los elementos que avalan estas afirmaciones, es la reciente publicación del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 del Consejo de las Américas y Control Risks, que, al momento de advertir que estos resultados “tienen implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas”, afirma que Venezuela, Bolivia y Guatemala tienen la capacidad más deteriorada para detectar, castigar y detener la corrupción de toda América Latina.
Este ranking está encabezado por Uruguay como el país mejor capacitado para combatir la corrupción de entre otros 15 analizados, con un puntaje de 6,99, pero también muestra en el fondo de la tabla a Guatemala, con 2,86 puntos; Bolivia, con 2,56; y Venezuela, con 1,46.
De acuerdo con los hechos más recientes, la Bolivia del Movimiento al Socialismo (MAS), de Arce Catacora y Evo Morales, es ese rincón del mundo donde el presidente regala vehículos robados a los distintos grupos de interés que lo sostienen; donde el Comandante de la Policía y el Fiscal de La Paz conducen vehículos de lujo incautados a narcotraficantes; donde un interventor legal financiero clave designado por el gobierno cae desde un piso 15 luego de la intervención de un banco con manejos multimillonarios presuntamente fraudulentos y se determina el cierre del caso de manera apresurada, sin que hubieran existido sospechosos siquiera, mucho menos un solo detenido.
Pero los escándalos de corrupción con el MAS en el poder no son recientes. Según datos de Transparencia Internacional, Bolivia ocupa el puesto 126 de 180 del ranking de corrupción gubernamental, pero, además, entre 2006 y 2022, el país se ha ubicado por encima del puesto 100, con excepción de 2015, cuando se ubicó en el lugar 98.
Durante estos largos años, los casos de corrupción han sido verdaderamente escandalosos, como aquel donde un senador del MAS cobró 800 mil dólares del Fondo Indígena para gastarlos en obras públicas de un pueblo cuya existencia se había inventado.
También la petrolera estatal YPFB ha sido un foco de varios casos de mega corrupción desde el primer año del MAS en el poder. Hoy pocos se acuerdan de, por ejemplo, el caso Catler-Universive, donde el empresario Jorge O’Connor fue misteriosamente asesinado por un soborno que se tradujo en una pérdida de varios millones de dólares al Estado.
Tampoco es muy recordado el caso de la compra irregular de taladros chinos de la misma YPFB que involucró una espectacular danza de millones con la empresa CAMC, de Gabriela Zapata, quien fuera durante años pareja de Evo Morales siendo menor de edad, y quien fue apresada por uso indebido de influencias, pero que hoy se encuentra libre.
Así la lista de casos de corrupción del MAS que han quedado impunes puede seguir interminablemente. Por corrupción en YPFB también ha sido acusado públicamente el propio hijo de Arce Catacora por presunto sobreprecio multimillonario en la importación urgente de combustibles para atender la desesperada demanda interna; pero si se tratara de apostar, es más que sabido que terminará en nada.
Casos recientes también llaman sobradamente la atención. Como el fallecimiento de Felipe Sandy, el testigo protegido que develó del caso de presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que también murió misteriosamente, o el del fallecimiento de Christopher Balcázar, uno de los abogados del gobernador cruceño secuestrado Luis Fernando Camacho, tras caer del piso 11 de un edificio.
Otro episodio reciente fue el de Juan Santos Cruz, hoy exministro y ex dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fue detenido hace unas semanas por haber recibido al menos Bs 19 millones (2,8 millones de dólares) producto de sobornos que exigió como autoridad a las empresas que se adjudicaron proyectos de construcción en distintos departamentos del país.
En fin, las noticias de que Bolivia ocupa tal o cual índice o ranking de corrupción no terminan de alarmar a la ciudadanía y al menos provocar un repudio generalizado contra el régimen ya no solo de Arce o Morales, sino del MAS, pues son asunto de cada día desde hace demasiados años, en donde han terminado involucrados propios y extraños.
Pero tampoco es motivo para dejar de señalar y advertir que, como ya se adelantó, si no se la detiene, la corrupción seguirá teniendo implicaciones graves para la calidad de la democracia y las perspectivas económicas -preguntarse dónde están los dólares luego de esto resulta absurdo- de este país que se cae a pedazos.
